Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L 127596
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la acción promovida por Rodrigo Ariel Coria y condenó a Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERyH) a pagar la suma que especificó en concepto de indemnización del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345). En cambio, la rechazó en cuanto procuraba el cobro de la sanción establecida en el art. 132 bis de la citada ley (v. sent. electrónica de fecha 2-VI-2020).
Para así resolver, en lo que interesa destacar por haber sido materia de recurso, juzgó que el accionante no cumplió con la intimación dispuesta en el art. 1 del decreto 146/01 para dar andamiento a la sanción establecida en el citado art. 132 bis (según ley cit.). Asimismo, agregó que no se encontraba acreditado que la accionada haya retenido los aportes previsionales del mes de octubre de 2012.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 12-VI-2020), el que fue concedido por el a quo en los términos que surgen del pronunciamiento electrónico de fecha 24 de junio de 2020.
Denuncia la violación de las normas y la doctrina legal que cita.
En lo sustancial, a diferencia de lo resuelto por en la sentencia atacada, sostiene que se encuentran verificados los presupuestos para la procedencia de la sanción del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Al respecto, entiende que la decisión del juzgador que dispuso su rechazo es fruto de una absurda valoración de la prueba.
III. El recurso no prospera.
III.1. El tribunal de grado, al analizar la admisibilidad del remedio deducido, afirmó que el valor del agravio no supera el monto mínimo para recurrir contemplado en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto conforme ley 14.141) y que en él se denuncia violación de doctrina legal (v. pronunciamiento de fecha 24-VI-2020), resolución que no fue objeto de cuestionamiento.
En consecuencia, corresponde abordar el remedio en examen en el marco de la vía que establece el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
De suyo entonces, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 125.750, "Di Tullio", resol. de 15-IV-2021).
III.2. En este orden, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, desde que la definición relativa a la concurrencia -o no- de los presupuestos a los que el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo subordina la aplicación de la sanción conminatoria allí prevista, constituye un asunto factico (causas L. 108.019. "Morell", sent. de 16-V-2012; L. 115.021 "Mazza", sent. de 27-XI-2013 y L. 118976, "Veroisa", resol. de 28-II-2018), detraído -por ello- de revisión en el acotado marco cognitivo en el que se examina el embate.
Asimismo, reiteradamente ha dicho esta Casación que no se configura la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 -en el sentido y con el alcance establecido por esta Suprema Corte- si las doctrinas cuya transgresión se denuncia se refieren al vicio de absurdo (causas L. 117.164, "Cabrapan Vergara", resol. de 5-IV-2013; L. 121.218, "López", resol. de 13-VI-2018 y L. 125.750, cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia