Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127234
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso extraordinario de nulidad, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
2Desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley con relación a los agravios abordados en los puntos IV.3. y IV.5., en tanto no reúnen los requisitos esenciales. En cambio, corresponde admitir la vía extraordinaria respecto del cuestionamiento desarrollado en el punto IV.4., pues el agravio en él introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos, revocándose el fragmento de la sentencia de grado en lo concerniente al cálculo de la indemnización derivada del despido. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique una nueva liquidación con arreglo a lo que aquí se ha resuelto (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención al progreso parcial de la impugnación (arts. 68 segundo párr.; 289 y 298, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 6 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por Claudia Susana Raimo y condenó a Petroquímica Río Tercero S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de diferencias en la liquidación final por despido y otros rubros laborales (v. pronunciamiento de fecha 13-VII-2020).
Para así decidir, en lo que interesa destacar, y a fin de determinar la cuantía de la base salarial indemnizatoria, juzgó que el salario de la trabajadora debía integrarse con una suma adicional correspondiente al uso de un teléfono móvil y una computadora portátil.
Además, consideró cumplidos los recaudos legales de habilitación del incremento indemnizatorio reglado en el art. 2 de la ley 25.323, como así también de la sanción contenida en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada pasiva Petroquímica Río Tercero S.A. deduce recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 3-VIII-2020), los que fueron concedidos por el tribunal de grado (v. fs. 364/365 vta.), el último en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653; habiéndose conferido vista al señor Procurador General con fecha 14 de julio de 2021 (v. dictamen electrónico de fecha 23-IX-2021).
III. En la primera de las vías intentadas, con apoyo en lo normado en los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, denuncia que el tribunal de grado omitió el tratamiento de cuestiones esenciales para la resolución de la litis, como lo son -alega- la constitucionalidad del tope precisado en el art. 245 de la ley 20.744; el supuesto desacierto en la aplicación de las disposiciones legales actuadas en el fallo; la presunta incorrecta valoración de la pericia contable practicada en el proceso; la eventual falta de adecuación de la solución jurídica adoptada con la doctrina legal imperante sobre las cuestiones debatidas y la invocada ausencia de comprobación de los presupuestos fácticos que viabilicen la procedencia de las multas impuestas a la accionada con sustento en los arts. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo y 2 de la ley 25.323.
Asimismo, afirma que no fundamentó jurídicamente la sentencia en forma adecuada, ni tampoco invocó preceptos legales pertinentes.
III.1. Coincidiendo con el dictamen del señor Procurador General, el recurso no puede prosperar.
III.2. En ese contexto señalado, corresponde recordar que la vía prevista en el art. 161 apartado 3 inc. "b" de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires únicamente puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. cit.; causas L. 121.277, "Jara", resol. de 7-III-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020 y L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021).
III.2.a. En consecuencia, el embate articulado carece de andamiaje, desde que la simple lectura del libelo impugnativo da cuenta que la crítica se dirige a objetar el modo como el tribunal abordó y resolvió las cuestiones ventiladas en autos, remitiendo el planteo a la imputación de presuntos errores in iudicando, cuyo tratamiento es ajeno al acotado ámbito de actuación del carril de nulidad intentado y propio del de inaplicabilidad de ley (causas L. 122.963, "Romero", resol. de 18-IX-2019; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020 y L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020).
III.2.b. A mayor abundamiento, no media violación del art. 168 de la Carta local en la especie, pues el reproche formulado en torno a la constitucionalidad del tope indemnizatorio previsto en el art. 245 de la ley 20.744 que se invoca preterido, mereció consideración en el fallo, en el que los juzgadores de grado expusieron las razones por las cuales concluyeron que su tratamiento devenía abstracto.
En este orden, cabe recordar, que la omisión en el tratamiento de cuestiones esenciales que genera la nulidad del pronunciamiento, es aquélla en la que incurre el tribunal sentenciante por descuido o inadvertencia, pero no la que se desprende de la convicción -acertada o no- pero exteriorizada en el fallo de que una o más de esas cuestiones no deben o no pueden ser tratadas (causas L. 106.945, "Calabrese", sent. de 31-X-2012; L. 110.773, "Asensio", sent. de 13-XI-2012; L. 117.550, "Ubach", resol. de 5-II-2014 y L. 121.377, "Rossi", resol. de 11-IV-2018).
III.3. Por otra parte, se impone aclarar que la declaración oficiosa de la nulidad de un pronunciamiento judicial -a la que se acude en situaciones especialísimas- es una facultad exclusiva y excluyente de esta Suprema Corte y, por ende, no resulta dable que su actuación sea propiciada por las partes (causas L. 117.190, "Almada", sent. de 17-IX-2014; L. 117.552, "Ibañez", sent. de 2-IX-2015; L. 118.023, "Monte", sent. de 21-X-2015; L. 119.170, "Diz", sent. de 6-IV-2016 y L. 120.300, "Antognoli", sent. de 13-X-2020).
III.4. Para finalizar, deviene inatendible la invocada violación del art. 171 de la Constitución provincial, desde que dicho precepto sólo se infringe cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, de suerte que aquél aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 93.559, "Elinger", sent. de 3-III-2010; L. 99.778, "Nievas", sent. de 5-V-2010 y L. 105.984, "Dafnos", sent. de 12-X-2011), hipótesis que no concurre en la especie.
IV. En cuanto al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte accionada denuncia absurdo en la valoración de la prueba y la vulneración de la doctrina emanada del fallo "Vizzoti" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y su recepción seguida por este Tribunal en distintos fallos que cita (causas L. 82.948, "Guggiari", sent. de 7-II-2007 y L. 97.520 "Olivetto", sent. de 1-XII-2010; e.o.), alegando que el sentenciante calculó la indemnización por antigüedad debida a la trabajadora sin el límite del 33% en ella establecida. En esa inteligencia, afirma que lo decidido conculca el principio de congruencia.
Cuestiona, además, que el juzgador de grado decidiera incorporar en la base salarial, para el cálculo de las diferencias resarcitorias, los adicionales por el uso de telefonía celular y computadora.
Luego, impugna la procedencia del incremento previsto en el art. 2 de la ley 25.323 y la sanción conminatoria del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Por último, critica la condena en costas a su parte y la regulación de honorarios a los profesionales intervinientes.
IV.1. El recurso prospera parcialmente.
IV.2. Liminarmente se debe observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 117.813, "Doufour", sent. de 1-VII-2015 y L. 125.843, "Aguirre", resol. de 21-XII-2020), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021 y L. 125.826, "Veinticinco", resol. de 17-II-2021).
IV.3. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, respecto de los agravios dirigidos a cuestionar los rubros que componen el haber remuneratorio del trabajador y la acreditación de las circunstancias fácticas para la admisión de los incrementos indemnizatorios prescriptos en los arts. 2 de la ley 25.323 y 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, en tanto -en rigor- su análisis remite a cuestiones fácticas y probatorias, cuya definición es privativa del tribunal de grado, y como tales detraídos de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto procesal antes citado (causas L. 112.362, "Solari", resol. de 6-X-2010; L. 92.257, "Díaz", sent. de 11-IV-2012; L. 116.569, "Soraire", resol. de 21-VI-2012; L. 117.376, "Belpassi", resol. de 10-VII-2013 y L. 122.061, "Acosta", resol. de 5-XII-2018).
Además, tampoco habilita la función casatoria en el contexto de aquella hipótesis excepcionante, la cita de jurisprudencia que se vincula a la definición del vicio de absurdo (causas L. 121.360, "Gómez", resol. de 11-VII-2018; L. 122.256, "Mendoza", resol. de 24-IV-2019 y L. 124.457, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020).
Asimismo, no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020 y L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020).
IV.4. Por el contrario, acierta la interesada en señalar que la definición plasmada por el órgano judicial de grado, al determinar la base salarial para calcular las indemnizaciones por despido, resulta contraria a la doctrina legal de esta Corte sentada a partir de la causa L. 79.366, "Bravo Elizondo" (sent. de 28-V-2006).
En efecto, reiteradamente este Tribunal en numerosos pronunciamientos, y en consonancia con las directrices que emanan del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de la causa "Vizzoti, Carlos Alberto c/ Amsa S.A. s/ despido" (sent. de 14-VII-2004), declaró la inconstitucionalidad del art. 245, párrafos segundo y tercero de la Ley de Contrato de Trabajo (art. 153, ley 24.013) cuando se compruebe que la aplicación del tope que allí se refiere afecta en más de un 33% la base salarial prevista en el primer párrafo de esa misma norma, esto es: la mejor remuneración mensual normal y habitual percibida por el trabajador durante el último año, o el tiempo de prestación de servicios si éste fuere menor. En tal caso, la indemnización por antigüedad deberá calcularse con arreglo al importe de dicha remuneración, reducido en aquel porcentaje (causas L. 98.450, "Cabello", sent. de 14-III-2012; L. 99.621, "Kieczur", sent. de 16-V-2012 y L. 105.151, "Navasal", sent. de 24-VI-2015).
A tenor de lo dicho, corresponde casar el pronunciamiento de grado en cuanto arribó a una estimación de la indemnización por antigüedad "sin límite alguno", apartándose del parámetro porcentual anteriormente citado.
IV.5. Finalmente, respecto de los restantes agravios traídos, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional previsto en el citado art. 55 de la ley 11.653, en tanto, a su respecto, la recurrente omite citar como transgredida doctrina legal alguna de esta Suprema Corte sobre dichos tópicos, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020 y L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020).
V. Por último, cabe recordar al tribunal de trabajo interviniente que la hipótesis de violación de doctrina legal constituye un fundamento autónomo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 278, CPCC; 55 y 63 de la ley 11.653) y que el acatamiento de aquélla por parte de los jueces responde a la necesidad de mantener -conforme una de las facetas de la télesis de la casación- la uniformidad de los fallos. Tal finalidad se ve frustrada frente a decisiones que -como la presente- se apartan del criterio sentado por esta Corte, con el consecuente dispendio de actividad jurisdiccional y tiempo para las partes litigantes que reclaman justicia (arts. 34 inc. 5 "e", CPCC; 63, ley 11.653; 15, Constitución provincial). Ello no importa menoscabar la función de los magistrados, pues a éstos les basta -en todo caso- con dejar a salvo sus opiniones personales.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Rechazar el recurso extraordinario de nulidad, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
2. Desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley con relación a los agravios abordados en los puntos IV.3. y IV.5., en tanto no reúnen los requisitos esenciales. En cambio, corresponde admitir la vía extraordinaria respecto del cuestionamiento desarrollado en el punto IV.4., pues el agravio en él introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos, revocándose el fragmento de la sentencia de grado en lo concerniente al cálculo de la indemnización derivada del despido. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique una nueva liquidación con arreglo a lo que aquí se ha resuelto (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención al progreso parcial de la impugnación (arts. 68 segundo párr.; 289 y 298, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia