Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127874
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad ya que los planteos en él introducidos han sido desestimados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 con asiento en la ciudad de Bragado, perteneciente al Departamento Judicial de Mercedes, declaró la nulidad del acuerdo de retiro voluntario celebrado entre Félix Antonio Chelia y la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial, juzgando que el vínculo laboral habido entre las partes finalizó por despido directo sin justa causa y que las indemnizaciones derivadas del distracto fueron íntegramente percibidas por el trabajador mediante el importe que abonó la empresa accionada en concepto de gratificación extraordinaria. Asimismo, rechazó la pretensión por la que procuraba el cobro de la indemnización por estabilidad gremial (v. vered. y sent. de fechas 16-VI-2021 y 17-VI-2021, respectivamente).
Para así decidir, en lo que resulta esencial por ser materia de agravio, juzgó que la demandada cesó definitivamente en sus actividades, configurándose, en el caso, la hipótesis prevista en el art. 51 de la Ley de Asociaciones Sindicales.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo deduce recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 24-VI-2021), los que fueron concedidos por el a quo (v. providencia electrónica de fecha 6-VII-2021), habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen de fecha 28-XII-2021).
III.1. En el primero de los remedios intentados, alegando vulnerado el principio de congruencia, así como los de defensa en juicio y debido proceso, el recurrente plantea que el tribunal sustentó el rechazo de la pretensión del actor en el cierre del establecimiento de la accionada, supuesto no planteado por ninguna de las partes.
III.2. En primer lugar, cabe señalar que la vía prevista en el art. 161 apartado 3 inc. "b" de la Constitución provincial únicamente puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. cit.; causas L. 121.026, "Autalan", resol. de 3-V-2018; L. 125.039, "Peralta" y L. 125.301, "Ruffo", resols. de 12-II-2021).
III.3. En este marco, el embate deducido deviene improcedente pues traduce -en rigor- una crítica a la forma en que el tribunal a quo interpretó los escritos constitutivos del proceso, planteo que excede al acotado marco de actuación del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 119.436, "Arguello", resol. de 10-VIII-2016; L. 125.420, "Avit", resol. de 6-XI-2020 y L. 127.534, "Benítez", resol. 12-XII-2021).
Del mismo modo tiene resuelto esta Corte que la violación de las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso, así como la supuesta violación del principio de congruencia -derivada de eventuales decisiones ultra petita o errores in iudicando- no constituyen temas que puedan someterse a juzgamiento a través del recurso extraordinario de nulidad, en tanto resultan propio del de inaplicabilidad de ley (causas L. 120.345, "Barroso", resol. de 6-XII-2017; L. 121.156, "De La Fuente", resol. de 7-III-2018 y L. 124.829, "Cotado", resol. de 23-X-2020).
IV.1. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el accionante relata los antecedentes y cita las normas que considera conculcadas.
En lo esencial, cuestiona la decisión del sentenciante de considerar acreditado el cierre del establecimiento de la demandada. Argumenta que dicha conclusión incurre en fraude a la ley laboral, toda vez que, según su criterio, el trabajador debió ser transferido a la continuadora del servicio que prestaba la demandada. No probado -en su inteligencia- el supuesto contenido en el art. 51 de la ley 23.551, concluyó que el distracto dispuesto importó la violación de la garantía de estabilidad sindical consagrada en el art. 48 del dispositivo mencionado, tornando procedente la indemnización prevista en el art. 52 de la citada Ley de Asociaciones Sindicales.
IV.2. El recurso tampoco prospera.
IV.3. Corresponde señalar -inicialmente- que esta Corte ha dicho que la apreciación de las circunstancias fácticas del caso y la valoración de los elementos probatorios colectados durante la sustanciación del proceso constituyen facultades privativas de los tribunales de trabajo, excluidas en principio de la revisión extraordinaria, salvo la cabal demostración de absurdo (causas L. 119.385, "Genovali", sent. de 19-IX-2018; L. 116.928, "Acuña", sent. de 5-VI-2019 y L. 124.832, "Pacheco", resol. de 24-VIII-2020).
Asimismo, ha declarado que establecer si en un caso dado concurren o no las circunstancias fácticas constitutivas de elementos o presupuestos que dan lugar a la aplicación de una norma o precepto, constituye una cuestión ajena a la instancia extraordinaria, salvo que se demuestre que el razonamiento del tribunal de grado está viciado por absurdo (causas L. 119.779, "Felipe", sent. de 21-II-2018 y L. 120.107, "Banco", resol. de 11-V-2021).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco", resol. de 24-VIII-2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020).
IV.4 Bajo tales premisas, el recurrente no logra demostrar la existencia del vicio invocado.
En el presente, y a partir del análisis de los escritos constitutivos del proceso y el material probatorio, el órgano de origen juzgó que el caso de autos debía encuadrarse en el supuesto de excepción que contempla el art. 51 de la ley 23.551, en tanto la totalidad de los empleados de la empresa demandada fueron despedidos, y el servicio de trenes de pasajeros, en el que el actor desarrollaba sus tareas, dejó de funcionar; equiparando la seccional Bragado a una sucursal o una unidad de ejecución de una empresa que cierra.
Esta esencial conclusión del fallo, no logra ser rebatida por el interesado, quien, a partir de su particular apreciación de las constancias de la causa, se limita a verificar el asunto debatido desde su propia óptica -en gran medida a través de la reiteración de argumentos ya esgrimidos y descartados por el tribunal de origen- más sin evidenciar que el razonamiento del a quo se encuentre viciado por absurdo.
Ello así, pues, apartándose de la línea reflexiva y de la apreciación en conciencia que llevó a los magistrados a la solución expuesta en el pronunciamiento, sólo expone su oposición a tal conclusión, a través de un nuevo análisis del material probatorio, según su propio y particular criterio valorativo -sistema impropio para patentizar el grave vicio invalidante denunciado- y a través del cual pretende subsumir los hechos en los preceptos legales que considera aplicables.
En definitiva, la impugnación no aporta elementos convincentes con virtualidad para descalificar el contenido del fallo, derivando la crítica en una mera contraposición de criterios que, como tal, no resulta idónea a los fines del recurso deducido (causas L. 117.656, "Barraza", sent. de 23-XI-2016; L. 117.823, "Díaz", sent. de 10-V-2017 y L. 120.801, "Dagnone", sent. de 7-III-2019).
En este orden, resulta de aplicación la doctrina de este Tribunal que tacha de insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, apartándose de la línea argumental del fallo -desatendiendo así de su verdadero contenido y alcance- y siguiendo el hilo de su propio razonamiento, sólo exhibe su disconformidad con la decisión impugnada, dejando sin réplica las conclusiones esenciales de la decisión (causas L. 118.451, "Laffue", sent. de 16-III-2016; L. 122.054, "Vuelva", resol. de 12-XII-2018; L. 123.336, "Velazque", resol. de 13-XI-2019; L. 127.448, "Marconato", resol. 29-XI-2021 y L. 127.534, "Benitez", resol. 13-XII-2021).
IV.5. Cabe agregar, que carece de entidad la sola mención de la afectación de las garantías constitucionales presuntamente infringidas, cuya configuración está supeditada a la previa verificación de infracción de textos legales (causas L. 122.268, "Carzoglio", resol. de 27-II-2019 y L. 121.938, "Martín", resol. de 21-VIII-2019), supuesto no comprobado en la especie.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad ya que los planteos en él introducidos han sido desestimados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/03/2022 21:34:17 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/03/2022 11:18:33 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/03/2022 13:51:43 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/03/2022 17:45:24 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/04/2022 08:26:23 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia