Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127500
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Bragado, perteneciente al Departamento Judicial de Mercedes, desestimó la demanda promovida por Mónica Bibiana Polonio contra la Provincia de Buenos Aires en cuanto perseguía el cobro de diferencia de indemnización establecida en el art. 52 de la ley 23.551 (v. pronunciamiento de fecha 31-III-2021).
Para así decidir, en lo que interesa, juzgó acreditado que la accionante estuvo ligada a la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial (UEPFP) a través de una relación laboral que culminó el día 14 de marzo de 2018 por despido dispuesto por el empleador. Asimismo, tuvo por probado que a partir del día 15 de marzo del mismo año, mediante decreto provincial 1.100/17 (B.O. de 22-I-2018) se resolvió el cese de actividades de dicha Unidad.
Entendió demostrado que la trabajadora a la fecha de extinción del vínculo ostentaba el cargo de Delegada Congresal de la Unión Ferroviaria, cuyo mandato se extendía desde el 17 de abril de 2017 hasta abril de 2021, y que la demandada se encontraba debidamente notificada de la designación en el referido cargo; motivo por el cual determinó que Polonio gozaba al momento del despido de la garantía gremial prevista en el art. 48 de la ley 23.551 y que no se había constatado la tramitación del pedido de exclusión de tutela sindical previsto en el art. 52 de la citada ley.
Por otro lado, señaló que la parte actora -a quien había adjudicado la carga de la prueba- no había demostrado la alegada continuidad por parte del Estado provincial o nacional y/o de alguna de sus empresas del servicio de transporte ferroviario que prestaba la UEPFP al que estaba afectada la actora, ni que el Estado nacional hubiera efectivamente aceptado la transferencia o "devolución" del servicio. Indicó además que tampoco había probado la invocada transferencia de trabajadores.
Luego, concluyó que, a partir del comprobado cese definitivo de la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial (UEPFP) y de la actividad ferroviaria que ésta prestaba en el ámbito del partido de Bragado se configuraba la hipótesis prevista en el art. 51 de la ley 23.551, que refiere precisamente al cese de actividades y/o cierre del establecimiento y, en consecuencia, rechazó el reclamo en cuanto la accionante pretendía el pago de diferencias por indemnización agravada prevista en el art. 52 del citado cuerpo legal.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada activa deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (presentación de 14-IV-2021), concedido por el a quo (v. resol. de 14-IV-2021).
En su presentación, cita las normas y doctrina legal que considera violadas.
En sustancia, impugna el pronunciamiento de grado en cuanto el a quo desestimó la pretensión del demandante en el entendimiento que en autos se había configurado la situación prevista en el art. 51 de la ley 23.551.
Bajo la denuncia de absurdo en la valoración de las constancias de la causa, sostiene que en el caso no se encuentra verificado el presupuesto fáctico previsto en la norma, esto es, el cierre de establecimiento. En apoyo de su postulación, señala que la supresión de la UEPFP obedeció a la transferencia al Estado nacional del servicio ferroviario que oportunamente había sido concesionado a la Provincia, sin que la trabajadora, por lo demás, fuera transferida a la órbita del Estado nacional.
III. El recurso no prospera.
III.1. Corresponde señalar, inicialmente, que esta Corte ha dicho que la apreciación de las circunstancias fácticas del caso y la valoración de los elementos probatorios colectados durante la sustanciación del proceso constituyen facultades privativas de los tribunales de trabajo, excluidas en principio de la revisión extraordinaria, salvo la cabal demostración de absurdo (causas L. 119.385, "Genovali", sent. de 19-IX-2018; L. 116.928, "Acuña", sent. de 5-VI-2019 y L. 124.832, "Pacheco", resol. de 24-VIII-2020).
Asimismo, ha declarado que establecer si en un caso dado concurren o no las circunstancias fácticas constitutivas de elementos o presupuestos que dan lugar a la aplicación de una norma o precepto, constituye una cuestión ajena a la instancia extraordinaria, salvo que se demuestre que el razonamiento del tribunal de grado está viciado por absurdo (causas L. 116.741, "Marini", sent. de 9-X-2013 y L. 119.779, "Felipe", sent. de 21-II-2018).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco", resol. de 24-VIII-2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020).
III.2. Bajo tales premisas, el recurrente no demuestra la existencia del yerro invocado.
Su particular visión respecto al modo en que, a su juicio, debieron apreciarse los hechos y las pruebas no logra evidenciar que el razonamiento expuesto por el sentenciante -a partir del análisis de los escritos constitutivos del proceso y del material probatorio obrante en la causa- se encuentre viciado por absurdo.
En efecto, la impugnación no supera el registro de una mera discrepancia de opinión que sólo traduce la disconformidad del interesado con la decisión cuestionada sin concretar una réplica adecuada y eficaz de la conclusión central del pronunciamiento relativa a que, en el caso, se configuró la hipótesis prevista en el art. 51 de la ley 23.551 y, en consecuencia, se rechazó la indemnización por estabilidad gremial reclamada.
Así, la crítica se desdibuja en cuestionamientos laterales y fragmentados, insistiendo el recurrente -aunque con renovado alcance- en argumentos ya esgrimidos, y que, al cabo, fueron descartados por el tribunal de origen, sin refutar en forma concreta e integral las motivaciones que dotan de sustento al fallo atacado, desatendiendo, de esa forma, su verdadero contenido y alcance (causas L. 118.180, "López", resol. de 29-X-2014; L. 118.715, "Avanzi", sent. de 24-V-2016 y L. 124.850, "Rodríguez", sent. de 13-X-2021).
En definitiva, el impugnante no aporta elementos convincentes con virtualidad para descalificar la decisión, derivando su réplica en una mera contraposición de criterios que, como tal, no resulta idónea a los fines del recurso deducido (causas L. 117.823, "Díaz", sent. de 10-V-2017; L. 120.801, "Dagnone", sent. de 7-III-2019 y L. 120.802, "Mandagaran", sent. de 28-VIII-2019).
III.3. Luego, por lo demás, no evidencia el recurrente que el tribunal de grado hubiera transgredido lo dispuesto en el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires al adjudicarle a la parte actora la carga de acreditar los presupuestos en los que fundó su pretensión, toda vez que, conforme tiene establecido esta Corte, dicho precepto se quebranta cuando el juzgador, alterando las reglas del onus probandi, impone a una parte la obligación de acreditar hechos cuya prueba correspondía a la otra (causas L. 119.016, "Simo", sent. 8-III-2017; L. 119.160, "Candia", sent. de 12-VII-2017; L. 121.197, "Cevey", sent. de 31-VIII-2020), extremo que tampoco se verifica en la especie.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/03/2022 21:34:14 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/03/2022 11:18:32 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/03/2022 13:51:40 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/03/2022 17:44:39 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/04/2022 08:26:19 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia