Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127973
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Bragado, perteneciente al Departamento Judicial de Mercedes, hizo lugar a la demanda interpuesta por Marcelo Justo Gómez y, en consecuencia, condenó a la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial a abonar la suma que indicó, en concepto de indemnización en los términos del art. 52 de la ley de Asociaciones Sindicales de Trabajadores (v. pronunciamiento de fecha 19-V-2021 y aclaratoria del 8-VI-2021).
Para así decidir, tras valorar en conciencia la prueba producida, juzgó que el distracto dispuesto por la accionada resultó injustificado, estando vigente la estabilidad sindical del actor y sin respetar las exigencias impuestas por la ley 23.551.
II. Contra el pronunciamiento de grado, la legitimada pasiva deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 11-VI-2021), el que fue concedido por el a quo (v. proveído de fecha 2-VII-2021).
En su presentación, entendiendo que el sentenciante de grado se apegó, arbitrariamente, al texto de la comunicación del despido obrante en el telegrama del 16 de enero de 2018, afirma, que más allá de lo que se deduce de las expresiones allí consignadas, no existió un despido sin justa causa, sino que la voluntad rescisoria estuvo fundada en el cierre del establecimiento.
Por otro lado, se agravia del alcance y la cuantía de la indemnización otorgada, por cuanto se obliga a la accionada a pagar un resarcimiento al trabajador por un período posterior al cierre del establecimiento, lo que resulta imposible.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1.a. En el caso, el juzgador concluyó que, sin perjuicio de la denuncia e invocación tardía que hace la accionada en su escrito de contestación de demanda, respecto del dictado del Decreto provincial 1.100/17, que ordenó el cese de actividades de la Unidad Ejecutora Programa Ferroviario Provincial, lo cierto es, que el empleador despidió al actor sin causa el día 16 de enero de 2018, y lo hizo a partir de la Resolución 025/18, dictada por el Subadministrador General de la U.E.P.F.P., en la que se invocan, entre otras razones: "reestructuración tanto de su faz operativa como respecto de su personal". Puntualizó, además, que ninguna manifestación se formula en la citada resolución, ni en la comunicación rescisoria, respecto del mencionado Decreto 1.100/17, tampoco de las razones y hechos allí invocados, ello así, -señalo el a quo- pues, al momento del distracto, aquel acto carecía de la debida publicación oficial, la que se formalizó seis días después de haberse tomado la decisión de despedir al actor (v. Boletín Oficial de fecha 22/I/2018). En consecuencia, la decisión administrativa alegada por la patronal resulta, sin dudas, inoponible al accionante.
Para más, -concluyó el sentenciante- si a Gómez se lo despidió sin causa, la excusa alegada por la accionada al momento de contestar la demanda, resulta improcedente y por lo tanto inadmisible, a la luz de lo normado por el art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Finalmente, el a quo tuvo por probado que, al tiempo del cese de la relación el actor ejercía el cargo de Secretario General de la Seccional Bragado de la entidad gremial A.P.D.F.A., por lo cual, no habiéndose respetado la garantía u tutela sindical de la que gozaba el trabajador, la acción resultaba procedente, respecto del pago peticionado conforme lo establece el art. 52 de la ley 23.551, toda vez que la demandada adoptó una medida que le estaba expresamente vedada.
III.1.b. Tratándose estas esenciales conclusiones del fallo, de cuestiones de hecho y prueba -y a las que arribó el tribunal de origen en ejercicio de facultades que le son privativas- no logran ser descalificadas por el recurrente, que si bien en esta parcela de la impugnación invoca absurdo, su exposición no consigue evidenciarlo, desde que -en rigor- sólo traduce su disconformidad con la solución arribada en el fallo, revelando la insuficiencia del remedio bajo análisis (causas L. 122.043, "Navoni", resol. de 8-V-2019; L. 122.373, "Yamanga", resol. de 5-VI-2019 y L. 124.121, "Sánchez", resol. de 11-III-2020).
En efecto, apartándose de la línea reflexiva y de la apreciación probatoria que, en conciencia, llevó a los jueces de grado a plasmar la decisión expuesta en la sentencia, se limita a elaborar un nuevo análisis de los hechos y constancias probatorias según su propio criterio valorativo, argumentos estos que no logran demostrar concretamente la grave anomalía invocada (causas L. 121.523, "González", resol. de 21-IX-2018; L. 122.135, "Rojas", resol. de 5-VI-2019 y L. 124.121, "Sánchez", resol. de 11-VI-2020).
Recuérdese que la hipótesis de la efectiva representación del vicio de absurdo no se verifica frente a la decisión opinable, discutible o poco convincente o ante la posibilidad de otras interpretaciones, no pudiendo sustituirse el criterio del juzgador de grado por el personal del recurrente, ni por el propio de la Suprema Corte (causa L. 121.408, "Lizaso", resol. de 29-VIII-2018).
III.2. Por otro lado, tampoco habrá de prosperar el agravio por el que se cuestiona el alcance y la cuantía de la indemnización fijada por el juzgador.
Tratándose de típicas cuestiones de índole fáctica, su revisión queda subordinada a la cabal demostración del vicio de absurdo y ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 116.445, "Bayona", sent. de 6-XI-2013; L. 118.007, "Marcucci", sent. de 30-III-2016 y L. 122.053, "Montecino", resol. de 10-IV-2019).
En el caso, el interesado no sólo omite denunciar, en esta parcela del escrito recursivo, la existencia del señalado vicio invalidante, sino que -menos aún- lo demuestra, argumentando de manera paralela y exponiendo su propio enfoque sobre el tópico (causas L. 123.851, "Irazoqui", resol. de 27-V-2020 y L. 124.769, "Gravante ", resol. de 2-III-2021).
En efecto, de la lectura del escrito impugnativo emerge que los reproches efectuados respecto a cómo determinar la indemnización a percibir por el trabajador en concepto de estabilidad sindical por despido antes de la finalización del mandato, no constituyen más que una simple discrepancia de criterio respecto de los fundamentos brindados por el sentenciante que, como es sabido, no es base idónea para abastecer el agravio. De ello surge su meridiana deficiencia técnica que impide desentrañar el sentido de la crítica que se pretende (art. 279, CPCC; causas L. 122.135, "Rojas", resol. de 5-VI-2019 y L. 124.121, "Sánchez", resol. de 11-VI-2020).
III.3. Finalmente, cabe agregar, que carece de entidad la sola mención de la afectación de las garantías constitucionales presuntamente infringidas, cuya configuración está supeditada a la previa verificación de infracción de textos legales (causas L. 122.268, "Carzoglio", resol. de 27-II-2019 y L. 121.938, "Martín", resol. de 21-VIII-2019), supuesto no comprobado en la especie.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/03/2022 21:34:16 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/03/2022 11:18:33 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/03/2022 13:51:42 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/03/2022 17:45:08 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/04/2022 08:26:22 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia