Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126762
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley deducidos, con costas (arts. 289 y 303 CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la excepción de cosa juzgada administrativa opuesta por Prevención ART S.A., en el marco de la acción iniciada por Ernesto Adrián De Doménico Díaz, en cuanto pretendía el cobro de diferencias indemnizatorias derivadas de la percepción de las prestaciones dinerarias por accidente de trabajo (v. pronunciamiento de fs. 70/75 vta.).
Para así decidir juzgó acreditado que en fecha 13 de junio de 2019, la Comisión Médica interviniente había emitido un dictamen -en el expediente n° 149.044/19- fijando un porcentaje de incapacidad al trabajador del 3,07% de carácter permanente, parcial y definitiva; abonando la aseguradora de riesgos del trabajo la suma de $220.960,76.
Tuvo en consideración además el a quo que en fecha 26 de agosto de 2019, se dictó un acto administrativo mediante el cual se aprobó el procedimiento -previo, obligatorio y excluyente- llevado a cabo en el citado expediente, homologándose simultáneamente el acuerdo celebrado entre las partes, con la intervención de un funcionario competente. Sobre esa base, acogió la defensa articulada por la accionada.
II. Frente a lo así resuelto, la parte actora dedujo recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad (v. escritos electrónicos de fecha 27-X-2020), los que fueron concedidos por el órgano de grado mediante sendas resoluciones del día 11 de noviembre de 2020, habiéndose conferido vista al señor Procurador General respecto a este último.
III.1. En primer lugar, corresponde expedirse en torno al recurso extraordinario de inconstitucionalidad.
En dicha postulación recursiva el interesado plantea la invalidez constitucional del art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, alegando que su aplicación trasgrede el derecho de acceso a la justicia que le asiste por imperio de los arts. 15, 39 inc. 3 y 57 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
En esencia, sostiene que al atribuirle el carácter de "cosa juzgada administrativa" en los términos del art. 15 de la Ley de Contrato de Trabajo a la disposición dictada por el Servicio de Homologación, se le prohíbe al trabajador el acceso a la justicia para ventilar cuestiones que exceden el marco de atribución y competencia que tiene dicho organismo.
Aduce que el mencionado precepto de la ley 15.057 suple -a su juicio- la inconstitucionalidad en que incurrió la norma federal (art. 2 de la ley 27.348) a la cual adhirió la legislatura local mediante el dictado de la ley 14.997; a la vez que otorga a los miembros de aquel Servicio atribuciones que son propias de los jueces de grado. Señala que sus agentes o titulares no se encuentran facultados para constatar el consentimiento y discernimiento de los firmantes y menos aún para emitir opiniones de legalidad del procedimiento ante las Comisiones Médicas.
III.2. El recurso no prospera.
III.2.a. Al respecto, esta Corte reiteradamente ha sostenido que el medio de impugnación establecido en el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial, sólo es admisible cuando en la instancia ordinaria se haya controvertido y decidido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos provinciales confrontados con normas de la Constitución local (causas L. 117.646, "Miranda", res. de 24-XII-2014; L. 119.115, "Ortiz", resol. de 29-VIII-2017 y L. 123.331, "Guiñazu", resol. de 29-VII-2020).
Es decir que, para habilitar la competencia extraordinaria a través del carril escogido por la impugnante es necesario que se haya planteado y decidido en la instancia ordinaria un caso constitucional local, supuesto no configurado en la especie.
III.2.b. En efecto, en el pronunciamiento recurrido, el tribunal de grado juzgó -tras acoger la excepción de cosa juzgada opuesta por la demandada por resultar aplicables las disposiciones de la ley 14.997- que "los planteos de inconstitucionalidad respecto de la ley 27.348 así como sobre el art. 2 inc. j de la ley 15.057 resultan insuficientes, por su carácter de genéricos, ambiguos y meramente dogmáticos, toda vez que no se demuestra de qué manera las normas citadas menoscaban en algún modo el derecho del justiciable (art. 18, Const. Nac.)".
La simple lectura del decisorio cuestionado, así como de los agravios formulados por el interesado en su medio impugnativo, ponen en evidencia la falencia mencionada al advertir que el a quo no efectuó -en definitiva, por las razones que expuso- un confronte normativo del articulado en cuestión con la Carta local, sino que la desestimación obedeció a la insuficiencia endilgada al planteo formulado por el ahora recurrente.
De suyo entonces, más allá de cualquier otra consideración que pudiera formularse, se impone desestimar la vía extraordinaria intentada (art. 299, CPCC).
IV.1 En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la compareciente denuncia la vulneración de las normas y de la doctrina legal que cita.
Insiste en objetar la decisión del sentenciante por la cual acogió la excepción de cosa juzgada opuesta por la demandada.
En tal sentido, expone que -contrariamente a lo señalado por el a quo- el trabajador debió transitar el procedimiento administrativo previo de manera obligatoria, sin alternativa de elección. Aduce que al interponer su escrito postulatorio -en debido tiempo- denunció los vicios y las nulidades que a su juicio conllevaba someterse a la citada instancia previa, de forma tal que tampoco resultó cierto que su parte haya consentido la homologación llevada a cabo por la autoridad administrativa.
Con cita de la doctrina legal que identifica, sostiene que -en estos casos- se lleva al trabajador al absurdo de verse en la disyuntiva de aceptar una prestación dineraria recortada o rechazarla, si es que pretende peticionar ante la justicia.
Manifiesta que el criterio sentado por la Suprema Corte en el precedente L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020), sobre el cual el juzgador estructuró su decisión, no ha zanjado la problemática aquí debatida, vinculada a un supuesto de "cosa juzgada administrativa".
Aduce que el paso por las Comisiones Médicas no cumple acabadamente con el derecho constitucional de acceso a la justicia del que debe disponer el trabajador; ello así, en tanto no tiene permitido el control ante la instancia ordinaria laboral.
IV.2. El recurso no prospera.
IV.2.a. De modo liminar, se impone observar que -en el caso- el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley no excede el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141. Por tal razón, la admisibilidad de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 115.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 125.484, "Ríos" y L. 125.864, "Constantino", resols. de 21-XII-2020).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando esta Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020 y L. 127.759, "Coronel", resol. de 13-XII-2021).
IV.2.b. Sentado lo expuesto, no se observa la presencia del mentado supuesto excepcional, desde que mediante la denuncia de vulneración de doctrina legal el impugnante trae a consideración agravios vinculados a cuestiones de hecho y prueba, cuya definición es privativa del tribunal de grado, como lo es, la determinación del alcance del acuerdo celebrado entre las partes en sede administrativa, así como la apreciación formulada por los jueces de grado sobre la concurrencia del instituto de la cosa juzgada, asuntos detraídos de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto citado (causas L. 121.821, "Naselli", resol. de 13-II-2019; L. 123.053, "Loyato", resol. de 28-VIII-2019 y L. 124.453, "Pino", resol. de 16-VI-2020).
Por otro lado, los precedentes de esta Corte que la impugnante cita en apoyo de sus agravios no guardan correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión, ni refieren a situaciones similares, atento a su distinto contenido fáctico (causas L. 120.820, "Lastape", resol. de 11-X-2017; L. 121.314, "Aristemuño", resol. de 8-VIII-2018 y L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021).
Para más, es dable recordar que esta Corte tiene dicho que la doctrina legal es la que emana de sus propios fallos y no la que deriva de la opinión de los autores o de los pronunciamientos de otros tribunales de justicia, ni los de la Corte nacional (causas L. 121.094, "Quinteros", resol. de 13-IX-2017; L. 121.630, "Quintana", resol. de 5-XII-2018; L. 123.659, "Ovejero", resol. de 25-IX-2019 y L. 125.485, "Morales", resol. de 4-II-2021).
Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley deducidos, con costas (arts. 289 y 303 CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/04/2022 12:42:40 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/05/2022 09:03:20 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/05/2022 19:39:46 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/05/2022 09:43:05 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/05/2022 10:00:50 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia