Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127568
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDe conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, declarar mal concedido el recurso extraordinario de inconstitucionalidad (art. 299, CPCC) y desestimar el de inaplicabilidad de ley, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín, con asiento en dicha ciudad, en el marco de la acción iniciada por el señor Emiliano Gabriel López contra Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. en procura del pago de diferencias derivadas de las prestaciones dinerarias por accidente de trabajo, hizo lugar -por mayoría- a la excepción de cosa juzgada administrativa opuesta por la parte demandada (v. pronunciamiento de fecha 27-IV-2021).
Para así decidir, juzgó acreditado que el día 17 de septiembre de 2019 la Comisión Médica interviniente había emitido un dictamen (en el expediente n° 270146/19) en el que fijó un porcentaje de incapacidad al trabajador del 4,44% de carácter permanente, parcial y definitiva; habiendo abonado la aseguradora de riesgos del trabajo la suma de $208.572,11, mediante el acuerdo celebrado y homologado en la instancia administrativa.
Sobre esa base, juzgó configurada la triple identidad requerida para el progreso de la excepción interpuesta y acogió la defensa articulada por la accionada.
II. Frente a lo así resuelto, la parte actora dedujo recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad (v. escritos electrónicos de fecha 5-V-2021), los que fueron concedidos por el órgano de grado mediante resoluciones de fechas 17 de mayo de 2021 y 25 de noviembre de 2021, habiéndose conferido vista al señor Procurador General respecto del último medio de impugnación mencionado.
III.1. En primer lugar, corresponde expedirse en torno al recurso extraordinario de inconstitucionalidad.
En dicha postulación recursiva sostiene que la aplicación al caso del art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 trasgrede el derecho de acceso a la justicia que le asiste por imperio de los arts. 15, 39 inc. 3 y 57 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
En esencia, manifiesta que el apartado 6° de dicho precepto, en cuanto atribuye el carácter de cosa juzgada administrativa en los términos del art. 15 de la Ley de Contrato de Trabajo a la disposición dictada por el Titular del Servicio de Homologación, prohíbe al trabajador acceder a la justicia para ventilar cuestiones que exceden el marco de atribución y competencia que tiene dicho organismo.
III.2. El recurso ha sido mal concedido.
III.2.a. Al respecto, esta Corte reiteradamente ha sostenido que el recurso establecido en el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial, sólo es admisible cuando en la instancia ordinaria se haya controvertido y decidido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos provinciales confrontados con normas de la Constitución local, y siempre que la decisión recaiga sobre ese tema (causas L. 119.115, "Ortiz", resol. de 29-VIII-2017; L. 123.331, "Guiñazú", resol. de 29-VII-2020 y L. 126.762, "De Doménico Díaz", resol. de 5-V-2020; e. o.).
III.2.b. En efecto, y sin perjuicio de advertirse que en el escrito de inicio la parte actora hubo de cuestionar la validez constitucional del art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, en el pronunciamiento recurrido el tribunal de grado no abordó dicho planteo; lo que descarta la configuración de un caso constitucional susceptible de habilitar la vía intentada.
IV.1. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la compareciente denuncia la vulneración de las normas y de la doctrina legal que cita.
Insiste en objetar la decisión del sentenciante por la cual acogió la excepción de cosa juzgada opuesta por la demandada.
Con sustento en la doctrina legal que identifica, sostiene que -en estos casos- se lleva al trabajador al absurdo de verse en la disyuntiva de aceptar una prestación dineraria recortada o rechazarla, si es que pretende peticionar ante la justicia.
Manifiesta que el criterio sentado por la Suprema Corte en el precedente L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020), sobre el cual el juzgador estructuró su decisión, no ha zanjado la problemática aquí debatida, vinculada a un supuesto de "cosa juzgada administrativa".
Denuncia que el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 otorga a los miembros del Servicio de Homologación atribuciones que son propias de los jueces de grado. Señala que sus agentes o titulares no se encuentran facultados para constatar el consentimiento y discernimiento de los firmantes y menos aún para emitir opiniones de legalidad del procedimiento ante las Comisiones Médicas.
Aduce que el paso previo por ante dichos organismos no cumple acabadamente con el derecho constitucional de acceso a la justicia del que debe disponer el trabajador; ello así, en tanto no tiene permitido el control ante la instancia ordinaria laboral.
IV.2. El recurso no prospera.
IV.2.a. De modo liminar, se impone observar que -en el caso- el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley -representado por el importe reclamo en demanda- no excede el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141. Por tal razón, la admisibilidad de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 (causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 115.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 125.484, "Ríos" y L. 125.864, "Constantino", resols. de 21-XII-2020; e. o.).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando esta Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020 y L. 127.759, "Coronel", resol. de 13-XII-2021).
IV.2.b. Bajo tales premisas, cabe indicar que no se observa la presencia del mentado supuesto excepcional, desde que mediante la denuncia de vulneración de doctrina legal el impugnante trae a consideración agravios vinculados a cuestiones de hecho y prueba, cuya definición es privativa del tribunal de grado, como lo es, la apreciación sobre la concurrencia del instituto de la cosa juzgada, asunto detraído de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto citado (causas L. 121.821, "Naselli", resol. de 13-II-2019; L. 123.053, "Loyato", resol. de 28-VIII-2019 y L. 124.453, "Pino", resol. de 16-VI-2020; e. o.).
Por otro lado, los precedentes de esta Corte que la impugnante cita en apoyo de su postura no guardan correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión, ni refieren a situaciones similares, atento a su distinto contenido fáctico (causas L. 120.820, "Lastape", resol. de 11-X-2017; L. 121.314, "Aristemuño", resol. de 8-VIII-2018 y L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021; e. o.).
Para más, es dable recordar que esta Corte tiene dicho que la doctrina legal es la que emana de sus propios fallos y no la que deriva de la opinión de los autores o de los pronunciamientos de otros tribunales de justicia, ni los de la Corte nacional (causas L. 121.094, "Quinteros", resol. de 13-IX-2017; L. 121.630, "Quintana", resol. de 5-XII-2018; L. 123.659, "Ovejero", resol. de 25-IX-2019 y L. 125.485, "Morales", resol. de 4-II-2021; e. o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, declarar mal concedido el recurso extraordinario de inconstitucionalidad (art. 299, CPCC) y desestimar el de inaplicabilidad de ley, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/07/2022 11:04:09 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/07/2022 12:06:09 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/07/2022 19:01:43 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/07/2022 10:41:37 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/07/2022 13:05:21 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 04/07/2022 15:00:23 hs. bajo el número RR-922-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia