Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128234
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 12.961), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Bragado, perteneciente al Departamento Judicial de Mercedes hizo lugar parcialmente a la acción deducida por Ricardo Luis Zaccaro y, en consecuencia, condenó a la Provincia de Buenos Aires (Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial) a abonarle la suma que especificó en concepto de diferencias de indemnización por despido, sueldo anual complementario proporcional, integración mes de despido y resarcimiento establecido en el art. 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales (v. pronunciamiento de 23-VI-2021).
Para así decidir, tras valorar en conciencia la prueba producida, juzgó acreditado que el distracto dispuesto por la accionada resultó injustificado y que el actor, a la fecha de extinción del vínculo, ostentaba los cargos de Vocal Titular 2ª de la Secc. Bragado y Delegado Titular de la entidad sindical Asociación de Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos (APDFA); sumado a que la demandada se encontraba debidamente notificada de las designaciones en aquellos cargos, por lo cual concluyó que Zaccaro gozaba al momento del despido de la garantía gremial prevista en el art. 48 de la ley 23.551 y que no se había constatado el pedido de exclusión de tutela sindical previsto en el art. 52 de la citada ley.
II. Contra dicha decisión, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 13-VII-2021), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de 14-IX-2021).
En su presentación, cita las normas y doctrina legal que considera transgredidas.
En sustancia, bajo la denuncia de absurdo, alega que el sentenciante de grado se apegó, arbitrariamente, al texto de la comunicación del distracto obrante en el telegrama del 16 de enero de 2018, y sostiene que, más allá de lo que se deduce de las expresiones allí consignadas, no existió un despido sin justa causa, sino que la voluntad rescisoria del demandado estuvo fundada en el cierre del establecimiento.
Asimismo, y en ese orden, se agravia del alcance y la cuantía de la indemnización establecida en el art. 52 de la ley 23.551 otorgada al actor, por cuanto se la declaró procedente computando un período posterior a esa circunstancia.
III. El recurso no prospera.
III.1. En el caso, el juzgador concluyó que, sin perjuicio de la denuncia e invocación tardía que hizo la accionada en su escrito de contestación de demanda, respecto del dictado del Decreto provincial 1.100/17, que ordenó el cese de actividades de la Unidad Ejecutora Programa Ferroviario Provincial, cierto es, que el empleador despidió al actor sin causa el día 16 de enero de 2018, y lo hizo a partir de la Resolución 025/18, dictada por el Subadministrador General de la U.E.P.F.P., en la que se invocan, entre otras razones: "reestructuración tanto de su faz operativa como respecto de su personal". Puntualizó, además, que ninguna manifestación se formula en la citada resolución, ni en la comunicación rescisoria, respecto del mencionado Decreto 1.100/17, tampoco de las razones y hechos allí invocados, ello así -señaló el a quo - pues, al momento del distracto, aquel acto carecía de la debida publicación oficial, la que se formalizó seis días después de haberse tomado la decisión de despedir al actor (v. Boletín Oficial de fecha 22-I-2018). En consecuencia, la decisión administrativa alegada por la patronal resultaba, sin dudas, inoponible al accionante.
Para más -concluyó el sentenciante- si al actor se lo despidió sin causa, la excusa alegada por la accionada al momento de contestar la demanda, resultaba improcedente, y por lo tanto inadmisible, a la luz de lo normado por el art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Finalmente, como se anticipó, el a quo tuvo por probado que, al tiempo del cese de la relación el accionante ostentaba los cargos de Vocal Titular 2ª de la Seccional Bragado y Delegado Titular de la entidad sindical Asociación de Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos (APDFA), por lo cual, no habiéndose respetado la garantía o tutela sindical de la que gozaba el trabajador, la acción respecto del pago peticionado conforme lo establece el art. 52 de la ley 23.551 resultaba procedente toda vez que la demandada adoptó una medida que le estaba expresamente vedada.
III.2. Reseñados los antecedentes de la causa, cabe recordar que esta Corte ha dicho que la apreciación de las circunstancias fácticas del caso y la valoración de los elementos probatorios colectados durante la sustanciación del proceso constituyen facultades privativas de los tribunales de trabajo, excluidas en principio de la revisión extraordinaria, salvo la cabal demostración de absurdo (causas L. 119.385, "Genovali", sent. de 19-IX-2018; L. 116.928, "Acuña", sent. de 5-VI-2019 y L. 124.832, "Pacheco", resol. de 24-VIII-2020).
Asimismo, ha declarado que establecer si en un caso dado concurren o no las circunstancias fácticas constitutivas de elementos o presupuestos que dan lugar a la aplicación de una norma o precepto, constituye una cuestión ajena a la instancia extraordinaria, salvo que se demuestre que el razonamiento del tribunal de grado está viciado por absurdo (causas L. 116.741, "Marini", sent. de 9-X-2013; L. 119.779, "Felipe", sent. de 21-II-2018).
Bajo tales premisas, el recurrente no logra demostrar la existencia del vicio invocado.
Ello así, pues las esenciales conclusiones del fallo referidas en el apartado anterior -y a las que arribó el tribunal de origen en ejercicio de facultades privativas- no logran ser descalificadas por el recurrente, que si bien invoca absurdo, su exposición no consigue evidenciarlo, desde que -en rigor- sólo traduce su disconformidad con la solución arribada en el fallo, revelando la insuficiencia del remedio bajo análisis (causas L. 122.043, "Navoni", resol. de 8-V-2019; L. 122.373, "Yamanga", resol. de 5-VI-2019 y L. 124.121, "Sánchez", resol. de 11-III-2020).
En efecto, apartándose de la línea reflexiva y de la apreciación probatoria que, en conciencia, llevó a los jueces de grado a plasmar la decisión expuesta en la sentencia, se limita a elaborar un nuevo análisis de los hechos y constancias probatorias según su propio criterio valorativo, argumentos estos que no logran demostrar concretamente la grave anomalía invocada (causas L. 121.523, "González", resol. de 21-IX-2018; L. 122.135, "Rojas", resol. de 5-VI-2019 y L. 124.121, "Sánchez", resol. de 11-VI-2020).
Recuérdese que la hipótesis de la efectiva representación del vicio de absurdo no se verifica frente a la decisión opinable, discutible o poco convincente o ante la posibilidad de otras interpretaciones, no pudiendo sustituirse el criterio del juzgador de grado por el personal del recurrente, ni por el propio de la Suprema Corte (causas L. 121.408, "Lizaso", resol. de 29-VIII-2018; L. 124.031, "Coronel", resol. de 16-VI-2020 y L. 123.944, Di Cataldo", resol. de 3-VIII-2020).
Por otro lado, tampoco habrá de prosperar el agravio por el que se cuestiona el alcance y la cuantía de la indemnización fijada por el juzgador.
Tratándose de típicas cuestiones de índole fáctica, su revisión queda subordinada a la cabal demostración del vicio de absurdo y ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 116.445, "Bayona", sent. de 6-XI-2013; L. 118.007, "Marcucci", sent. de 30-III-2016; L. 122.053, "Montecino", resol. de 10-IV-2019 y L. 121.376, "Aguirre", sent. de 14-XII-2020).
En el caso, el interesado no invoca idóneamente, en esta parcela del escrito recursivo, la existencia del señalado vicio invalidante, y menos aún lo demuestra, argumentando de manera paralela y exponiendo su propio enfoque sobre el tópico (causas L. 123.851, "Irazoqui", resol. de 27-V-2020 y L. 124.769, "Gravante ", resol. de 2-III-2021).
En efecto, de la lectura del escrito impugnativo emerge que los reproches efectuados respecto al modo de determinar la indemnización a percibir por el trabajador en concepto de estabilidad sindical por despido antes de la finalización del mandato, no constituyen más que una simple discrepancia de criterio respecto de los fundamentos brindados por el sentenciante que, como es sabido, no es base idónea para abastecer el agravio. De ello surge su meridiana deficiencia técnica que impide desentrañar el sentido de la crítica que se pretende (art. 279, CPCC; causas L. 122.135, "Rojas", resol. de 5-VI-2019 y L. 124.121, "Sánchez", resol. de 11-VI-2020).
III.3. Finalmente, cabe agregar, que carece de entidad la sola mención de la afectación de las garantías constitucionales presuntamente infringidas, cuya configuración está supeditada a la previa verificación de infracción de textos legales (causas L. 122.268, "Carzoglio", resol. de 27-II-2019 y L. 121.938, "Martín", resol. de 21-VIII-2019), supuesto no comprobado en la especie.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 12.961), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/09/2022 19:50:43 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/09/2022 17:57:24 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/09/2022 11:20:56 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/09/2022 09:19:44 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/09/2022 11:07:40 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 19/09/2022 17:45:13 hs. bajo el número RR-1180-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia