Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129236
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Pergamino, rechazó la demanda incoada por Ramón José Bijarra contra Carlos A. Mazzieri y Cía. S.A., en la que procuraba el cobro de diferencias salariales, indemnización por incapacidad absoluta derivada del art. 212, cuarto párrafo, de la Ley de Contrato de Trabajo, y otros rubros de naturaleza laboral (v. pronunciamiento de fecha de 22-IV-2022).
Para así decidir, juzgó que no existen en autos constancias probatorias que permitan determinar que el actor hubiera presentado, a la fecha de la extinción del vínculo, una minusvalia absoluta y definitiva.
Al respecto, consideró que si bien constaba en autos un dictamen de la Comisión Médica 14 de Junín -expediente n° 014 P- 00330/19- por el que se decidió otorgar al trabajador el beneficio de retiro transitorio por invalidez, ello no resultaba suficiente para demostrar los presupuestos a los que se supedita la aplicación del cuarto párrafo del citado artículo 212 de la ley 20.744 (t.o.).
Asimismo, destacó que, para resolver la cuestión, tuvo especialmente en cuenta la edad de actor, como también el tipo y modalidad de las tareas que realizó a lo largo de su vida y hasta la fecha del cese por renuncia del contrato de trabajo para obtener el beneficio jubilatorio por invalidez. También valoró la actitud procesal de las partes, puntualizando que el actor, a quien incumbía la carga de probar -de manera contundente e indubitable- la incapacidad absoluta y permanente alegada (art 375, CPCC), no cumplio ese imperativo, ni tampoco denuncio cuál o cuáles eran las dolencias padecidas, las causas que las habrían generado, ni ofreció la realización de pericia médica a lo largo del proceso.
II. Contra dicho pronunciamiento, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 11-V-2022), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de fecha 16-V-2022).
En su presentación relata los antecedentes de la causa. Denuncia violación al principio de congruencia, cita las normas que considera violadas y alega absurdo en la valoración de la prueba.
En lo esencial, se agravia de la conclusión del sentenciante de grado en cuanto desestimó el cobro de la indemnización prevista en el cuarto párrafo del art. 212 de la Ley de Contrato de Trabajo, con sustento en que no se había practicado una pericia médica al accionante. Al respecto, entiende que el trabajador fue portador de una incapacidad absoluta al momento del distracto, y ello, concluyó, quedó corroborado con la prueba documental (dictamen de la Comisión Médica) acompañada a la causa.
Asimismo, cuestiona el rechazo de las diferencias salariales peticionadas.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone observar que -en el caso- el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -representado por la cuantía reclamada en la demanda-, no excede el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, razón por la cual la admisibilidad de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 115.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020).
III.2. Bajo las señaladas premisas, no se verifica la concurrencia de aquel supuesto descripto que justifique su encuadre en la citada norma adjetiva, toda vez que los agravios que se traen a consideración de esta Casación se refieren a cuestiones cuya definición es privativa del tribunal de grado, vinculadas a la valoración de los hechos y las pruebas, detraídos de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes citado (causas L. 122.127, "Saavedra", resol. de 10-IV-2019; L. 122.613, "Parceq", resol. de 5-VI-2019 y L. 125.484, "Ríos", resol. de 21-XII-2020).
III.3. Tampoco abastece dicho cometido la denuncia de precedentes relacionados con la configuración del vicio de absurdo, pues resultan inhábiles a los fines de abrir la competencia revisora por el estrecho marco cognitivo enunciado (causas L. 121.929, "Arrua", resol. de 27-II-2019; L. 124.463, "Gamero", resol. de 14-VII-2020; L. 125.418, "Marín", resol. de 12-II-2021 y L. 128.010, "Lezcano", resol. de 1-XI-2021).
III.4. Por otra parte, respecto a la denuncia de violación de doctrina legal vinculada al principio de congruencia, debe señalarse que esta Corte tiene dicho que su examen se encuentra marginado de la instancia extraordinaria en el marco de la excepción del art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 (causas L. 115.449, "Gamaleri", sent. de 5-III-2014; L. 111.776, "Vanetti", sent. de 25-II-2015; L. 123.315, "Prado", resol. 26-XII-2019; L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020 y L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021).
III.5. Finalmente, corresponde recordar que la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial es la que fluye de los pronunciamientos de esta Suprema Corte y no de los fallos de otros tribunales o de la doctrina de los autores (causas L. 121.429, "Maravilla", sent. de 19-IX-2019; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020 y L. 125.062, "Serravalle", resol de 21-XII-2020).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar que, en lo concerniente a la denunciada violación del principio de congruencia, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005 y L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 125.904, "Almada", resol. de 1-IX-2021; L. 124.100, "Goncalves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971
Firmas
Funcionario Firmante: 03/11/2022 14:30:56 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/11/2022 09:15:53 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/11/2022 13:28:37 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/11/2022 17:09:23 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/11/2022 09:23:26 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 10/11/2022 11:30:02 hs. bajo el número RR-1434-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia