Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128508
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, rechazó la demanda incoada por Mariano Ezequiel Britos contra Satro S.A. mediante la cual había reclamado el pago de diferencias salariales e indemnizatorias derivadas del despido y los recargos establecidos en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013; 1 y 2 de la ley 25.323 y 80 de la ley 20.744 (v. pronunciamiento de 26-X-2021).
En lo que interesa, tuvo por probada la existencia del contrato de trabajo que unió al actor con la demandada, la cual concluyó por despido directo dispuesto por la empleadora, el que resultó incausado, habiendo percibido el trabajador los rubros indemnizatorios y salariales en concepto de liquidación final. También consideró demostrado que, con anterioridad, Britos prestó servicios para la empresa Cleverman S.R.L., la cual proveía servicios de logística para la hoy demandada, relación que se extinguió por renuncia del accionante.
Luego, señaló que correspondía analizar si la relación que se estableció entre el trabajador y la accionada era sucesiva a la entablada originariamente con Cleverman S.R.L. (empresa que no había sido demandada en autos) o si, por el contrario, debía considerarse que se trató de una única relación laboral en los términos del art. 29 de la Ley de Contrato de Trabajo, tal como había sido argumentado en el escrito de inicio.
En ese marco, concluyó que el actor no había producido prueba alguna que permitiera considerar a la demandada como su empleador directo en el período en que prestó servicios para Cleverman S.R.L. Tampoco demostró que la accionada hubiera interpuesto a esta última empresa para disimular la verdadera relación laboral.
Por lo expuesto, concluyó que la relación entre el actor y Satro S.A. debía considerarse escindida de aquella que lo unió a Cleverman S.R.L.
De otro lado, rechazó la procedencia de los reclamos fundados en el art. 1 de la ley 25.323 y en la Ley Nacional de Empleo, por entender que no se constataron deficiencias registrales en la relación laboral, así como los recargos indemnizatorios establecidos en los arts. 2 de la primera de las leyes citadas y 80 de la ley 20.744 (texto según ley 25.345), toda vez que el trabajador no había cumplido con la carga de intimar a su empleador.
II. Contra dicha decisión, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 8-XI-2021), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de 19-XI-2021).
En su presentación, cita las normas y doctrina legal que considera transgredidas en el pronunciamiento impugnado.
II.1. En sustancia, bajo la denuncia de absurdo insiste en remarcar que se configuró una única relación laboral, pues el actor siempre prestó tareas a favor de Satro S.A., aun cuando, fraudulentamente durante un período de tiempo el vínculo estuvo registrado por la empresa Cleverman S.R.L. En ese contexto, entiende que, en el caso, resultan aplicables las previsiones del art. 29 de la Ley de Contrato de Trabajo.
II.2. En otro orden, se agravia del rechazo de las indemnizaciones previstas en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013; 1 y 2 de la ley 25.323 y de la sanción establecida en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
II.3. Por otro lado, censura la determinación de la mejor remuneración mensual, normal y habitual que el tribunal de origen tomó como base para el cálculo de las diferencias indemnizatorias.
II.4. Finalmente, impugna las pautas consideradas por el a quo a los fines de practicar la liquidación de los rubros indemnizatorios a los que el actor resultaba acreedor, que -afirma- es inferior a la abonada por la propia demandada al momento del distracto.
Asimismo, objeta la imposición de costas a la parte actora.
III. El recurso no prospera.
III.1. Tiene dicho esta Corte que la apreciación de las circunstancias fácticas del caso y la valoración de los elementos probatorios colectados durante la sustanciación del proceso, fundamentalmente lo que atañe a su selección, jerarquización, mérito y eficacia, constituyen facultades privativas de los tribunales de trabajo, excluidas en principio de la revisión extraordinaria, salvo la cabal demostración de absurdo (causas L. 120.171, "Morales", sent. de 3-V-2018; L. 119.385, "Genovali", sent. de 19-IX-2018 y L. 116.928, "Acuña", sent. de 5-VI-2019).
Asimismo, ha declarado que establecer si en un caso dado concurren o no las circunstancias fácticas constitutivas de elementos o presupuestos que dan lugar a la aplicación de una norma o precepto, constituye una cuestión ajena a la instancia extraordinaria, salvo que se demuestre que el razonamiento del tribunal de grado está viciado por absurdo (causas L. 116.741, "Marini", sent. de 9-X-2013 y L. 119.779, "Felipe", sent. de 21-II-2018).
III.2. Bajo tales premisas, el recurrente no logra demostrar la existencia del vicio invocado.
Como se anticipó, en lo que interesa, el órgano judicial de grado, en el marco de sus facultades privativas, analizó el material probatorio aportado a la causa y juzgó que el actor no había demostrado la configuración de los presupuestos fácticos que tornaran operativa la aplicación del art. 29 de la Ley de Contrato de Trabajo, norma invocada en la demanda en sustento de su pretensión.
Frente a esta definición, el recurrente a partir de su particular apreciación de las constancias de la causa, se limita a verificar el asunto debatido desde su propia óptica -esencialmente a través de la reiteración de argumentos ya esgrimidos y descartados por el tribunal de origen- proponiendo un nuevo análisis de los elementos de juicio que indica, según su particular criterio valorativo, a los fines de subsumir los hechos en los preceptos legales que considera aplicables; sistema impropio para patentizar el grave vicio invalidante denunciado (causas L. 109.399, "Gentili", sent. de 4-VII-2012; L. 117.069, "Tango", sent. de 26-VIII-2015 y L. 118.219, "Pozzo", sent. de 4-V-2016).
De ese modo, no logra concretar una réplica adecuada y eficaz de lo resuelto, señalando posibles falencias en la evaluación realizada por el sentenciante, y pretendiendo -al cabo- hacer prevalecer su opinión sobre la del juzgador de grado en lo que atañe a la facultad de seleccionar, jerarquizar e interpretar las probanzas del proceso, método inapropiado -como se expresó- para evidenciar el absurdo invocado.
Por lo demás, no son atendibles las alegaciones con sustento en lo resuelto en los precedentes citados por el recurrente en apoyo de su pretensión, toda vez que éstos no guardan relación con las motivaciones del pronunciamiento y fueron elaborados a partir de presupuestos disímiles a los del caso en juzgamiento (causas L. 119.192, "Artigau", sent. de 21-VI-2018; L. 120.423, "Bocanegra", sent. de 27-XI-2019 y L. 121.303, "Vargas", sent. de 12-II-2020).
En definitiva, la insuficiencia del remedio deducido impide pues, revisar el acierto o desacierto de la decisión de grado (causas L. 117.723, "Sarmiento", sent. de 15-VII-2015; L. 117.452, "Gómez", sent. de 22-XII-2015 y L. 118.280, "Martín", sent. de 9-XI-2016).
III.3. Tampoco es de recibo el reproche dirigido a cuestionar la declarada improcedencia de los recargos indemnizatorios solicitados por el accionante.
El desarrollo que contiene este tramo del recurso, a través de afirmaciones teñidas de dogmatismo, desencontradas de las concretas motivaciones brindadas por el juzgador de grado con relación al comprobado incumplimiento de los requisitos previstos en la legislación aplicable a los fines de la imposición de las multas, sólo exterioriza la oposición del interesado y no resulta eficaz para descalificar tales definitorias conclusiones. Ello así, pues el impugnante a partir de su propia apreciación de las circunstancias de autos no logra evidenciar que las motivaciones expuestas en el fallo atacado luzcan apartadas de las constancias de la causa, o que el juzgador hubiera transgredido las normas que denuncia violadas.
Cabe recordar, en ese sentido, que reiteradamente esta Corte ha declarado que es insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir en forma concreta, directa y eficaz las esenciales motivaciones del fallo (causas L. 120.897, "Gianelli", sent. de 18-XII-2019; L. 120.994, "Heitt", sent. de 19-II-2020; L. 123.270, "Silva", sent. de 6-X-2020).
III.4. No prospera el agravio mediante el cual el interesado señala la remuneración que entiende debió utilizarse como base de cálculo para las indemnizaciones derivadas del despido.
Sabido es que determinar la mejor remuneración mensual, normal y habitual constituye una típica cuestión de índole fáctica, por lo que su revisión se encuentra subordinada a la cabal invocación y demostración del absurdo en el que pudo haber incurrido el tribunal de trabajo (causas L. 110.609, "Maturano", sent. de 5-VI-2013; L. 117.225, "Ruiz", sent. de 22-IV-2015 y L. 120.027, "Rivero", sent. de 30-V-2018).
En el caso, el recurrente nuevamente no logra evidenciar la configuración de tan grave anomalía, pues la impugnación luce insuficientemente fundada al agotar su reproche en postular la aplicación de una suma que propone con el propósito de obtener resultados más convenientes a sus intereses, sin embargo el discurso carece de un desarrollo argumental idóneo que lo dote de sustento y resulte hábil para demostrar la transgresión o errónea aplicación de los preceptos actuados en el fallo o el absurdo atribuido.
En tales condiciones, la simple disconformidad que exhibe el interesado con la solución alcanzada en la sentencia de origen -que, en rigor, sólo refleja su opinión discrepante con lo resuelto- no resulta idónea a los fines de descalificar este aspecto del pronunciamiento atacado.
III.5. Luego, manteniéndose incólumes las conclusiones sustanciales sobre la que se asienta el pronunciamiento impugnado -ante la insuficiencia de la crítica- resulta inoficioso el análisis de las restantes alegaciones contenidas en el recurso vinculadas a la liquidación de los rubros indemnizatorios.
Por lo demás, permaneciendo firmes los fundamentos en que se sustentó la decisión de grado, pierde entidad la sucinta manifestación vinculada a la imposición de las costas.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/12/2022 11:07:43 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/12/2022 23:55:27 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/12/2022 20:01:18 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/12/2022 10:38:50 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/12/2022 10:57:54 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/12/2022 12:34:14 hs. bajo el número RR-1665-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia