Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125847
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Olavarría, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, por mayoría, hizo lugar a la demanda incoada por Juan Pablo Mena, y, en consecuencia, condenó al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires a abonar la suma que especificó en concepto de diferencias en las prestaciones dinerarias de la ley 24.557, con más el adicional previsto en el art. 3 de la ley 26.773, juzgando aplicable al caso las disposiciones del decreto 669/19 (v. pronunciamiento de fecha 29-V-2020).
II. Frente a lo así resuelto, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 18-VI-2020), el que fue concedido por el a quo en el marco de la excepción del art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resolución de 22-VI-2020).
En su presentación, invoca las normas y doctrina legal que considera conculcadas en el pronunciamiento impugnado.
En primer lugar, se agravia de la aplicación -al caso- del decreto 669/19, en cuanto entiende que no corresponde su utilización por el principio de irretroactividad de las normas. En ese orden, denuncia que el fallo transgrede no sólo las doctrinas legales que cita, sino también el principio de congruencia.
Luego, cuestiona la errónea aplicación de los arts. 12 y 14 de la ley 24.557 (texto según decreto 669/19) afirmando que sólo el primer inciso del art. 12 es de aplicación al trámite judicial y que, en la Provincia de Buenos Aires, la tasa de interés fijada por la jurisprudencia es la que paga el Banco Provincia en los depósitos a treinta días.
Finalmente, objeta los acrecidos que fijó el juzgador sobre el capital de condena y -asimismo- los que definió en caso de incumplimiento de la sentencia, afirmando que ello atenta contra la doctrina legal.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art.55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 123.066, "Núñez", resol. de 14-VIII-2019 y L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019), hipótesis que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol de 21-XII-2020).
Luego, y a propósito de los argumentos desplegados por el interesado, es dable poner de resalto que el planteo contenido en el recurso no permite considerar involucrada -de manera directa e inmediata- una cuestión de naturaleza federal que autorice su conocimiento sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la CSJN in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 121.801, "Castro", resol. 17-X-2018; L. 124.036, "Landes", resol. de 17-VI-2020; L. 125.642, "Eseiza" y L. 125.663, "Siebenhaar", resols. de 4-III-2021, y L. 127.905, "Aguin", resol. de 1-IV-2022).
III.2. En razón de lo expuesto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida respecto de las argumentaciones y cuestionamientos dirigidos a impugnar la aplicación al caso del decreto 669/19 y la tasa de interés que sobre el capital de condena fijó el órgano judicial de grado, desde que las doctrinas traídas en apoyo de dichos reproches no guardan correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de sus decisiones, ni refiere a situaciones similares, atento al distinto contenido fáctico y jurídico con el caso sub examine (causas L. 127.828; "Pais", resol. de 7-III-2022; L.128.808; "Leiza", resol. de 19-IX-2022; L. 129.468, "Cantero, resol. de 29-XI-2022; L. 125.665; "Vales", resol. de 29-XII-2022; e.o.).
III.3. Por otra parte, respecto a la denuncia de violación de doctrina legal vinculada al principio de congruencia, debe señalarse que esta Corte tiene dicho que su examen se encuentra marginado de la instancia extraordinaria en el marco de la excepción del art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 enunciada (causas L. 115.449, "Gamaleri", sent. de 5-III-2014; L. 111.776, "Vanetti", sent. de 25-II-2015; L. 123.315, "Prado", resol. 26-XII-2019; L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020; L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021 y L. 128.276, "Casco", resol. de 29-XI-2022).
III.4. Además, corresponde recordar que los pronunciamientos emanados de otros tribunales de justicia, quedan excluidos del concepto de doctrina legal contenido en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (arts. 55 y 63, ley 11.653; causas L. 121.422, "Galván", sent. de 17-VI-2020; L. 121.578, "Bertocchi", sent. de 2-XI-2020 y L. 122.889, "De Zan", sent. de 26-V-2021; e.o.).
III.5. El planteo vinculado a la tasa de interés dispuesta para el caso de incumplimiento de la manda judicial debe ser desestimado, pues no se advierte configurada la violación de la doctrina legal que cita la recurrente -referida a los intereses moratorios-, toda vez que la crítica se dirige a impugnar los accesorios de carácter sancionatorio (causas L. 117.706, "Duarte", sent. de 18-VI-2014; L. 120.833, "Cereijido", resol. de 11-X-2017; L. 125.436, "Pérez", resol. de 21-IX-2020; L. 127.541, "Crespo", resol. de 13-XII-2021 y L. 129.390, "Flores", resol. de 29-XI-2022).
III.6. Finalmente, con relación a la gravedad institucional invocada, y más allá del marco en el que se examina el presente recurso, cabe reiterar que esta Corte ha señalado que tal extremo se encuentra íntimamente vinculado en grado de dependencia, a la verdadera presencia de una situación aprehensiva de interés institucional, no advirtiéndose en el caso la configuración de un supuesto de las características prealudidas (causas Ac. 99.509, "Domeq", resol. de 13-VIII-2008; L. 123.376, "Parolini", resol. de 14-VIII-2019; L.126.564, "Braun", resol. de 11-II-2022 y L. 129.177, "Carfagna", resol. de 6-II-2023, e.o.).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar -respecto de lo expuesto en el apartado III.3.- que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021; L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021 y L. 129.382, "Moura", resol. de 22-XI-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/03/2023 11:18:16 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/03/2023 12:27:12 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/03/2023 10:16:00 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/03/2023 14:16:22 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/03/2023 18:10:43 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 22/03/2023 10:51:47 hs. bajo el número RR-234-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia