Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129977
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar, por mayoría, a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído (art. 292 del CPCC; Acuerdo 4068/2022 y Resol. 24/20).
2Intimar a Aesa Aseo y Ecología S.A. y al señor José Eugenio Pérez y de la Iglesia para que, en el término de cinco días -a contar desde la notificación de la apertura de la cuenta judicial- acrediten ante esta sede haber depositado, cada una y a la orden del tribunal que dictó el fallo impugnado la suma de pesos quinientos setenta y ocho mil setecientos ($ 578.700), por constituir este último el importe mínimo (100 jus ) fijado por la referida norma del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires para la admisibilidad de la vía intentada al tiempo de la interposición del recurso, bajo apercibimiento de declarar desierto el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley concedido, respectivamente (art. 280 párrafo cuarto, cit.). En tal sentido, se oficiará a dicho Tribunal laboral remitiendo copia de la presente y requiriéndole que arbitre los medios para la apertura de la cuenta judicial, la notificación a la impugnante de la misma, e informe -por medio electrónico- a esta Corte la fecha en la que el banco efectúe la señalada apertura y su notificación a la interesada. …
El señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En el caso, el Presidente del Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata, en el marco de una acción deducida por Ángel Lezcano, Mario Ramon García, Nicolás Daniel Decima, Dalmiro Rodríguez, Jorge Ramón Arrieta, Walter Javier Santillán, Héctor Hugo Plazza, Cristian José Luis Bruno, Leonardo Esteban Fernández y Jorge Omar González contra Proactiva Avellaneda S.A., Juan Carlos Hegouaburu, José Eugenio Pérez y de la Iglesia y "Aesa Aseo y Ecología S.A." tuvo por no contestada la demanda por estas últimas y las declaró rebeldes (v. proveído de 28-VI-2021).
Ante lo así proveído, las declaradas rebeldes, tras notificarse de modo espontáneo de ello, plantearon incidente de nulidad de la notificación del traslado de la demanda, alegando la violación de la normativa procesal y los derechos constitucionales en lo relativo al diligenciamiento de aquel anoticiamiento. En lo esencial, adujeron que, en la especie, no correspondía la notificación vía telegrama colacionado ordenada por el funcionario actuante en la medida que instrumentó la misma "…haciéndole saber a la accionada que deberá tomar conocimiento de la demanda y documentación a través de la Mesa de Entradas Virtual de la SCBA…" pues, al no encontrarse digitalizados los actos de referencia, especificó, se evidenciaba la imposibilidad de dar por cumplido con los recaudos formales señalados para cursar la notificación por el medio antedicho (v. escritos de 30-VI-2021).
A su turno, el tribunal en pleno desestimó la nulidad argüida (v. resol. de 16-VIII-2022). Para así resolver, tras destacar los hechos de la causa vinculados a los diligenciamientos cuestionados, descartó la configuración de algún vicio que los invalide.
Destacó, con apego en lo normado en los arts. 152 y 153 del Código Civil y Comercial de la Nación y lo estipulado en el art. 11 inc. "2" de la ley 19.550, el correcto proceder jurisdiccional respecto a la persona jurídica impugnante y, en igual sintonía, respecto del demandado José Eugenio Pérez y de la Iglesia observó que el traslado de demanda fue realizado al domicilio Gaspar Campos 1390, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, siendo dicho domicilio el informado por la actuaria mediante consulta de página web del Registro Nacional de las Personas.
Finalmente, en lo tocante a la falta de digitalización del inicio de demanda y documental adunada a la misma, advirtiendo que dicha circunstancia "podría haberse subsanado suspendiendo el plazo para contestar demanda con la sola presentación electrónica solicitando la digitalización de las mismas o bien mediante presentación espontánea del letrado ante el Tribunal solicitando su copia" (sic), juzgó extemporáneo el planteo fundado en la señalada causal nulitiva.
II. Contra la mencionada decisión, las colegitimadas pasivas interesadas, interpusieron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escritos de 5-IX-2022), cuya denegatoria fundada en la ausencia del depósito previo de capital, intereses y costas por parte de la demandada (v. resol. de 11-XI-2022), motivó la articulación de la presente queja (art. 292, CPCC; v. presentación electrónica de 24-XI-2022).
En la vía directa, las interesadas alegan que el depósito establecido el art. 56 de la ley 11.653 es exigible en casos de sentencia condenatoria, lo que, a su entender, no acontece en la especie. Luego, en el caso, afirman debió el a quo intimarlas a integrar el depósito del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial.
III. La queja no prospera.
III.1. Al respecto, más allá de los motivos dados por el tribunal de grado para denegar la vía extraordinaria interpuesta, corresponde poner de resalto que esta Corte tiene dicho que los remedios extraordinarios sólo son viables con relación a las sentencias definitivas, entendiéndose por tales a aquéllas que, recayendo sobre el asunto principal objeto de la litis, ponen fin al pleito condenando o absolviendo al demandado o, aun refiriéndose a un artículo, producen el efecto de finalizar al mismo, haciendo imposible su continuación (arts. 278, 296 y 297, C.P.C.C.; causas L. 113.289, "Olivello", resol. de 28-XII-2010 y L. 113.643, "Usandizaga", resol. de 6-IV-2011).
Así, en el caso, el pronunciamiento dictado por el tribunal laboral que, al rechazar la nulidad articulada, tuvo por no contestada la demanda y declaró en rebeldía a la accionada, confirmando la providencia que así lo establecía, no reviste el carácter de definitivo ni deviene equiparable a tal, sin que se observen motivos excepcionales que permitan apartarse del indicado principio.
No es ocioso recordar, que en tal sentido me he manifestado, adhiriendo a la postura sostenida por nuestro distinguido colega doctor Pettigiani, que guarda similitud con el presente (causas Ac. 90.957, "Moran", resol. de 9-II-2005; Ac. 95.785, "Mancebo", resol. de 20-X-2006 y L. 125.370, "Salazar", resol. de 21-XII-2020; e.o.).
III.2. Por ello, considero que corresponde desestimar la queja traída (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; Acordada 1.790 y Resol. 24/20). Con costas.
El señor Juez doctor Soria dijo:
I. Disiento con la solución propiciada por mi colega preopinante.
II. En efecto, en numerosos precedentes esta Corte ha entendido que los pronunciamientos que tienen por no contestada la demanda y declaran perdido el derecho a hacerlo no constituyen -en principio- sentencia definitiva o equiparable a tal en los términos de los arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial, ya que tales decisiones no ponen fin al pleito ni impiden su continuación (causas Ac. 84.846, "Soveny", resol. de 05-VI-2002 y Ac. 87.467, "C., L.I.", resol. de 11-VI-2003; e.o.). Mas no lo es menos, que tal criterio ha de ceder cuando -como en el sub iudice - tal decisión traiga aparejado un perjuicio de insusceptible reparación ulterior, no pudiendo soslayarse la particular significación que reviste la falta de contestación de demanda en tanto puede incidir en el resultado final del pleito.
Es ésta, por otra parte, la tesis que en supuestos análogos al presente siguiera la Corte Suprema de la Nación al ingresar al conocimiento del recurso extraordinario interpuesto contra la decisión de la Cámara que revocó el pronunciamiento de grado que había desestimado la revocatoria contra el auto que tuvo al letrado por presentado, parte y por interpuestas las excepciones, y ordenó el desglose del escrito presentado por aquél. En dicho precedente, sostuvo el Alto Tribunal que la decisión atacada puede ser equiparada a definitiva si concurre un supuesto de privación de justicia que afecta en forma directa al derecho de defensa en juicio, ocasionándole al demandado un perjuicio de imposible reparación ulterior, pues éste carecerá de otra oportunidad procesal para hacer valer sus derechos (cfr. C.S.J.N., causa C.1649.XXXVI, in re "Carosella", sent. de 20-III-2003, Fallos 326:697).
Pues bien, en la especie, se arguye que la resolución impugnada coloca a las interesadas en estado de indefensión, causándoles un irreparable perjuicio al dejarlas sin contestar la demanda y sin pruebas que permitan demostrar sus defensas, no existiendo otra oportunidad para hacer valer sus derechos.
De allí que en el caso debe equipararse a una sentencia definitiva en los términos de los arts. 278 -último párrafo- y 281 del Código Procesal Civil y Comercial (arts. 55 y 63, ley 11.653) lo resuelto el día 16 de agosto de 2022.
III. Sentado ello, se impone anticipar que les asiste razón a las impugnantes en cuanto sostienen que en el caso correspondía intimarlas a dar cumplimiento al depósito regulado en el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial.
En tal sentido, cabe especificar que esta Suprema Corte ya se ha expedido observando que, en casos como el presente, en que no ha habido sentencia condenatoria, es necesario haber dado cumplimiento al requisito establecido por el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, aplicable supletoriamente a los procesos laborales (art.63, ley 11.653; causas Ac. 103.311, "Iteva S.A.", resol. de 4-III-2009; L. 121.007, "Ruiz", resol. de 25-X-2017; L. 121.557, "Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate", resol. de 21-VI-2018; L. 121.923, "Pezet", resol. de 26-IX-2018; L. 124.991, "Benítez", resol. de 9-XII-2020 y L. 129.229, "Villarroel", resol. de 19-IX-2022), y, tratándose de un litisconsorcio facultativo, la carga que establece el referido art. 280 debe cumplimentarse en forma individual por cada uno de los impugnantes (causas C. 121.662, "Quevedo", resol. de 20-XII-2017 y C. 122.099, "Betancor", resol. de 7-III-2018).
Así, de acuerdo al valor de dicha unidad, vigente al momento de interposición de la vía recursiva, el depósito mínimo a satisfacer en el sub lite es de pesos quinientos setenta y ocho mil setecientos ($ 578.700), por lo cual se impone intimar a cada una de las recurrentes a su cumplimiento (art. 280, cuarto párrafo, cit.).
La señora Jueza doctora Kogan y los señores jueces doctores Torres y Maidana adhieren, por los fundamentos que expone, al voto del doctor Soria.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Hacer lugar, por mayoría, a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído (art. 292 del CPCC; Acuerdo 4068/2022 y Resol. 24/20).
2. Intimar a Aesa Aseo y Ecología S.A. y al señor José Eugenio Pérez y de la Iglesia para que, en el término de cinco días -a contar desde la notificación de la apertura de la cuenta judicial- acrediten ante esta sede haber depositado, cada una y a la orden del tribunal que dictó el fallo impugnado la suma de pesos quinientos setenta y ocho mil setecientos ($ 578.700), por constituir este último el importe mínimo (100 jus ) fijado por la referida norma del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires para la admisibilidad de la vía intentada al tiempo de la interposición del recurso, bajo apercibimiento de declarar desierto el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley concedido, respectivamente (art. 280 párrafo cuarto, cit.). En tal sentido, se oficiará a dicho Tribunal laboral remitiendo copia de la presente y requiriéndole que arbitre los medios para la apertura de la cuenta judicial, la notificación a la impugnante de la misma, e informe -por medio electrónico- a esta Corte la fecha en la que el banco efectúe la señalada apertura y su notificación a la interesada. A dichos fines, se hace saber al tribunal que, a tenor de lo dispuesto en el Acuerdo 2.579/93, no es necesario contar con el expediente para realizar dicho trámite, bastando con la carátula del mismo -dato que surge de la MEV-.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y ofíciese al Tribunal de origen a los fines dispuestos en el punto III. de la presente.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/05/2023 15:38:00 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/05/2023 09:25:03 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/05/2023 11:19:58 - MAIDANA Ricardo Ramon - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/05/2023 20:13:27 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/05/2023 14:07:50 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/05/2023 15:10:12 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 30/05/2023 16:05:00 hs. bajo el número RR-658-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia