Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130556
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Chacabuco, perteneciente al Departamento Judicial de Junín, hizo lugar a la demanda promovida por Néstor Tomás Conlon y, en consecuencia, condenó a Securitas Argentina S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización por despido sin causa y otros rubros de naturaleza laboral (v. sent. de 17-III-2023).
Para así decidir, y en lo que resulta de interés destacar, entendió que al no demostrarse la causal invocada por la patronal en su comunicación rescisoria el despido del trabajador resultó injustificado.
II. Contra dicha decisión se alza la empresa demandada con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 5-IV-2023), el que fue concedido por el a quo en el marco de la excepción contenida en el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 (v. resol. de 11-IV-2023).
Denuncia absurdo en la valoración de la prueba en cuanto el tribunal tuvo por no configurado el despido directo dispuesto por la patronal.
Por otra parte, cuestiona el quantum indemnizatorio establecido en el fallo, pues entiende que el juzgador actualizó indebidamente la obligación dineraria so pretexto que se trataba de una deuda de valor. En este aspecto denuncia la violación del principio de congruencia, alegando que el actor no formuló ni solicitó la aplicación al caso del art. 772 del Código Civil y Comercial de la Nación, esto es, que su crédito debía ser actualizado por pérdida de valor adquisitivo. Considera que el tribunal de grado tomó un atajo para no declarar la inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (texto según ley 25.561).
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 123.066, "Núñez", resol. de 14-VIII-2019 y L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019), hipótesis que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020).
III.2. En este contexto, respecto del primero de los agravios ensayados, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, desde que la impugnante trae a consideración cuestionamientos y reproches relacionados a la valoración de los hechos y las pruebas y el supuesto absurdo en que habría incurrido el juzgador al apreciar las circunstancias vinculadas al despido, asuntos detraídos de la revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes citado (causas L. 120.446, "Chamas", resol. de 14-VI-2017; L. 120.677, "Merlo", resol. de 27-IX-2017; L. 122.333, "Tisera", resol. de 29-V-2019; L. 125.642, "Eseiza", resol. 4-III-2021; L. 129.435, "Maldonado", resol. de 29-XI-2022 y L. 130.149, "Salazar", resol. de 21-VI-2023).
Por otro lado, sabido es, que las doctrinas que se vinculan al vicio de absurdo no resultan idóneas a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado art. 55 de la ley ritual (causas L. 121.937, "Sosa", resol. de 17-X-2018; L. 121.811, "Maroni", resol. de 14-XI-2018; L. 125.045, "Almeida", resol. de 14-XII-2020; L. 127.812, "Casas", resol. de 7-III-2022 y L. 128.456, "Germiniani", resol. de 29-VI-2022).
III.3.a. Tampoco pueden prosperar los restantes agravios traídos, desde que los precedentes invocados por la recurrente en apoyo de su pretensión no guardan correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión, ni refieren a situaciones similares, atento su distinto contenido fáctico y jurídico (causas L. 122.320, "Beneyto", resol. de 19-XII-2018; L. 122.363, "Del Negro", resol. de 5-VI-2019; L. 125.499, "Cabrera", resol. de 16-VI-2020; L. 126.871, "Salvador", resol. de 17-VIII-2021 y L. 128.387, "Rocha", resol. 26-IV-2022).
III.3.b. Por otra parte, respecto a la denuncia de violación de doctrina legal vinculada al principio de congruencia, debe señalarse que esta Corte tiene dicho que su examen se encuentra marginado de la instancia extraordinaria en el marco de la excepción del art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 enunciada (causas L. 115.449, "Gamaleri", sent. de 5-III-2014; L. 111.776, "Vanetti", sent. de 25-II-2015; L. 123.315, "Prado", resol. 26-XII-2019; L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020 y L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021).
III.4. Finalmente, es dable recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 118.026, "González", resol. de 20-VIII-2014; L. 117.738, "Steinberg", resol. de 27-V-2015; L. 118.921, "Veliz", resol. de 23-IX-2015; L. 121.345, "Olivares", resol. de 8-VIII-2018; L. 125.761, "Ramos", resol. de 4-III-2021; L. 125.520, "Rodríguez", resol. de 12-IV-2021 y L. 127.895, "Bordón", resol de 14-III-2022).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar -respecto de lo expuesto en el apartado III.3.b.- que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/09/2023 10:02:55 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/09/2023 10:29:07 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/10/2023 14:11:06 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/10/2023 09:25:34 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/10/2023 11:35:03 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 04/10/2023 13:36:58 hs. bajo el número RR-1272-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia