Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130273
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a las quejas traídas y conceder los recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley interpuestos (art. 292 del CPCC; Acuerdo 4068/2022; art. 63, ley 11.653).
2Intimar a YPF S.A. e YPF Tecnología S.A. para que, en el término de cinco días, acompañen comprobantes que acrediten ante esta sede haber depositado a la orden del tribunal que dictó el fallo impugnado la suma de setecientos diez mil setecientos pesos($710.700), cada una, por constituir este último el importe mínimo (100 jus) fijado por la referida norma del Código Procesal Civil y Comercial provincial para la admisibilidad de la vía intentada al tiempo de la interposición del recurso, bajo apercibimiento de declarar desierto el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley concedido, respectivamente (art. 280, CPCC).
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito de los recursos que se conceden y la regulación de honorarios para su oportunidad.
El señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el caso, el Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata, en el marco de la acción por despido deducida por Cristian Ángel Ruíz contra YPF Tecnología S.A. e YPF S.A. -en adelante YPF-, rechazó el incidente de nulidad de notificación del traslado de la misma planteado por ambas codemandadas (v. pronunciamiento de 25-XI-2022).
Para así decidir, sostuvo que no obstante que los telegramas de notificación de traslado de demanda ordenados el 21 de septiembre de 2020 fueron enviados a la calle Machaca Güemes -sin número consignado- CP 1106 de CABA, es decir: a un domicilio físicamente inexistente, tal vicio -a su criterio- resultó subsanado con el acto de notificación del auto de rebeldía dictado con posterioridad, el que -destacó- se encuentra firme.
II. Ante dicho pronunciamiento, las aquí demandadas interpusieron recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. escritos de 15-XII-2022), ocasión en que destacaron, tras sostener la equiparación a sentencia definitiva el resolutorio puesto en tela de juicio por resultar violatorio de la defensa en juicio y el debido proceso legal, la configuración de un caso federal bastante a los fines de habilitar la instancia extraordinaria local.
En la vía nulitiva intentada, con sustento en lo dispuesto en los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, alegaron omisión de cuestiones esenciales y falta de fundamentación legal. En tal sentido, denunciaron que, por un lado, el sentenciante de mérito no se expidió en torno al planteo introducido en materia de situación de emergencia imperante en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la fecha de la supuesta e inidónea notificación y, por el otro, aquel articulado en torno a que más allá de la excepción que había hecho el Tribunal para notificar por un medio diferente al habitual, se había incurrido en una palmaria violación de la normativa procesal vigente en materia de notificación de traslado de demanda.
Asimismo, fundaron el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley destacando las normas que consideraron conculcadas por el hecho de que se hubiese ordenado la notificación mediante carta documento. En tal sentido, observaron que no puede ser considerado como un aval para violar todos los principios básicos que deben regir un acto de trascendencia como es el de la notificación del traslado de demanda, motivo por el cual, concluyeron que no habiendo cumplido la carta documento adjuntada por la actora, con las mínimas exigencias procesales requeridas, debería el tribunal de grado haber considerado nula e inidónea dicha diligencia, y juzgar carente de validez el cuestionada anoticiamiento.
III. A su turno, el a quo declaró inadmisibles las vías extraordinarias intentadas, en virtud de la ausencia de definitividad del pronunciamiento impugnado (v. resol. de 14-II-2023 y aclaratoria de 14-III-2023), dando lugar a la articulación de las presentes quejas (art. 292, CPCC; v. escritos electrónicos de 24-II-2023 y 15-III-2023).
En las vías directas incoadas ante esta sede extraordinaria, tras reiterar que el rechazo del planteo de nulidad de la notificación de la demanda cierra la puerta a que puedan contestar la demanda y ofrecer prueba generando así un agravio de imposible reparación ulterior, por constituir actos procesales trascendentales para un cabal ejercicio del derecho de defensa en juicio, destacan que, en la especie, no se verifican las circunstancias observadas por el tribunal de grado para motivar la declaración de inadmisibilidad de las vías impugnativas reseñadas.
Especifican, que han planteado en autos un incidente de nulidad de la notificación del traslado de demanda y lo que ha resuelto la resolución impugnada es el rechazo de dichos planteos. Concluyen así, que resulta erróneo el análisis efectuado por el tribunal laboral de aquella incidencia y sobre cuya base denegó los recursos extraordinarios presentados.
IV. Las quejas prosperan.
IV.1. De inicio, corresponde poner de resalto que en numeroso precedentes de aristas similares a la presente esta Corte ha entendido, por mayoría que he integrado, que si bien los pronunciamientos que tienen por no contestada la demanda y declaran perdido el derecho a hacerlo no constituyen -en principio- sentencia definitiva o equiparable a tal en los términos de los arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial, ya que tales decisiones no ponen fin al pleito ni impiden su continuación (causas Ac. 84.846, "Soveny", resol. de 05-VI-2002 y Ac. 87.467, "C., L.I.", resol. de 11-VI-2003; e.o.), tal criterio ha de ceder cuando -como en el sub iudice - la decisión que lo contenga o que por sus efectos lo confirme traiga aparejado un perjuicio de insusceptible reparación ulterior, no pudiendo soslayarse la particular significación que reviste la falta de contestación de demanda en tanto puede incidir en el resultado final del pleito.
Es ésta, por otra parte, la tesis que en supuestos análogos al presente siguiera la Corte Suprema de la Nación al ingresar al conocimiento del recurso extraordinario interpuesto contra la decisión de la Cámara que revocó el pronunciamiento de grado que había desestimado la revocatoria contra el auto que tuvo al letrado por presentado, parte y por interpuestas las excepciones, y ordenó el desglose del escrito presentado por aquél. En dicho precedente, sostuvo el Alto Tribunal que la decisión atacada puede ser equiparada a definitiva si concurre un supuesto de privación de justicia que afecta en forma directa al derecho de defensa en juicio, ocasionándole al demandado un perjuicio de imposible reparación ulterior, pues éste carecerá de otra oportunidad procesal para hacer valer sus derechos (cfr. CSJN, causa C.1649.XXXVI, in re "Carosella", sent. de 20-III-2003, Fallos 326:697).
Pues bien, en la especie, arguyen las interesadas que la resolución impugnada las coloca en estado de indefensión, causándoles un irreparable perjuicio al dejarlas sin contestar la demanda y sin pruebas que permitan demostrar sus defensas, no existiendo otra oportunidad para hacer valer sus derechos.
De allí que en el caso debe equipararse a una sentencia definitiva en los términos de los arts. 278 -último párrafo- y 281 del Código Procesal Civil y Comercial (arts. 55 y 63, ley 11.653) lo resuelto el día 25 de noviembre de 2022.
IV.2. En consecuencia, más allá de lo que con posterioridad se resuelva sobre la procedencia de los agravios fundantes de los recursos incoados, se hace lugar a las quejas traídas y se declara mal denegados los recursos de nulidad y de inaplicabilidad de ley deducidos, los que en estos términos se conceden (art. 292, CPCC, art. 63, ley 11.653; Ac. 4068/22; art. 63, ley 11.653).
V. Con respecto al cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de los remedios de inaplicabilidad de ley incoados, se impone destacar que esta Suprema Corte se ha expedido observando que, en casos como el presente, en que no ha habido sentencia condenatoria, es necesario haber dado cumplimiento al requisito establecido por el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, aplicable supletoriamente a los procesos laborales (art. 63, ley 11.653; causas Ac. 103.311, "Iteva S.A.", resol. de 4-III-2009; L. 121.007, "Ruiz", resol. de 25-X-2017; L. 121.557, "Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate", resol. de 21-VI-2018; L. 121.923, "Pezet", resol. de 26-IX-2018 y L. 124.991, "Benitez", resol. de 9-XII-2020).
Asimismo, cabe observar que en el presente caso a fin de analizar los recaudos previstos en los arts. 278 y 280 del Código Procesal Civil y Comercial, el valor del agravio está representado para las interesadas por el importe de los rubros reclamados en la acción objeto del incidente de nulidad de notificación que cuestionan (v. escrito de demanda y su ampliación de fechas 7-VII-2020 y 9-X-2020, causas Ac. 105.225, "Wasylciw", resol. de 8-VII-2009; L. 120.679, "Ortiz", resol. de 27-XII-2017 y L. 125.239, "Pérez Díaz", resol. de 2-XI-2020; e.o.). Y, a los fines de cumplir con la exigencia del citado art. 280, tratándose de un litisconsorcio facultativo, aun cuando recurran de modo conjunto, la carga que establece el mismo -y sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva- debe cumplimentarse en forma individual por cada una de aquellas (conf. doctr. causas C. 112.712, "Gaitán", resol. de 20-X-2010; C. 116.630, "Transporte Atlántico del Sud S.A.", resol. de 13-VI-2012; C. 117.086, "Antin Guiraldes,", resol. de 19-XII-2012; C. 119.213, "L., R. J.", resol. de 15-VII-2015 y C. 121.792, "Montero", resol. de 7-III-2018).
Así, de acuerdo a lo dicho, el depósito a satisfacer en el sub lite es de setecientos diez mil setecientos pesos ($710.700), fijados por el citado art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial en concepto de cien (100) jus arancelarios, si el equivalente al diez (10) por ciento del valor del litigio fuere inferior al valor de dicha unidad, vigente al momento de interposición de la vía recursiva (art. 280, primero y cuarto párrafo, cit.).
El señor juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Kogan adhieren, por los fundamentos que expone, al voto del doctor Soria.
El señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Adhiero al voto de mi distinguido colega doctor Soria dejando a salvo mi opinión en lo relativo a lo resuelto en el punto IV.1., en razón de la celeridad y la economía procesal, he de acompañar -conforme lo dispuesto en el art. 31 bis de la ley 5827 y modificatorias- la propuesta decisoria formulada por los jueces preopinantes, en tanto refleja el criterio mayoritario de esta Suprema Corte de Justicia.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Hacer lugar a las quejas traídas y conceder los recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley interpuestos (art. 292 del CPCC; Acuerdo 4068/2022; art. 63, ley 11.653).
2. Intimar a YPF S.A. e YPF Tecnología S.A. para que, en el término de cinco días, acompañen comprobantes que acrediten ante esta sede haber depositado a la orden del tribunal que dictó el fallo impugnado la suma de setecientos diez mil setecientos pesos($710.700), cada una, por constituir este último el importe mínimo (100 jus) fijado por la referida norma del Código Procesal Civil y Comercial provincial para la admisibilidad de la vía intentada al tiempo de la interposición del recurso, bajo apercibimiento de declarar desierto el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley concedido, respectivamente (art. 280, CPCC).
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito de los recursos que se conceden y la regulación de honorarios para su oportunidad.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y pasen los autos al Señor Procurador de la Suprema Corte de Justicia en atención al recurso extraordinario de nulidad concedido.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/10/2023 09:27:48 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/10/2023 10:38:25 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/10/2023 10:23:19 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/11/2023 09:30:03 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/11/2023 10:04:20 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 01/11/2023 11:02:57 hs. bajo el número RR-1410-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia