Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130974
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, rechazó la acción promovida por la señora María Cecilia Pirola contra Aguas Bonaerenses S.A. en cuanto pretendía el cobro de diferencias en el pago de las indemnizaciones derivadas del despido, daño moral y otros rubros de naturaleza laboral (v. pronunciamiento de fecha 5-V-2023 y aclaratorias de fecha 7-VI-2023 y 8-VI-2023).
Para así decidir, y en lo que interesa destacar por ser materia de agravio, declaró no acreditada la antigüedad pretendida y la categoría profesional denunciada y, en consecuencia, juzgó no probado que existieran diferencias salariales e indemnizatorias a favor de la trabajadora relacionadas con la extinción del vínculo laboral.
Por otro lado, al tener por acreditado que la empleadora cumplió con la obligación prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, vinculada con la entrega de los certificados de trabajo, desestimó el reclamo respecto de la multa a la que alude la citada norma.
Asimismo, con fundamento en las probanzas aportadas a la causa, concluyó que no habían sido demostradas ningunas de las causales invocadas por la trabajadora para considerarse víctima de mobbing, ni siquiera a un nivel indiciario.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 24-V-2023), el que fue concedido por el a quo (v. providencia de fecha 12-VI-2023).
En primer lugar, la parte actora denuncia absurdo en la apreciación de la prueba y se agravia de que el tribunal no haya tenido por reconocida la antigüedad y la categoría denunciadas en la demanda.
Luego, objeta el rechazo del daño moral, en este sentido, entiende que el tribunal realizó un erróneo análisis de la prueba aportada a la causa respecto de los hostigamientos padecidos por la actora.
Por último, se agravia del rechazo de la multa prevista en el art. 80 de la ley 20.744.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Liminarmente, cabe destacar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en examen -representado por el capital reclamado en la demanda- no excede el importe mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), sin que corresponda adicionar intereses o realizar actualizaciones (causas L. 126.094, "Cjumo", resol. de 16-VII-2021 y L. 129.801 "Andrada", resol. de 21-VI-2023). Por tal razón, su admisibilidad sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 127.604, "Díaz", resol. 20-XII-2021 y L. 130.306, "Mangiapane", resol. de 21-VI-2023).
Así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 126.806, "Giles", resol. de 21-VI-2023 y L. 130.155, "Alcaraz", resol. de 11-VII-2023).
III.2. En este contexto, respecto de los cuestionamientos dirigidos a objetar la antigüedad y la categoría laboral pretendida por la trabajadora, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que las doctrinas traídas por la recurrente en apoyo de sus pretensiones, por un lado, remiten al análisis de cuestiones de hecho y prueba y el supuesto absurdo en que habría incurrido el tribunal de trabajo al meritar las circunstancias probatorias de la litis, situación detraída de revisión en el estrecho marco cognitivo del remedio procesal intentado (causas L. 125.074, "Spano", resol. de 14-XII-2020; L. 125.059, "Guzmán", resol. de 21-XII-2020 y L. 128.701, "Zaragoza", resol. de 19-IX-2022) y, por otro, aluden a presupuestos fácticos distintos a los del presente caso (causas L. 121.459, "López", resol. de 26-XII-2018; L. 122.751, "Rojas", resol. de 29-V-2019; L. 123.525, "Loureiro", resol. de 11-III-2020 y L. 127.234, "Raimo", resol. de 7-III-2022).
Además, tiene resuelto esta Corte que las doctrinas referidas al vicio de absurdo no resultan idóneas a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado art. 55 de la ley ritual (causas L. 118.068, "Gudiño", resol. de 20-XI- 2014; L. 118.239, "González", resol. de 19-II-2015 y L. 122.256, "Mendoza", resol. de 24-IV-2019).
III.3. En relación a los restantes agravios traídos, tampoco se advierte configurado en la especie el supuesto excepcional mencionado, en tanto que, por un lado, los planteos propuestos también remiten al análisis de típicas cuestiones fácticas y probatorias -como lo son, aquellas relacionadas a la determinación de si se configuró o no el acoso laboral denunciado y los presupuestos para la procedencia de la multa prevista en el art. 80 de la ley 20.744- ajenas al ámbito de la casación por la vía indicada (causas L. 121.646, "Martínez Aquino", resol. de 5-XII-2018; L. 122.256, "Mendoza", resol. de 24-IV-2019; L. 122.550, "Buonincontro", resol. 14-VIII-2019 y L. 127.090, "Ollamburo", resol. de 13-X-2021) y, por el otro, por cuanto los precedentes de esta Corte que la impugnante cita en apoyo de sus agravios no guardan correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión, ni refieren a situaciones similares, atento a su distinto contenido fáctico y jurídico (causas L. 118.187, "Riple", resol. de 10-XII-2014; L. 118.309, "Di Rocco", resol. de 19-II-2015; L. 119.909, "Waslet", resol. de 28-XII-2016; L. 121.314, "Aristemuño", resol. de 8-VIII-2018; L. 124.719, "Di Lernia", resol. de 21-IX-2020; L. 127.029, "Nicolini", resol. de 1-XI-2021 y L. 128.186, "Gala", resol. de 19-V-2022).
III.4. Por lo demás, es dable recordar que no constituye doctrina legal, en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia ni de la Corte nacional (causas L. 121.429, "Maravilla", sent. de 19-IX-2019; L. 121.841, "Sanchioni", sent. de 21-IV-2021; L. 128.158, "Robaldo", resol. de 5-V-2022 y L. 130.935, "Pazos", resol. de 1-XI-2023).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/02/2024 14:40:47 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/02/2024 10:02:21 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/02/2024 18:04:33 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/02/2024 07:28:49 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/02/2024 08:11:34 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 26/02/2024 09:16:00 hs. bajo el número RR-47-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia