Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130738
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído atento que el agravio en él introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos, revocándose el fragmento de la sentencia de grado en lo concerniente al cálculo de la indemnización derivada del despido. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique una nueva liquidación con arreglo a lo que aquí se ha resuelto, con costas a la vencida (arts. 31 bis, ley 5.827, y modif. y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda interpuesta por el señor Gerardo Gustavo Piñero contra Loginter S.A. en la que procuraba el cobro de diferencias indemnizatorias derivadas del despido (v. pronunciamiento de fecha 5-IV-2023).
Para así decidir, descalificó de oficio la constitucionalidad del art. 245 segundo párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo, apartándose de los precedentes "Vizzoti" y "Bravo Elizondo".
II. Frente a lo así resuelto, Loginter S.A. interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 24-IV-2023), el que fue concedido por el tribunal de grado en el marco de la excepción contemplada en el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 (v. resolución del 19-V-2023).
En su impugnación denuncia violación de la doctrina emanada del fallo "Vizzoti" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y su recepción seguida por este Tribunal en distintos fallos que cita (causas L. 79.366, "Bravo Elizondo", sent. de 28-V-2006; L. 120.944, "Macuso, sent. de 11-III-20; entre otros), alegando que el juzgador calculó la indemnización por antigüedad debida al trabajador sin el límite del 33% en ella establecida.
III. El recurso debe prosperar.
III.1. Liminarmente, se impone observar que -en el caso- el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no excede -como lo dispuso el juzgador en el auto de concesión de fecha 19-V-2023- el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, vigente a la fecha de interposición del remedio procesal, razón por la cual la admisibilidad de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla en el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653.
II.2. En ese orden, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente, hipótesis que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.435, "Estévez", resol de 21-XII-2020; L. 128.987, "Ojeda", resol. de 18-VIII-2022 y L. 129.838, "Saavedra", resol. 17-IV-2023).
III.3. En el indicado marco de análisis cabe señalar la procedencia de la impugnación, toda vez que la definición plasmada por el órgano judicial de grado, al determinar la base salarial para calcular las indemnizaciones por despido, es contraria a la doctrina de esta Corte sentada a partir de la causa L. 79.366, "Bravo Elizondo" (sent. de 28-V-2006).
En efecto, reiteradamente este Tribunal en numerosos pronunciamientos, y en consonancia con las directrices que emanan del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de la causa "Vizzoti, Carlos Alberto c/ Amsa S.A. s/ despido" (sent. de 14-VII-2004), declaró la inconstitucionalidad del art. 245, párrafos segundo y tercero de la Ley de Contrato de Trabajo (art. 153, ley 24.013) cuando se compruebe que la aplicación del tope que allí se refiere afecta en más de un 33% la base salarial prevista en el primer párrafo de esa misma norma, esto es: la mejor remuneración mensual normal y habitual percibida por el trabajador durante el último año, o el tiempo de prestación de servicios si éste fuere menor. En tal caso, la indemnización por antigüedad deberá calcularse con arreglo al importe de dicha remuneración, reducido en aquel porcentaje (causas L. 98.450, "Cabello", sent. de 14-III-2012; L. 99.621, "Kieczur", sent. de 16-V-2012; L. 105.151, "Navasal", sent. de 24-VI-2015; L. 121.824, "Silveyra", resol. de 12-IX-2018 y L. L. 127.234, "Raimo", resol. de 7-III-2022).
A tenor de lo dicho, corresponde casar el pronunciamiento de grado en cuanto arribó a una estimación de la indemnización por antigüedad "sin límite alguno", apartándose del parámetro porcentual anteriormente citado.
IV. Por último, cabe recordar al Tribunal de Trabajo interviniente que la hipótesis de violación de doctrina legal constituye un fundamento autónomo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 278, CPCC; 55 y 63 de la ley 11.653) y que el acatamiento de aquélla por parte de los jueces responde a la necesidad de mantener -conforme una de las facetas de la télesis de la casación- la uniformidad de los fallos. Tal finalidad se ve frustrada frente a decisiones que -como la presente- se apartan del criterio sentado por esta Corte, con el consecuente dispendio de actividad jurisdiccional y tiempo para las partes litigantes que reclaman justicia (arts. 34 inc. 5 "e", CPCC; 63, ley 11.653; 15, Constitución provincial). Ello no importa menoscabar la función de los magistrados, pues a éstos les basta -en todo caso- con dejar a salvo sus opiniones personales.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído atento que el agravio en él introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos, revocándose el fragmento de la sentencia de grado en lo concerniente al cálculo de la indemnización derivada del despido. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique una nueva liquidación con arreglo a lo que aquí se ha resuelto, con costas a la vencida (arts. 31 bis, ley 5.827, y modif. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/03/2024 09:59:48 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/03/2024 09:35:27 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/03/2024 11:08:22 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/03/2024 15:31:29 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/03/2024 08:17:48 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 06/03/2024 09:12:34 hs. bajo el número RR-111-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia