Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129782
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el Señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, atento a que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de San Nicolás hizo lugar -parcialmente- a la demanda promovida por los señores Claudio Carlos Moreyra, Mario Daniel Barrios, Gastón Maximiliano Leal, Leonardo Martín Alegre, Dante Ezequiel Araujo, Rubén Fernando Schmidt, Daniel Darío Gómez, René Osvaldo Paredes, Julio Alberto Villa, Juan Carlos Hidalgo, Hugo Moreyra, Juan Luis Barreto y Marcelo Fabián Zanco y, en consecuencia, condenó a IMA Servicios Industriales Argentina S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de diferencias en el pago de la indemnización por despido y otros rubros de linaje laboral (v. vered. y sent. de 6-IX-2022).
Para así decidir, juzgó que el accionado utilizó una base de cálculo deficiente para cuantificar los rubros resarcitorios a los cuales, los trabajadores despedidos sin justa causa, tenían derecho a percibir.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado pasivo dedujo recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 23-IX-2022) los que fueron concedidos en la instancia de grado (v. providencia del 30-IX-2022), habiéndose conferido vista al Procurador General (v. dictamen electrónico de fecha 24-V-2024).
III. En el primero de los remedios mencionados denuncia violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
En lo esencial, alega que el juzgador omitió el tratamiento de cuestiones esenciales. Concretamente, las defensas articuladas en ocasión de contestar la acción interpuesta contra su parte, esto es, los acuerdos conciliatorios a los que las partes de este litigio arribaron en el Ministerio de Trabajo de San Nicolás, de cuya constancia existe prueba abundante en el expediente, la cual tampoco ha sido valorada por el juzgador.
III.1. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera.
En principio corresponde recordar que el remedio extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. cit. L. 121.026, "Autalan", resol. de 3-V-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020; L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021 y L. 128.958, "Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo", resol. de 11-VII-2023).
III.2. De la simple lectura de la sentencia en crisis y de los términos de la impugnación contra ella deducida, fácil resulta advertir -sin perjuicio de otras consideraciones- que el interesado, bajo la denuncia de la supuesta omisión de cuestiones esenciales, dirige su objeción a censurar el acierto fáctico y jurídico de la decisión arribada en el pronunciamiento de origen, cuyos fundamentos intenta conmover mediante la descalificación de la labor axiológica desplegada por los jueces de grado, típicos vicios de juzgamiento cuyo tratamiento excede el limitado marco de conocimiento del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 112.922, sent. de 23-XII-2014; L. 120.774, sent. de 4-IX-2019; L. 120.924, sent. de 6-X-2020; L. 128.000, "Flores", resol. de 19-IX-2022 y L. 130.947, "Moyano", resol. de 23-VIII-2023).
Es dable recordar que, en el marco de la vía extraordinaria en tratamiento, no son atendibles las alegaciones relativas a la prueba, e incluso, a la existencia de una eventual preterición de alguna pieza de dicha naturaleza, habida cuenta que se refieren a cuestiones ajenas a su ámbito y propios -en cambio- del de inaplicabilidad de ley (causas L. 120.917, "Abadie", resol. de 25-X-2017; L. 121.293, "Insua", resol. de 29-VIII-2018; L. 125.386, "Tito", resol. de 4-V-2021 y L. 130.151, "Aparicio", resol. de 29-V-2023).
III.3. Finalmente, carece de entidad atendible ante esta Corte la denuncia de violación del art. 171 de la Constitución local si no se advierte en el recurso un desarrollo de agravios relacionados con una eventual falta de fundamentación legal del pronunciamiento (causas L. 123.718, "Kollrich Borsani", resol. de 9-VI-2020; L. 126.258, "Alterino", resol. de 26-V-2021; L. 129.219, "Barbuto", resol. de 5-XII-2022 y L. 130.202, "Jordan", resol. de 1-XI-2023; e.o.).
IV. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el interesado denuncia que el a quo incurrió en absurdo al concluir que la indemnización de los actores ha sido liquidada de manera errónea.
IV.1. El recurso no puede prosperar.
IV.2. Liminarmente, cabe señalar que, en el supuesto de litisconsorcio facultativo activo -como se verifica en autos-, el valor de lo cuestionado ante esta instancia se encuentra representado, para la parte demandada, por el importe del capital de condena individualmente determinado en favor de cada uno de los actores, el que no supera -en ningún caso- el mínimo para recurrir establecido por el Código Procesal Civil y Comercial, necesario para acceder a su revisión por el remedio intentado (causas L. 123.499, "Hernando", resol. de 16-III-2020; L. 124.465, "Naguel", resol. de 17-VI-2020 y L. 125.946, "Panebianco", resol. de 11-V-2021).
En razón de lo expuesto, la función revisora de esta Corte -en el marco del supuesto excepcional contemplado en el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653- queda circunscripta a constatar si lo resuelto por el órgano judicial de grado contradice la doctrina legal vigente, violación que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado transgrede la misma en un caso similar (causas L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020).
IV.3. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que los precedentes que cita el recurrente, vinculados al vicio de absurdo, no resultan idóneos a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado art. 55 de la ley ritual (causas L. 121.937, "Sosa", resol. de 17-X-2018; L. 121.811, "Maroni", resol. de 14-XI-2018 y L. 125.045, "Almeida", resol. de 14-XII-2020).
Por último, corresponde recordar que la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial es la que fluye de los pronunciamientos de esta Suprema Corte y no de los fallos de otros tribunales o de la doctrina de los autores (causas L. 121.429, "Maravilla", sent. de 19-IX-2019; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020 y L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el Señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, atento a que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/07/2024 13:27:21 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/07/2024 10:36:18 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/07/2024 10:43:28 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/07/2024 10:12:59 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/07/2024 09:37:16 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/07/2024 12:55:54 hs. bajo el número RR-817-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia