Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132238
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Soria y Torres, y la señora Jueza doctora Budiño, dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la acción promovida por el señor Walter René Nuozzi y, en consecuencia, condenó a Gador S.A. a pagar la suma que especificó en concepto de indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral con más los intereses en la forma que ordenó (v. vered. y sent. de fecha 19-II-2024).
Para así decidir, juzgó que el contrato de trabajo entre las partes concluyó por despido directo encubierto bajo el ropaje de un supuesto acuerdo al que arribaron las partes en los términos del art. 241 de la Ley de Contrato de Trabajo.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 4-III-2024), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de 15-III-2024).
En su presentación, relata los antecedentes de la causa. Alega absurdo, cita normas jurídicas y la doctrina legal que considera vulnerada.
En rigor, la crítica se orienta a objetar la decisión del juzgador de considerar que la relación laboral se extinguió por despido directo dispuesto por el principal. Por el contrario, a criterio de la recurrente, la prueba obrante en autos dio cuenta que el vínculo laboral entre las partes concluyó en los términos previstos por el art. 241, último párrafo, de la Ley de Contrato de Trabajo, no existiendo probanza alguna que demuestre algún vicio en la voluntad del trabajador al tiempo de suscribir el acuerdo rescisorio.
Luego, se disconforma con el progreso de los rubros indemnizatorios complementarios a la indemnización por despido, tal como es, la multa prevista en el art. 2 de la ley 25.323.
Finalmente, asegura que se quebrantó la carga de la prueba y aplicó, en forma desacertada, la presunción contenida en el art. 39 de la ley 11.653.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en examen -representado por el monto en concepto de capital de condena- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). En consecuencia, el tratamiento de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción del art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 -aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario- (causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 115.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020; L. 129.056, "Nicora", resol. de 4-X-2022 y L. 131.634, "Paz", resol. de 29-VII-2024).
III.2. De tal modo, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 121.387, "Monti", sent. 19-IX-2019; L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020; L. 125.781, "Mora", resol. de 17-II-2021 y L. 131.689, "Carmona", resol. de 3-VI-2024).
III.3. Bajo las señaladas premisas, en relación a los dos primeros agravios, la exclusión de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, toda vez que mediante la denuncia de violación de doctrina legal la impugnante trae a consideración planteos vinculados a cuestiones cuya definición es privativa del tribunal de grado, relacionadas a la valoración de los hechos y las pruebas, así como al supuesto absurdo en que habría incurrido el tribunal de trabajo al meritar las circunstancias probatorias de la litis, asuntos detraídos de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes citado (causas L. 122.127, "Saavedra", resol. de 10-IV-2019; L. 122.613, "Parceq", resol. de 5-VI-2019; L. 125.484, "Ríos", resol. de 21-XII-2020 y L. 131.317, "Martínez", resol. de 26-XII-2023).
Luego, cabe recordar que reiteradamente ha declarado esta Corte que las doctrinas referidas al vicio de absurdo no resultan idóneas a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado art. 55 de la ley ritual (causas L. 116.942, "Novelli", sent. de 28-X-2015; L. 119.427, "De Santo", sent. de 21-II-2018; L. 120.430, "González", sent. de 2-V-2019; L. 124.463, "Gamero", resol. de 14-VII-2020; L. 125.418, "Marín", resol. de 12-II-2021 y L. 129.265, "Rodríguez", resol. de 3-XI-2022).
III.4. Asimismo, corresponde advertir que no se verifica el excepcional supuesto de admisibilidad cuando los precedentes traídos en el recurso se encuentran relacionados con la supuesta alteración de las reglas del onus probandi y la interpretación de preceptos de carácter adjetivo, como lo es, el art. 39 de la ley 11.653 (causas L. 121.519, "Gómez", resol. 6-VI-2018; L. 121.631, "Sosa", resol. de 27-II-2019; L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020 y L. 128.903, "Lineros", resol. de 19-IX-2022).
Por lo demás, es dable recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020; L. 128.892, "Moreno", resol. de 19-IX-2022 y L. 129.401, "Orione", resol. de 17-IV-2023).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/12/2024 15:55:29 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/12/2024 18:45:07 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/12/2024 23:57:40 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/12/2024 07:24:57 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/12/2024 08:50:55 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 30/12/2024 11:59:48 hs. bajo el número RR-1626-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia