Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129524
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación al agravio tratado en el punto III.3, en atención a que ha sido desestimado en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.); y declararlo procedente respecto de los analizados en los puntos III.2 y III.4.a., revocándose el pronunciamiento de grado con el alcance allí establecido. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin que obre de conformidad a lo aquí resuelto.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata, en el marco del juicio iniciado por el señor Juan Eduardo Daniel Álvarez contra la Provincia de Buenos Aires, en procura del pago de una indemnización por las secuelas incapacitantes derivadas del infortunio que denunció padecer, rechazó el planteo de caducidad y las excepciones de incompetencia, falta de acción y cosa juzgada opuestas por la parte demandada (v. pronunciamiento de fecha 15-III-2022).
Para así decidir, declaró inicialmente la inconstitucionalidad del art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 en cuanto establece el plazo perentorio de noventa -90- días hábiles para interponer la acción laboral ordinaria; ello por resultar incompatible con los principios y garantías constitucionales que citó. En consecuencia, rechazó el planteo de caducidad deducido.
Luego, desestimó la defensa de cosa juzgada también opuesta argumentando que el hecho de que el trabajador haya concurrido ante la Comisión Médica Jurisdiccional no impide un posterior reclamo autónomo, ya que los pronunciamientos dictados por dicho organismo no producen efecto de cosa juzgada sobre esas acciones, "ni siquiera en el caso de que hubiera percibido las prestaciones sistémicas con arreglo a lo allí dictaminado". Asimismo, con apoyo en jurisprudencia de este Tribunal y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, agregó que tampoco resultaba aplicable en perjuicio del trabajador incapacitado la doctrina de los actos propios.
Por otra parte, en oportunidad de resolver las excepciones de incompetencia y falta de acción articuladas contra el reclamo del actor por el resarcimiento de las afecciones psicológicas, declaró la inconstitucionalidad de los arts. 1, 2 y 4 de la ley 27.348 y de la ley de adhesión 14.997 y su aptitud jurisdiccional para entender en autos.
II. Frente a lo así resuelto, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 5-IV-2022), el que fue concedido por el a quo (v. proveído electrónico de fecha 22-IV-2022).
II.1. Por un lado, objeta el pronunciamiento del tribunal de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 y rechazó el planteo de caducidad opuesto.
II.2. Por otra parte, sostiene que la acción intentada debe desestimarse porque las partes celebraron un acuerdo en la instancia administrativa, siendo homologado por el Titular del Servicio de Homologación y habiendo la trabajadora, inclusive, percibido las correspondientes prestaciones dinerarias, adquiriendo -de este modo- autoridad de cosa juzgada en los términos del art. 15 de la Ley de Contrato de Trabajo.
II.3. Finalmente, cuestiona la decisión por la que se desestimó las excepciones de incompetencia y falta de acción respecto de la pretensión del actor vinculada al daño psicológico padecido. Alega que la acción ordinaria no supone la posibilidad de incorporar secuelas no invocadas ante las comisiones medicas jurisdiccionales.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Sin perjuicio de otras consideraciones que pudieran formularse, cabe inicialmente señalar que -en el caso- el objeto del pleito se halla definido por una pretensión dirigida a obtener el pago de diferencias en las prestaciones dinerarias otorgadas en sede administrativa (v. dem., puntos I y XII, y sent., primera cuestión).
III.2. En tales condiciones, alterando por razones lógicas el orden de los agravios, cabe indicar que el segundo embate que porta la crítica halla adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir las causas L. 128.348, "Lescano" (sent. de 27-II-2024) y L. 128.309, "Pardal" (sent. de 6-III-2024), en lo vinculado a los extremos que condujeron a tener por configurada la cosa juzgada administrativa en el marco del régimen de riesgos del trabajo (arts. 2 y 14, ley 27.348, su Anexo I y resol. 298/17 de la SRT en lo pertinente-; arts. 2 inc. "j" y 103, ley 15.057), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
Sentado ello, corresponde declarar operada en el caso la cosa juzgada administrativa con los mismos alcances que en la instancia de grado.
III.3. Luego, el agravio dirigido contra la decisión del tribunal que declaró la inconstitucionalidad del plazo previsto en el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, halla adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir la causa L. 131.700, "Magliano" (sent. de 19-IX-2025); a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, primer párrafo, ley 5.827 y modif.).
III.4.a. Finalmente, cabe señalar que resulta atendible la objeción planteada en torno a la declarada aptitud jurisdiccional del tribunal de grado para entender respecto del reclamo vinculado a la afección psicológica invocada por el actor. Ello así, toda vez que esta Suprema Corte ha sentado criterio en relación a la validez constitucional y aplicabilidad de las leyes 14.997 y 27.348 (arts. 1 a 4, en lo pertinente), al decidir entre muchas otras- las causas L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020); L. 123.792, "Szakacs" y L. 124.309, "Delgadillo" (sents. de 28-V-2020), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
III.4.b. Bajo tales directrices, teniendo en consideración las constancias obrantes en la causa (v. archivos adjuntos a las presentaciones electrónicas de fecha 8-IX-2021 y 18-XI-2021), así como lo manifestado por el actor en el punto II de la demanda, y lo expuesto por la accionada en el apartado VII del escrito de contestación de la demanda, corresponde remitir las actuaciones a la instancia de grado a sus efectos.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación al agravio tratado en el punto III.3, en atención a que ha sido desestimado en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.); y declararlo procedente respecto de los analizados en los puntos III.2 y III.4.a., revocándose el pronunciamiento de grado con el alcance allí establecido. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin que obre de conformidad a lo aquí resuelto.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/10/2026 20:12:16 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/10/2026 10:40:28 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/11/2026 10:31:48 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/11/2026 12:09:31 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/11/2026 13:47:08 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 04/11/2026 14:37:44 hs. bajo el número RR-2459-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia