Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 65608
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 65.608, "Van Brussel, Elba E. c/ Municipalidad de Castelli s/ Diferencia de sueldos. Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, de Lázzari, Pettigiani, Torres, Kohan, Maidana, Borisnky.
I. Elba Ester Van Brussel, mediante apoderamiento letrado, promueve demanda por cobro de haberes contra la Municipalidad de Castelli. Pretende el pago correspondiente a las guardias pasivas de obstetricia adeudadas, el beneficio especial del art. 19 inc. "f" de la ley 11.757, daño moral, intereses e imposición de costas (v. fs.36/39).
II. Previa declaración de incompetencia del Tribunal de Trabajo que previno (v. fs. 41/42), la causa es radicada ante la Secretaría de Demandas Originarias de este Tribunal (v. fs. 46).
III. Corrido el traslado de ley se presenta la Municipalidad de Castelli, contesta demanda y solicita su rechazo (v. fs. 83/85).
IV. Agregadas las actuaciones administrativas, los cuadernos de prueba de las partes y los respectivos alegatos (v. fs. 439/441 y 442/444), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª) ¿Es fundada la demanda?
En tal caso:
2ª) ¿Qué pautas corresponde aplicar para establecer la condena correspondiente?
3ª) ¿Procede el pago del daño moral?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Relata la actora que ingresó a laborar para la Municipalidad de Castelli, en el Hospital "Ramón Carrillo" en el mes de noviembre de 1966, desempeñándose como obstetra, designada para tal cargo por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
Destaca lo impecable de su desempeño y se explaya sobre su profusa capacitación.
Enfatiza el reconocimiento que la gente de la localidad de Castelli tiene para con su persona para luego resaltar el trato desleal de ciertos agentes municipales que, según denuncia, la indujeron con artimañas a jubilarse y finalmente no cumplieron con lo acordado.
Transcribe el intercambio telegráfico realizado mediante el cual requirió el pago de los rubros reclamados por medio de la presente demanda.
Así, en relación a las guardias pasivas, pretende que se le abonen las efectuadas desde 1999 hasta mayo de 2002; en cuanto al beneficio previsto por el art. 19 inc. "f" de la ley 11.757, hace hincapié el hecho de haber trabajado en la Municipalidad hasta el 14 de mayo de 2002 y por lo tanto poseer un derecho adquirido cuyo cobro no puede ser enervado por una ley posterior y, finalmente, en relación al daño moral alegado, fundamenta su reclamo en el hondo pesar emocional que le produjo el trato recibido por agentes municipales después de tantos años de servicio y no poder saldar una deuda a la que se había comprometido previendo percibir el premio impago.
Ofrece prueba.
II. Corrido el traslado de ley, se presenta a juicio la Municipalidad de Castelli y solicita el rechazo de la pretensión.
En primer lugar, formula oposición al reclamo por daño moral, negando que la actora hubiere sido inducida a jubilarse y sosteniendo que no puede atribuirse al municipio, el incumplimiento del crédito que la actora menciona.
En cuanto al rubro guardias pasivas, replica los argumentos de la señora Van Brussel que reclama este pago basándose en el expediente 4023-SGH-018/99 correspondiente al cálculo de recursos y presupuesto del año 1999, el que prevé las guardias pasivas de obstetricia para cubrir los domingos. Agrega que en los presupuestos del año 2000 en adelante no se consignó este tipo de guardias para el servicio de obstetricia y que tampoco se realizaron. Sostiene, por otra parte, que la actora no demostró que el municipio le hubiere hecho realizar estas guardias.
Y en relación a la bonificación prevista por el art. 19 inc. "f" de la ley 11.757, explica que la fecha en que Van Brussel presentó su renuncia fue el 24 de mayo de 2002, momento en que ya se encontraba interrumpido su pago por la ley 12.874 del 16 de mayo de 2002, en el marco y en el plazo de la ley de emergencia, por lo que no se generó derecho para los agentes involucrados, tal como quedó expresamente establecido por la modificación al art. 67 establecida por la ley 12.909.
Añade que los dichos de la actora y la documentación acompañada no son auténticos.
Ofrece prueba.
III. De las actuaciones administrativas agregadas y demás prueba producida, resultan los siguientes datos útiles para la resolución de la presente causa:
1. Intercambio telegráfico (v. fs. 210/211).
2. Expediente 4023-SGH 018/99, que culmina con el decreto 232/99, que promulga la ordenanza 22/99 que contiene el cálculo de recursos y presupuesto de gastos del año 1999 para la Municipalidad de Castelli. Allí se incorpora (mediante ordenanza complementaria 23/99) el pago de guardias pasivas del Servicio de Obstetricia para cubrir los días domingos con idéntico valor que las guardias pasivas de los médicos (v. fs. 55).
3. Testimonios de las señoras Constantino, Muñoz y Russi (v. fs. 200/202).
4. Decreto 291/02, acompañado en copia certificada por la Auxiliar Letrada del Juzgado de Paz de Castelli, doctora Silvina Jaime. En él se acepta la renuncia presentada por la agente Elba Van Brussel, con fecha 24 de mayo de 2002. Asimismo, se ordena el pago del Sueldo Anual Complementario correspondiente hasta ese mismo día y se otorga un anticipo jubilatorio a partir del 1 de junio de 2002 (v. fs. 78).
5. Respuesta a consulta verbal de la actora, realizada por el Intendente municipal con fecha 9 de septiembre de 2002, donde explica que el beneficio dispuesto por el art. 19 inc. "f", segundo párrafo de la ley 11.757 se encuentra interrumpido por las disposiciones de la ley 12.874 y sus modificatorias a partir del 23 de junio de 2002 (v. fs. 16).
6. Copia de Certificación de Servicios acompañada por la demandada, de donde resulta que la actora egresó de la Municipalidad el 24 de mayo de 2002 computándose una antigüedad de 36 años, 6 meses y 25 días (v. fs. 77).
7. Nota suscripta por Van Brussel, donde eleva su renuncia al señor Intendente municipal, al cargo de Obstetra, a partir del día 24 de mayo de 2002 (v. fs. 80).
8. Pericia contable (v. fs. 240/287).
9. Copia certificada por el Secretario de Gobierno y Hacienda municipal del decreto 291/02 (v. fs. 295).
10. Fotocopia certificada del expediente 127043/02 de trámite por ante el Instituto de Previsión Social donde obra la resolución del 15 de septiembre de 2004 por la que se acordó el beneficio de jubilación ordinaria de la ley 12.563 a "Alba" Ester Van Brussel, a partir del 24 de mayo de 2002, reconociéndosele una antigüedad de 35 años, 5 meses y 25 días.
IV. Tal como han quedado expuestas las posiciones de las partes, la cuestión litigiosa sometida a consideración del Tribunal reside en determinar si en el caso, procede: a) el pago de una compensación por guardias pasivas y b) el pago de la retribución especial contemplada en el art. 19 inc. "f", segundo párrafo de la ley 11.757.
IV.1.a. En relación al rubro de guardias pasivas solicitado, la actora reclama el pago de las realizadas en los últimos treinta meses trabajados en el Hospital Ramón Carrillo de la ciudad de Castelli, en su carácter de obstetra, en base a la ordenanza complementaria expediente 4023-SGH-018/99 de fecha 2 de febrero de 1999.
Explica que de esta norma surge la cración, se fija la remuneración y se regulan las guardias pasivas en la especialidad referida.
Sostiene que siempre cumplió con la guardia pasiva de obstetricia del Hospital desde 1999 y hasta el momento en que la indujeran a jubilarse en mayo de 2002, y que no percibió por ello suma alguna, por lo que reclama su pago.
La demandada, por su parte, explica que el expediente 4023-SGH-018/99 corresponde al cálculo de recursos y presupuesto del año 1999 que establece las guardias pasivas de obstetricia para cubrir los domingos. Pero aclara que en los presupuestos del año 2000 en adelante no se previeron este tipo de guardias para el servicio de obstetricia, y que tampoco se realizaron. Por lo tanto, solicita el rechazo de esta pretensión.
IV.1.b. La prueba producida en autos resulta insuficiente para acreditar la posición de la actora.
Si bien las testigos que declararon en autos (v. fs. 200/202), manifestaron que la señora Van Brussel permanecía a disposición del Hospital durante las 24 hs. del día, no brindaron precisiones sobre si esto sucedió en el período reclamado (fines de diciembre de 1999 a mayo de 2002).
Todas manifestaron haber sido compañeras de trabajo de la accionante durante muchos años, por lo que el dato temporal adquiere relevancia ya que no existe ningún otro indicio que permita corroborar esta situación.
Máxime cuando en algunas declaraciones, como la de la testigo Constantino, se manifestó que Van Brussel "vivió estando a disposición del hospital en servicio pasivo las 24 hs. porque durante muchos años estuvo sóla..." o, en el caso de la testigo Muñoz, quien expresó que la actora "...estaba a disposición del servicio las 24 hs. durante todo el año porque hasta que no vino el reemplazo debía ella cubrir el servicio. El reemplazo vino aproximadamente en el año 1998 y era solo los días martes y algún fin de semana...".
Con lo cual estos testimonios resultan insuficientes para corroborar la situación descripta por la actora.
Conforme el dictamen pericial contable obrante en autos, la compulsa de las planillas de haberes de Van Brussel, arroja que en las liquidaciones correspondientes al mes de diciembre de 1999 se liquidaron "diferencias Nov/Dic/99", comprensivas de las Guardias Pasivas Profesionales, siendo éste el único emolumento que se liquidó y abonó a la señora Van Brussel en concepto de guardias pasivas durante los años 1999/2000/2001/2002.
Es decir, este dato es coincidente con lo manifestado por la accionada en cuanto a que el rubro cuestionado fue previsto sólo para el presupuesto del año 1999, desde noviembre de ese año y no estuvo incluido en los de los años subsiguientes. Y por el período mencionado, aparece probado su pago.
Por otra parte, la actora no pudo acreditar que sus servicios fueran requeridos bajo la modalidad mencionada; ni siquiera haber estado fuera del Hospital pero a disposición de la demandada entre los años 2000 a 2002.
Por ello, como reiteradamente ha sostenido este Tribunal, teniendo en cuenta el carácter de juicio pleno en que se desenvuelve la acción contencioso administrativa, en la que las facultades con que cuentan las partes para probar los hechos justificativos de la pretensión son particularmente amplias, incumbía a la actora la carga de demostrar la realidad de la situación fáctica en que sustentó su pretensión, no sólo por revestir tal calidad en el proceso (arg. art. 375, CPCC), sino también en virtud de la presunción de legitimidad que distingue a la actividad de la Administración Pública (causas B. 63.716, "Palacios", sent. de 3-VII-2013; B. 65.938, "Ducasse", sent. de 18-XII-2013; B. 64.903, "Ferraro", sent. de 20-VIII-2014; B. 67.423, "Irrazabal", sent. de 11-XI-2015; e.o.).
Por lo que considero que este rubro no puede prosperar.
IV.2. En relación a la segunda pretensión, la actora sostiene que trabajó para la Municipalidad de Castelli hasta el día 14 de mayo de 2002, habiendo superado los treinta años de servicio exigidos por la ley 11.757. Es decir, que su derecho a percibir el beneficio por antigüedad se consolidó con anterioridad a la entrada en vigencia del régimen de emergencia económica y financiera en la Provincia, en función del cual se dictaron las posteriores leyes 12.874 y 12.909 que interrumpieron su pago.
Por su parte la demandada replica el planteo sosteniendo la improcedencia del reclamo atento que la actora se acogió al beneficio jubilatorio con fecha 24 de mayo de 2002, estando vigente la interrupción del pago del premio por la ley 12.874.
Agrega que oportunamente le fue explicado a la peticionante que el beneficio se encontraba interrumpido conforme lo dispuesto por la ley 12.874 de fecha 16 de mayo de 2002.
IV.2.a. Entiendo que le asiste razón parcialmente a la actora en su reclamo.
El art 19, inc. "f", segundo párrafo de la ley 11.757 preveía, para aquellos agentes que al momento del cese computaran como mínimo treinta años de servicio, una retribución especial sin cargo de reintegro equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revistaba, sin descuentos y a abonarse dentro de los treinta días.
De las distintas constancias de autos (copias de certificación de servicios de fs. 77 y del expediente del IPS 127043/02) resulta manifiesto que la actora al tiempo de su retiro cumplía holgadamente con el requisito de la antigüedad establecido por la norma para el otorgamiento del beneficio.
Lo que resulta controvertido es el momento exacto en que la señora Van Brussel obtuvo su jubilación, extremo indispensable para determinar si para esa época estaba ya vigente el régimen de emergencia declarado en la Provincia de Buenos Aires invocado por la demandada como eximente para el pago y en su caso, su validez.
IV.2.b. De las fotocopias certificadas del decreto 291/02 obrantes en autos, tanto la refrendada por la Auxiliar Letrada del Juzgado de Paz de Castelli doctora Silvina Jaime (v. fs. 78) como la rubricada por el Secretario de Gobierno y Hacienda municipal señor Luis Alberto Carrullo (v. fs.295) resulta que el Intendente municipal aceptó la renuncia presentada por la señora Elba Van Brussel, con el objeto de acogerse a la jubilación, a partir del 24 de mayo de 2002.
Este dato es conteste con la copia de Certificación de Servicios acompañada por la demandada, de donde resulta que la actora egresó de la Municipalidad el 24 de mayo de 2002 (v. fs. 77); con la fotocopia certificada del expediente 127043/02 de trámite por ante el Instituto de Previsión Social donde obra la resolución del 15 de septiembre de 2004 por la que se acordó el beneficio de jubilación ordinaria de la ley 12.563 a "Alba" Ester Van Brussel, a partir del 24 de mayo de 2002 (v. fs. 361) y más aún, con la nota suscripta por la propia Van Brussel, en la que eleva su renuncia al señor Intendente municipal, al cargo de Obstetra, a partir del día 24 de mayo de 2002 (v. fs. 80).
Aclarado el momento de la verificación de la baja en el cargo por parte de Van Brussel (24-V-2002) aparece manifiesto que, en esa época, tal como sostuviera la demandada, la asignación pretendida se encontraba interrumpida por la ley 12.874, texto según ley 12.909, en el marco de la situación de emergencia administrativa, económica y financiera del Estado provincial declarada en ese entonces por la ley 12.727 y sus prórrogas.
IV.2.c. Pese a ello y a que la actora no cuestiona la validez de estas normas, he de remarcar que el ejercicio de la atribución constitucional que emana del art. 31 de la Constitución nacional, constituye una cuestión de derecho y no de hecho, de ahí que la resolución de oficio no quiebra la igualdad de las partes en el proceso ni afecta la garantía de la defensa en juicio, la que no puede ser argumentada frente al derecho aplicable para resolver la contienda. Resulta, en tal sentido, que tanto la doctrina legal de esta Suprema Corte (mi voto en la causa L. 83.781, "Zaniratto", sent. de 22-XII-2004), cuanto la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas "Mill de Pereyra", sent. de 27-IX-2001 y "Banco Comercial de Finanzas S.A.", sent. de 19-VIII-2004) convalidan la facultad de los jueces para ejercer de oficio el control de constitucionalidad de las normas (conf. causa A. 70.619, "Avelleyra", sent. de 11-II-2016).
Consecuentemente corresponde determinar la validez constitucional de la normativa invocada por la demandada para no abonar la bonificación establecida por la ley 11.757.
IV.2.d. La ley 12.874 (B.O., 16 y 17-V-2002) modificó su similar 11.757 y dispuso en su art. 67 que: "Quedan interrumpidos, en el marco y por el plazo de la emergencia declarada por la ley 12.727 y sus modificatorias, lo dispuesto en el art. 19, inc. 'f' de la ley 11.757. La interrupción establecida no generará derechos a favor de los agentes involucrados". Posteriormente, la ley 12.909 (B.O., 22-VII-2002) reformó el citado art. 67 en los siguientes términos: "Queda interrumpido, en el marco y por el plazo de la emergencia declarada por la ley 12.727 y sus modificatorias, lo dispuesto en el segundo párrafo del inc. f) del art. 19, de la ley 11.757. La interrupción establecida no generará derechos a favor de los agentes involucrados".
En mi criterio y como sostuviera en mi voto en la causa B. 66.779, "Perez", sentencia de 19-II-2015, resulta relevante establecer la distinción entre la suspensión y la frustración de un derecho. La suspensión importa una postergación, una limitación temporal en su goce o ejercicio, mientras que la frustración significa la alteración, supresión, vulneración total o parcial de su sustancia o esencia.
En tanto la ley 12.874 -luego modificada por la ley 12.909- no previó a favor de los agentes municipales mecanismo alguno de reintegro, devolución o aseguramiento de la retribución especial contemplada en el art. 19 inc. "f", segundo párrafo de la ley 11.757 cuya interrupción dispuso, a efectos que puedan ser percibidas en el futuro, entiendo que estamos frente a una alteración frustratoria de un derecho en su sustancia o esencia.
De tal modo, se presentan en la especie circunstancias que guardan sustancial analogía a las que fueran materia de debate y decisión en diversos precedentes de este Tribunal (causas B. 64.621, "UPCN" e I. 2.312, "AERI", sents. de 1-X-2003 y B. 63.989, "Martínez", sent. de 18-IV-2012; e.o.) a cuyos fundamentos me remito en honor a la brevedad. Por ello, al no encontrar motivos para apartarme de la solución allí propiciada, entiendo que la pretensión de la actora debe prosperar.
En tal marco, considero que la interrupción del pago de la retribución contemplada en el art. 19 inc. "f" de la ley 11.757, que fuera dispuesta por la ley 12.874 y su modificatoria 12.909, quebrantó el límite infranqueable trazado por el art. 28 de la Constitución nacional, en tanto las limitaciones al ejercicio de los derechos deben ser razonables, es decir, debe existir una adecuación de los medios al fin público perseguido.
Como es sabido, las restricciones a los derechos asegurados por la Constitución, establecidos por el Congreso en ejercicio de su poder reglamentario, que deben interpretarse con criterio amplio, no han de ser infundadas o arbitrarias; es decir, deben estar justificadas por los hechos y las circunstancias que les han dado origen y por la necesidad de salvaguardar el interés público comprometido y ser proporcionadas a los fines que se procura alcanzar con ellas.
De tal forma, la reglamentación a que se refiere el art. 14 de la Constitución está limitada por el art. 28 en cuanto prohíbe alterar el derecho reconocido. Al legislador no le es permitido obrar caprichosamente al punto de destruir lo mismo que ha querido amparar y sostener. No puede considerarse alterado un derecho por la reglamentación de su ejercicio, cuando sólo se le han impuesto condiciones razonables (CSJN Fallos 199:483; 235:445; 262:205; 263:28 y 277:147).
Por ello más allá de asistirle razón a la demandada en cuanto a la fecha en que la actora obtuvo su jubilación, por las consideraciones precedentemente realizadas entiendo que este rubro debe prosperar.
V. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente a la demanda y declarar la inconstitucionalidad del art. 67 de la ley 12.874, modificado por la ley 12.909, y condenar a la Municipalidad de Castelli a abonar a la actora la retribución especial contemplada en el art. 19 inc. "f", segundo párrafo
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.