Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120761
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 20 de febrero de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores, Negri , Genoud , Soria , de Lázzari , Kogan , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.761, "Ledesma, Nicolás Andrés contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Diferencia indemnización".
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 76/82 vta.).
Se interpuso, por parte del letrado apoderado de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 90/93 vta.). Denegado en la instancia de grado (v. fs. 95 y vta.), esta Corte, mediante resolución de fs. 122/123 vta., admitió la queja articulada a fs. 117/119 vta. por el interesado y lo concedió.
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El tribunal de origen tuvo por acreditado que, como consecuencia del accidente de trabajo sufrido el día 23 de septiembre de 2014, el actor padece una incapacidad del 16,6% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 76).
En lo que resulta especialmente relevante para la resolución de la litis, declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (v. fs. 79 y vta.), al no incluir dicha norma, para el cálculo del valor mensual del ingreso base, rubros de carácter no remunerativos, e hizo lugar a la demanda por el pago de la prestación dineraria por incapacidad parcial y permanente prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo, con más la compensación adicional establecida en el art. 3 de la ley 26.773, condenando a la Provincia de Buenos Aires -en su carácter de empleadora autoasegurada- a abonar al actor el importe que específicamente determinó por tal concepto (v. sent., fs. 82 y vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, el letrado apoderado de la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Cuestiona que el tribunal de grado descalificara constitucionalmente el art. 12 de la ley 24.557 e incluyera, para el cálculo del valor mensual del ingreso base, todos aquellos importes de carácter no remunerativos que integran el salario del actor.
Afirma que para decidir de tal modo el tribunal, pretendiendo sustituir el criterio del legislador, incurrió en arbitrariedad, toda vez que la norma en cuestión deviene válida, vigente y aplicable al caso.
Señala que en el sub lite se debate un sistema de reparación global que no se conforma únicamente con la remuneración percibida por el trabajador, sino que abarca prestaciones médicas inmediatas, dinerarias de pago temporario y, por último, la reparación de la minusvalía. Por ende, debe ser analizado en un todo y no desmembrando cada beneficio que otorga.
Finalmente aduce que los precedentes citados por el tribunal sentenciante no resultan aplicables al caso y concluye que el art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo no vulnera derechos y garantías constitucionales.
III. El recurso no prospera.
III.1. La impugnación orientada a desactivar la declaración de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 no resulta atendible.
III.1.a. El tribunal de grado sostuvo que el empleador autoasegurado liquidó prestaciones tomando como base un Valor del Ingreso Base Mensual determinado, pero que ese módulo -V.M.I.B- calculado sobre la base de todas las ganancias, tengan o no carácter remunerativo, y coticen o no en el sistema de seguridad social, es mayor (v. sent., fs. 79).
Luego, con apoyo en los antecedentes jurisprudenciales que citó, señaló que el art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo es inconstitucional por violentar el art 28 de la Constitución nacional, porque en estos casos no hay motivos de peso para justificar la razonabilidad del sistema legal que, al pretender tomar como base de cálculo "el salario" -como históricamente se hizo en los sistemas tarifados que pretenden reparar daños laborales- se desentiende de la verdadera ganancia del trabajador en los términos del art. 103 de la Ley de Contrato de Trabajo y el Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo.
Agregó que el art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo cuestionado permite que, por medio de normas legales (en el caso decretos del propio empleador), o mediante normas emergentes de convenios colectivos de trabajo (en casos de empleo privado), se desnaturalice el fin: reparar el daño con una tarifa con base en el salario.
En virtud de tales premisas, concluyó que el dispositivo legal impugnado entra en frontal colisión con los principios contenidos en el art. 28 de la Constitución nacional, así como con el Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, lo que justifica su declaración de inconstitucionalidad (v. fs. 79 y vta.).
III.1.b. Sobre esa base debo decir una vez más que si la declaración de oficio de la inconstitucionalidad de una norma puede y debe hacerse cuando las circunstancias así lo exigen, la deficiencia técnica del recurso intentado por las partes mal puede ser obstáculo que interfiera en la actividad del juez a la hora de analizar la congruencia constitucional de las normas aplicables al caso (causas L. 78.604, "Ramírez da Silva", sent. de 21-V-2003; L. 78.229, "Medinilla", sent. de 14-IV-2004 y L. 96.791, "Santecchia", sent. de 31-VIII-2011).
Igual apreciación merece el supuesto en el que lo pretendido sea dejar sin efecto la inconstitucionalidad declarada por el tribunal de origen porque, en definitiva, de lo que se trata es de analizar la compatibilidad constitucional de la norma aplicable al caso.
En ese contexto, no encuentro que los escasos motivos esgrimidos por la recurrente conmuevan los argumentos expuestos por el tribunal de origen para declarar la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 por no contemplar una metodología de cálculo que se ajuste a parámetros que permitan arribar a un resultado razonable, ni identifico otros que conduzcan a la solución pretendida por la impugnante.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Concedido el recurso con los alcances que da cuenta la resolución de fs. 122/123 vta., el cuestionamiento dirigido a impugnar la determinación del valor del ingreso base mensual (art. 12, ley 24.557) que el tribunal de origen efectuó para estimar la prestación dineraria por incapacidad permanente parcial debe rechazarse en atención a lo resuelto por este Tribunal en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas L. 118.453, "Dardengo", sent. de 28-IX-2016; L. 119.097, "Mirco", sent. de 26-X-2016; L. 119.497, "Victoriano", sent. de 17-V-2017; L. 118.403, "Bruch", sent. de 21-VI-2017 y L. 120.088, "Di Ponio", sent. de 5-XII-2018).
II. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
Los señores Jueces doctores Soria y de Lázzari y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia