Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127674
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; y Acordada 1790).
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito del recurso que se concede y la regulación de honorarios para su oportunidad.
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, rechazó en todas sus partes la demanda promovida por Luis Fernando Barbieri, Evelio Joaquín Bretz, María Valeria Caballeri; Javier Enrique Cabanchick, Ricardo Alberto García, Pablo Ariel Geri, Gastón Ulises Gromik, Sergio Adrián Guasquifil, Maximiliano Emanuel Herrera, Luis Marcelo Lillo, José Luis Morales, Ramón Danilo Emiliano Ponce, Ricardo David Ramos, Carlos Alberto Rocha, Paolo Nicolás Sabbadini, Pablo Andrés Fernández Semino y Emanuel Alejandro Vera contra Aguas Bonerenses S.A. en la que procuraban el cobro de las diferencias salariales por bonificación mensual por zona desfavorable (v. verd. y sent. de 14-VI-2021).
Resolvió de esta manera por considerar acreditado que los accionantes ingresaron a laborar para la sociedad anónima ABSA con posterioridad a su creación (Decreto 517/02), en el tiempo de la adjudicación de la concesión de la prestación del servicio de agua potable y cloacas en los partidos de la Provincia a cargo de la Administración General de Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires (AGOSBA) a la empresa Asurix Buenos Aires S.A.
En ese contexto, juzgó que, encontrándose sus relaciones regidas por el CCT 695/05 E, y por lógica derivación por la ley de contrato de trabajo, no revestían el carácter de agentes de la administración pública provincial, conforme lo establecido en el art. 2 de la ley 10.323.
II. Contra dicho pronunciamiento, los actores interpusieron recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. escritos electrónicos de 29-VI-2021).
El primero de los nombrados fue concedido por el a quo y el segundo denegado por no superar el mínimo para recurrir establecido en el art. 278 del CPCC, oportunidad en la que aclaró que la doctrina de esta Suprema Corte citada como conculcada, carecía de relevancia para revertir lo así decidido en materia de admisibilidad (v. resol. de 8-VII-2021), lo que motivó la articulación de la presente queja (art. 292, CPCC; v. presentación de 20-VII-2021).
III. En el remedio deducido de modo directo ante este Tribunal, los recurrentes alegan, de un lado, que de entenderse que el valor del litigio no excede el monto mínimo fijado en el citado art. 278, debe tenerse en cuenta -en ese marco- a fin de habilitar la instancia de casación, la denuncia de infracción a la doctrina legal contenida en el recurso finalmente denegado, individualizada como L. 112.179, "Sampedro"; Q. 71.837, "Kersich" y A. 71.263, "Florit". Del otro, sostienen que la citada norma procesal es, en el caso, inconstitucional y, a la luz de los precedentes "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478) emanados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, deben sortearse -a los fines del análisis de la vía articulada- la aplicación de las formalidades procesales que regulan los recursos extraordinarios locales.
IV. La queja prospera.
IV.1. Cabe señalar que, en el supuesto de litisconsorcio facultativo activo -como se verifica en autos-, a los fines de determinar el monto del juicio en relación a su admisibilidad, debe considerarse el importe reclamado individualmente por cada uno de los peticionantes, siendo gravitante la circunstancia de que el valor de lo cuestionado por alguno de ellos supere el monto mínimo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, versando el recurso de los restantes sobre similares puntos litigiosos, circunstancia que no se observa cumplida en la especie (causas L. 101.587, "González", sent. de 18-XII-2013; L. 120.592, "Blanco", resol. de 9-VIII-2017; L. 125.776, "Maisonnave", resol. de 16-X-2020 y L. 127.010, "Garriga", resol. de 22-IX-2021).
En la especie, como se anticipó -y postula el propio interesado al deducir su remedio extraordinario y al incoar la queja en tratamiento- la magnitud económica del pleito, examinada desde dicha perspectiva, no supera -en efecto- la cuantía mínima para recurrir.
IV. 2. Sentado ello, es menester recordar que este Tribunal tiene dicho en forma reiterada que las limitaciones determinadas por las normas procesales referidas al valor del litigio para la concesión de la vía en estudio no vulneran derechos o garantías constitucionales desde que no obstan la deducción del recurso extraordinario previsto sino que lo condicionan a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa, sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio. Tampoco impiden a los litigantes ser oídos con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial (causas L. 76.638, "Valette", sent. de 2-V-2002; L. 83.142, "Polo", sent. de 4-VII-2007; L. 117.612, "Aranda", sent. de 17-IX-2014; L. 125.004, "Fernández", resol. de 13-X-2020 y L. 126.995, "Martín", resol. de 7-X-2021).
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando esta Corte ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 125.890, "Altamiranda", resol. de 24-VIII-2020; L. 124.237, "Cejas", resol. de 13-X-2020 y L. 125.809, "de Ávila", resol. de 26-V-2021).
IV.3. En ese contexto, corresponde -como reclaman los recurrentes- habilitar la instancia de casación local, a fin de examinar la concordancia del fallo con la doctrina de esta Corte, cuya violación se invoca en el recurso, análisis que excede el marco de admisibilidad del carril promovido (art. 55, ley 11.653; causas L. 117.092, "Ullúa", resol. de 18-XII-2013; L. 116.902, "Bensusan", resol. de 16-IV-2014 y L. 125.279, "Mendoza", resol. de 14-XII-2020).
V. En atención a lo dicho, carece de virtualidad el análisis de los restantes agravios que porta la queja que se provee.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; y Acordada 1790).
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito del recurso que se concede y la regulación de honorarios para su oportunidad.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y pasen los autos a despacho.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/11/2021 15:21:36 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/11/2021 08:08:19 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/11/2021 17:03:10 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/11/2021 10:27:25 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/11/2021 11:12:54 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 17/11/2021 13:39:42 hs. bajo el número RR-1480-2021 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia