Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 122155
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
CARREÑO CARLOS C/ EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SUR S.A. S/DIFERENCIAS SALARIALES.
La Plata, 5 de junio de 2019.
Los señores Jueces doctores Negri y Soria, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani dijeron:
I. Tribunal del Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca hizo lugar parcialmente a la acción promovida por Carlos Carreño y condenó a EDES S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de plus por jubilación y diferencias salariales en la bonificación por antigüedad (v. fs. 297/315).
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 357/367 y 327/354 vta.), los que fueron concedidos por el a quo a fs. 377 y vta., habiéndose conferido vista al señor Procurador General a fs. 381 (v. dictamen, fs. 382/383 vta.).
III.1. En la vía extraordinaria de nulidad, la impugnante alega que el sentenciante de grado omitió abordar como cuestión esencial el planteo de inconstitucionalidad efectuado por el actor en torno al art. 16 de la Ley de Contrato de Trabajo, condición que reputa de indispensable a los efectos del acogimiento que luego realizara de los reclamos con fundamento en el Convenio Colectivo de Trabajo 36/75 y el Acta Acuerdo del 2-III-1994 homologada por disposición DNRT 1041/94.
Por otra parte, sostiene que lo resuelto en el fallo implica una flagrante violación al citado art. 16, lo que acarrea -a su entender- la nulidad del pronunciamiento. Señala, asimismo, que no se encuentra verificada la situación de discriminación invocada.
III.2. El recurso no es de recibo.
III.3. Al respecto, corresponde recordar que el remedio extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. cit.; L. 113.715, "Berrozpe", resol. de 6-IV-2011; L. 116.587, "Figueroa", resol. de 1-VIII-2012 y L. 121.026, "Autalan", resol. de 3-V-2018).
III.3.a. En el caso, y respecto del reproche que gira en torno a la preterición del planteo de inconstitucionalidad del art. 16 de la Ley de Contrato de Trabajo, cabe indicar que la temática fue introducida en el proceso por la parte actora, lo cual revela la falta de interés de la accionada aquí recurrente para objetar su eventual omisión. Al respecto, este Tribunal, en reiteradas oportunidades ha establecido que lo que legitima el recurso es el interés jurídico de quien lo interpone (causas L. 101.214, "Chene", sent. de 26-X-2010; L. 117.905, "Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (S.M.A.T.A.)", sent. de 15-IV-2015 y L. 120.520, "Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda", resol. de 18-IV-2018).
III.3.b. El resto de las objeciones formuladas en el canal en tratamiento, tampoco han de tener favorable acogida, en tanto se dirigen a cuestionar el acierto o desacierto jurídico de la decisión adoptada a través de típicos errores in iudicando , referidos a la incorrecta aplicación de la ley -formal o sustancial- al caso en juzgamiento; el yerro en la ponderación de cuestiones de hecho, como lo es el determinar si el accionante se encontraba o no en idéntica situación que los restantes trabajadores; a la invocación del vicio de arbitrariedad y a la denuncia de conculcación de garantías consagradas en la Constitución nacional (causas L. 101.558, "Tarascon", sent. de 3-V-2012; L. 105.609, "Peñaloza", sent. de 12-XII-2012 y L. 117.397, "González", sent. de 11-II-2015).
III.3.c. En consecuencia, los reproches traídos resultan impropios de la impugnación en abordaje y su remedio, en la hipótesis de que fuese procedente, debe procurarse por medio del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 118.432, "Bordon", resol. de 17-XII-2014; L. 118.841, "Magan", resol. de 21-X-2015 y L. 121.098, "González", resol. de 11-IV-2018).
IV.1. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley denuncia la violación a las normas y la doctrina legal que cita. Al efecto, reputa infringidos los arts. 16, 17, 81 y 114 de la Ley de Contrato de Trabajo y la existencia de absurdo en valoración de los hechos y la prueba. En lo particular, cuestiona que el tribunal de grado considerara al trabajador como personal jerárquico.
Controvierte asimismo, la definición respecto de la presunta conducta discriminatoria en que habría incurrido el empleador.
Por otra parte, reprocha que el fallo en crisis soslayó ponderar el hecho de que el trabajador no formalizó ningún reclamo durante los 18 años que duró la relación laboral. Sobre el particular, considera que debieron tenerse por renunciados aquellos beneficios no peticionados en su oportunidad.
IV.2. En el caso, se advierte que el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -representado por el capital de condena de cuya procedencia se agravia-, no excede el mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, vigente a la fecha de interposición del remedio procesal; razón por la cual la admisibilidad de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento atacado, hipótesis que se configura cuando esta Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 103.596, "Lamas", resol. de 22-V-2013; L. 116.431, "Velázquez", resol. de 30-IX-2014 y L. 122.169, "Ortíz", resol. de 20-II-2019).
En ese contexto, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, desde que mediante la denuncia de violación de doctrina legal, la impugnante trae a consideración agravios relacionados a cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado y relativos a la valoración de los hechos y las pruebas, tales como la determinación de las tareas desarrolladas por el accionante, el convenio colectivo que resulta de aplicación, la existencia o no de discriminación y el supuesto absurdo en que habría incurrido el tribunal de trabajo al meritar las circunstancias probatorias de la litis (causas L. 117.762, "Elormendi", resol. de 5-III-2014; L. 120.446, "Chamas", resol. de 14-VI-2017 y L. 120.677, "Merlo", resol. de 27-IX-2017).
Asimismo, luce inútil la cita de precedentes destinados a determinar si el empleador ha efectuado -o no- un ejercicio arbitrario del ius variandi (causas L. 97.644, "Garrido", sent. de 3-III-2010; L. 120.726, "Valle", resol. de 20-IX-2017 y L. 121.265, "Veron", resol. 17-X-2018).
Por otro lado, las doctrinas elaboradas sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos diferentes a los propios del caso en juzgamiento (causas L. 118.115, "Gaita", resol. de 24-IX-2014; L. 118.187, "Riple", resol. de 10-XII-2014 y L. 118.309, "Di Rocco", resol. de 19-II-2015), tampoco resultan idóneas en el marco del estrecho carril en tratamiento.
Tampoco acierta la interesada con la mención respecto de un voto que no concitó la adhesión de los restantes integrantes de la Suprema Corte y que, por tanto, quedó en minoría, desde que al no conformar "doctrina legal", no resulta útil en el estrecho marco en análisis (causas L. 118.129, "Arias", resol. de 16-VII-2014 y L. 118.592, "Villaverde", resol. de 13-V-2015).
Finalmente, corresponde recordar que no constituye doctrina legal, en los términos señalados, la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia, ni los de la Corte nacional (causas L. 114.725, "Cruz", resol. de 13-VII-2011; L.117.691, "Giberti", resol. de 5-III-2014; L. 118.616, "Tisseira", resol. de 13-V-2015 y L. 121.094, "Quinteros", resol. de 13-IX-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
SERGIO DANIEL ALFANO Subsecretario
Fin de la sentencia