Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120016
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de nulidad, con costas. Asimismo se desestima el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas a la vencida (arts. 289 y 298, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 14 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri , Genoud , de Lázzari , Soria , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.016, "Mozzi, Claudia Noemí y otro/a contra Sociedad Escolar Alemana de Villa Ballester Asociación Civil. Diferencias salariales".
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, rechazó en lo sustancial la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 653/674 vta.).
Se interpusieron, por parte del letrado apoderado de la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 697/722 vta.).
Oído el señor Subprocurador General (v. fs. 758/761 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El tribunal de grado rechazó la demanda deducida por las señoras Claudia Noemí Mozzi, Adriana Graciela Botana Rodríguez, Gabriela Luisa Chocair, María Gabriela Oliva, Vanina Pallotta, Sandra Verónica Santiso, Lorena Edith Bermúdez, María Elena Cavo, Marcela Angélica Gelpi, Sandra Mariel González, Myriam Liliana Mora, Priscilia Mabel Paterno, Luciana Mariel Vallejos, Natalia Elizabet Wilhelmus y Silvia Adriana Zele contra la Sociedad Escolar Alemana de Villa Ballester Asociación Civil, mediante la cual procuraban el cobro de diferencias salariales por jornada extendida, antigüedad, hora a disponibilidad y la indemnización prevista en el art. 9 de la ley 24.013.
Asimismo, condenó a la institución demandada a abonarle a la señora Yanela Maya Esquivel la suma que especificó, en concepto de la multa prevista en el citado art. 9 de la ley 24.013, rechazando la acción en lo demás pretendido.
Para así resolver, previa desestimación de la excepción de prescripción opuesta por la demandada, juzgó que las accionantes no lograron acreditar diferencias salariales en concepto de antigüedad, ni los presupuestos de aplicación de la sanción prevista en el art. 9 de la Ley Nacional de Empleo, salvo -para dicho rubro- el caso de la trabajadora mencionada, Esquivel.
Respecto del crédito reclamado por extensión de la jornada, concluyó que tampoco se demostró la realización de tareas en horarios distintos a los consignados en la documentación relevada (v. fs. 668 vta.).
II. Contra la decisión de mérito, se alza la parte actora mediante recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley.
II.1. En sustento del primero de ellos, denuncia la transgresión de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Describe los antecedentes del presente litigio y afirma que en el veredicto fueron probadas todas las cuestiones de hecho alegadas por las actoras, y manifestó que, a través de los recursos interpuestos, se ataca la errónea, arbitraria, parcial y hasta contra legem interpretación del derecho, que conlleva al absurdo jurídico de aplicar retroactivamente una norma inferior (dec. 2.299/11) que se contrapone a leyes de rango superior (ley nacional 10.579 y ley provincial 13.688).
Aclara que en la demanda se reclamó el pago de la jornada extendida que invoca entre abril de 2010 y octubre de 2012 (aunque -afirma- ello comprendía implícitamente los períodos correspondientes a noviembre y diciembre del mismo año) y que el tribunal sentenciante, al tener por probada la carga horaria de las docentes en la cuarta cuestión del fallo de los hechos, omitió tratar la procedencia de los períodos no prescriptos.
Aduce que, al haber desestimado la excepción de prescripción opuesta por la accionada, debió pronunciarse expresamente sobre la pertinencia del reclamo desde abril de 2010 a diciembre de 2011 conforme la legislación vigente a ese momento, toda vez que el rechazo de la acción se basa en una norma posterior a veintiuno de los períodos reclamados por las trabajadoras, esto es, el decreto 2.299/11.
Agrega que la decisión de autos carece de fundamentos suficientes de derecho, esto es, carencia total de citas legales propias que sirvan para sustentar el rechazo del reclamo respecto al período comprendido entre abril de 2010 y diciembre de 2011, fecha en la que -a entender del tribunal de origen- se dictara el decreto 2.299/11 que fulminaría el reclamo de las actoras en relación a la jornada extendida.
Expresa que lo único que se observa es la rúbrica de los tres miembros del tribunal al pie de la resolución, estando ausente el acceso a las distintas opiniones y trayectorias lógicas de los jueces respecto de la cuestión analizada.
II.2. Con relación a lo prescripto por el art. 171 de la Constitución provincial, agrega que el fallo en crisis adolece de las normas invocadas por el tribunal a fin de considerar su estricta aplicación al término temporal en que el sentenciante consideró vigente la anterior legislación.
III. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Subprocurador General, entiendo que el recurso no puede prosperar.
III.1. El planteo introducido por las accionantes no es idóneo para determinar la anulación del pronunciamiento de grado, toda vez que -contrariamente a lo alegado- el tópico que denuncia como preterido (el pago de la jornada extendida invocada) ha sido examinado y resuelto por el órgano jurisdiccional de origen (v. sent., fs. 664 vta./669 y 673) aunque en sentido adverso a las pretensiones de las recurrentes, sin que importe a los fines del remedio procesal intentado el acierto o mérito de la decisión (causas L. 55.794, "Monzón", sent. de 20-VIII-1996; L. 60.025, "Pérez", sent. de 17-II-1998; L. 68.416, "Martín", sent. de 3-X-2001; L. 86.488, "Meza", sent. de 6-IV-2005 y L. 89.223, "Jiménez", sent. de 5-III-2008).
En efecto, resulta contradictorio que las apelantes hayan reconocido -en el relato de los antecedentes del pleito- que se trataron todas las cuestiones fácticas propuestas, para luego concluir que no ha existido pronunciamiento respecto de los períodos no prescriptos. En rigor, el tribunal a quo los trató, aunque los desestimó (v. fs. 669).
La crítica enderezada a sostener que el fallo en crisis carece de las distintas opiniones y trayectorias lógicas de los jueces, tampoco es acertado. No obstante las pretensiones de las recurrentes de la simple lectura de la decisión, se advierte con facilidad que el tribunal trató y votó cada una de las cuestiones propuestas, sin que se encuentre vedada la posibilidad de emitir la opinión de cada juez a través de la adhesión al voto de otro.
Así, esta Corte ha dicho reiteradamente que es válido el voto cuyos fundamentos no se expresan en extenso sino por adhesión a uno anterior emitido en el mismo acuerdo (causas L. 118.047, "Mignone", resol. de 12-XI-2014 y L. 118.618, "Pacheco", resol. de 28-X-2015), no observándose la inexistencia de mayoría de opiniones que torne procedente la anulación del fallo de grado como procuran las recurrentes.
III.2. Finalmente, la crítica relacionada con la (supuesta) falta de fundamentación legal de la sentencia impugnada tampoco luce acertada.
Al respecto, se advierte que los argumentos desplegados en el recurso se ciñen, en rigor, al cuestionamiento del acierto jurídico del fallo -tópico que, sabido es, resulta ajeno a la vía procesal bajo examen- y, en adición, de la simple lectura del pronunciamiento emerge que el mismo se encuentra fundado en derecho.
En tal sentido, reiteradamente ha sostenido este Tribunal que, si bajo la denuncia de nulidad del pronunciamiento en realidad los agravios que porta el recurso extraordinario se sustentan en el cuestionamiento a la forma en que el juzgador resolvió la contienda, lo que constituye la imputación de típicos errores in iudicando , ajenos al carril intentado y propios del de inaplicabilidad de ley (causas L. 79.779, "Gelis", sent. de 20-VIII-2008 y L. 120.402, "Díaz", resol. de 3-V-2017), el recurso de nulidad debe ser rechazado.
Resta agregar, que este Tribunal reiteradamente ha declarado que no se configura infracción al art. 171 de la Constitución provincial si el pronunciamiento dictado se encuentra respaldado en expresas normas legales, resultando extraña al recurso extraordinario de nulidad la incorrecta, desacertada o deficiente fundamentación jurídica del fallo (causas L. 106.708, "Severino", sent. de 12-VI-2013; L. 117.190, "Almada", sent. de 17-IX-2014 y L. 120.391, "Romero", resol. de 31-V-2017).
IV. En razón de todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad interpuesto, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Genoud , de Lázzari y Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora tacha de inconstitucional la limitación del monto del litigio que impone el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y afirma que el tribunal a quo cometió un error de interpretación del derecho. Denuncia absurdo, en tanto -afirma- el juzgador de origen aplicó retroactivamente una norma inferior (dec. 2.299/11) que se contrapone a leyes de rango mayor (ley nacional 10.579 y ley provincial 13.688). Asimismo, invoca gravedad institucional toda vez que, de acuerdo a su criterio, la sentencia atacada compromete el orden público laboral, convalidando la estipulación de condiciones menos favorables para el trabajador y atentando contra lo normado por los arts. 7 y 12 de la Ley de Contrato de Trabajo; el principio de irrenunciabilidad y las garantías constitucionales de igualdad, protección del salario, justa retribución y derecho de propiedad tutelados por los arts. 14 bis, 16 y 17, de la Constitución nacional; el Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo y lo normado por los arts. 31 de la Constitución nacional y 11 de la Constitución provincial.
Expone los siguientes agravios:
I.1. Inicia su crítica afirmando que el a quo interpretó de manera incompleta, parcial, arbitraria y errónea las normas aplicables al caso.
Afirma que se equivocó el tribunal al soslayar que la legislación derogada por el decreto 2.299/11 -en virtud de la cual la jornada laboral exigible era la misma para los docentes de gestión privada y los del ámbito público- se encontraba vigente durante los períodos reclamados, esto es, abril de 2010 a diciembre de 2011.
Describe algunos de los artículos del decreto mencionado, entre los cuales destaca el art. 143 que prevé la jornada extendida y asevera que, a pesar de haber reconocido el tribunal de origen la duración de la jornada escolar, se equivoca al concluir que el horario de clase varía según cada docente.
Expresa que la normativa aplicable impone el pago de las horas correspondientes a la jornada escolar conforme al diseño curricular de la institución demandada -de 07:30 a 13:20 hs.- excediendo de tal forma su cargo de cuatro horas diarias y las veinte horas semanales.
I.2. Alega que a tenor del estatuto docente (ley 10.579) cada maestro ejerce un cargo de cuatro horas y es responsable de los alumnos desde que ingresan hasta que se retiran, habiéndose probado que el horario en la especie se extendía en la franja antedicha, por lo que, concluye, la aplicación retroactiva del decreto 2.299/11 viola los derechos consagrados en los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional y 10 y 31 de la Constitución provincial.
I.3. Aduce que en el fallo en crisis también se atenta contra la garantía de igualdad ante la ley en tanto reconoce una jornada laboral extendida de los docentes accionantes, pero no su derecho a percibir una remuneración acorde con dicha circunstancia.
I.4. Considera conculcado el principio de progresividad toda vez que no se ha aplicado al caso la norma más favorable al trabajador. En tal sentido expone que los docentes de gestión privada tienen las mismas obligaciones, incompatibilidades y derechos que los de gestión pública, motivo por el que la jornada extendida que emana del decreto 2.299/11 debe ser abonada.
I.5. Finalmente, solicita se convoque a una audiencia a los fines de adecuar los estándares legales locales a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se agravia por la imposición de costas en el orden causado, solicitando que, en atención a las cuestiones debatidas, le sean impuestas a la parte demandada.
II. El recurso no ha de prosperar.
II.1. Liminarmente, corresponde destacar que no obstante lo expuesto por las apelantes y lo dispuesto por el tribunal a quo en torno al valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria, el mismo no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141; Acordada 3748/15).
Esta Corte ha sostenido reiteradamente que en el supuesto de litisconsorcio facultativo activo -como se verifica en autos-, a los fines de determinar el monto del juicio en relación a la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, debe considerarse el importe reclamado individualmente por cada uno de los peticionantes, siendo gravitante la circunstancia de que el valor de lo cuestionado por alguno de ellos supere el monto mínimo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 55, ley 11.653), versando el recurso de los restantes sobre similares puntos litigiosos (causas L. 117.282, "Brizuela", resol. de 12-VI-2013 y L. 101.587, "González", sent. de 18-XII-2013).
II.2. Teniendo en cuenta esa circunstancia y la tacha de inconstitucionalidad de la mencionada norma adjetiva efectuada por las interesadas, corresponde señalar que, con arreglo a reiterada doctrina de esta Corte, las limitaciones establecidas por el citado precepto legal -para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley- no vulneran derechos o garantías constitucionales desde que el art. 161 inc. 3 apartado "a" de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que el conocimiento y resolución del mencionado recurso extraordinario compete a la Suprema Corte con las restricciones que las leyes de procedimiento establecen y su limitación por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y ley 11.593 es compatible con dicho precepto constitucional provincial pues no veda la deducción del recurso extraordinario previsto sino que lo condiciona a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio (causas L. 90.741, "Britte", sent. de 23-III-2010; L. 87.548, "Alfonso", sent. de 11-V-2011; L. 93.561, "Aguirre", sent. de 6-VI-2011; L. 94.473, "Ayala", sent. de 28-III-2012 y L. 117.270, "Muñoz", sent. de 6-IV-2016; e.o.).
II.3.a. Sentado ello, cabe efectuar otra consideración en orden a la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del recurso en examen. Las recurrentes pretenden prescindir del límite económico que restringe la admisión de la impugnación (art. 278, CPCC) mediante la invocación de garantías constitucionales y de la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; v. fs. 484 vta.). Sin embargo, el tenor de los planteos ensayados por las interesadas no permite considerar involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de naturaleza federal (art. 14, ley 48; causa L. 109.338, "Santillán", resol. de 23-XII-2009).
II.3.b. En definitiva, la admisibilidad del recurso traído sólo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo última parte de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de esta Suprema Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 104.305, "Instituto Nuestra Señora del Huerto", sent. de 20-III-2013; L. 103.596, "Lamas", sent. de 22-V-2013; L. 116.431, "Velásquez", sent. de 30-IX-2014 y L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015).
II.4. Bajo la perspectiva indicada, los agravios iniciales, destinados a cuestionar las conclusiones establecidas en el veredicto, en cuanto a la carga horaria de las actoras, resultan ajenos al acotado marco de revisión indicado.
II.4.a. En primer lugar, porque los planteos que ensayan las interesadas al respecto remiten necesariamente al análisis de cuestiones de índole fáctica y probatoria y, por ende, resultan extraños al ámbito de la casación por la vía transitada. En ese sentido, expresamente se ha declarado que debe ser rechazado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, en el marco de la excepción prevista por el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, pretende la revisión de cuestiones de hecho y de prueba, como la indicada (causas L. 120.901, "Medina"; L. 121.352, "Castro", resols. de 6-XII-2017 y L. 120.900, "Alarcón", resol. de 13-XII-2017).
II.4.b. Por otra parte, y con relación a lo que constituye estrictamente el fundamento esgrimible por este estrecho marco cognitivo, cabe señalar que la denuncia de violación de las únicas doctrinas que se indican en el recurso (vinculados al segundo y al cuarto agravio; fs. 712 vta. y 714 vta.) no lo abastecen, en tanto fueron elaboradas sobre la base de presupuestos fácticos disímiles a los que se ventilan en autos. Cabe destacar que también es infructuoso, a tal fin, el precedente citado -fs. 714 vta.-, porque carece de la necesaria individualización de la doctrina que esta Corte allí estableció.
II.4.c. Además, es dable aclarar que los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no constituyen la "doctrina legal" a la que refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 91.908, "Acuña", sent. de 18-III-2009; L. 99.703, "Romero", sent. de 17-VIII-2011 y L. 117.452, "Gómez", sent. de 22-XII-2015).
II.4.d. Se impone, asimismo, el rechazo de los restantes agravios, en tanto las recurrentes han omitido citar como transgredida doctrina legal de esta Suprema Corte al respecto, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 118.020, "Flores", resol. de 20-VIII-2014; L. 118.292, "Nieva", resol. de 20-XI-2014 y L. 118.350, "Studer", resol. de 18-III-2015).
III. Por todo lo dicho, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
Los señores Jueces doctores Genoud, de Lázzari y Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Subprocurador General, se rechaza el recurso extraordinario de nulidad, con costas. Asimismo se desestima el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas a la vencida (arts. 289 y 298, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia