Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124111
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
La Plata, 16 de junio de 2020.
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Trenque Lauquen rechazó en todos sus términos la demanda interpuesta por Jorge Alberto Ferreyra contra Ambrosio Zubeldia, en cuanto pretendía el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y demás rubros de linaje laboral (v. fs. 104/111 vta.).
Para así decidir, en lo que resulta de interés por ser materia de agravio, juzgó que no resultó acreditado que las tareas prestadas por el actor fueran bajo relación de subordinación y dependencia de la accionada (v. fs. 108 vta.).
II. Contra lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 3-VI-2019), el que fue concedido por el a quo a fs. 120.
En su presentación denuncia absurdo, violación de las reglas de la carga de la prueba y de las normas y la doctrina legal que cita. En sustancia, se agravia de que el sentenciante haya descartado la existencia de un vínculo laboral entre las partes pues, afirma, que de las constancias de la causa surge probada la subordinación y dependencia que invocó en el escrito de inicio. Finalmente, cuestiona que el tribunal actuante no aplique el principio de la carga dinámica de la prueba.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Sabido es que determinar la existencia de relación de dependencia o subordinación laboral, así como la calificación del vínculo existente entre las partes, constituyen cuestiones reservadas -en principio- en forma privativa a los magistrados de trabajo y, por lo tanto, no susceptibles de revisión en esta instancia, salvo que se demuestre absurdo (causas L. 95.725, "Arias", sent. de 28-X-2009, L. 118.836, "Chiniellato", resol. de 21-VI-2017 y L. 121.938, "Martín", resol. de 21-VIII-2019).
Ello requiere la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal, o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 100.946, "Piza", sent. de 2-VII-2010 y L. 120.387, "Valdez", resol. de 28-VI-2017), pues no constituye absurdo cualquier error o la apreciación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más, esto es, el vicio lógico del razonamiento o la grosera desinterpretación material de alguna prueba (causas L. 103.003, "Tristani Cárdenas", sent. de 3-XI-2010 y L. 120.517, "Malatesta", resol. de 7-VI-2017).
En la especie, si bien el recurrente invoca dicho vicio invalidante, su exposición no consigue evidenciarlo, desde que -en rigor- sólo traduce su disconformidad con la solución arribada en el fallo, revelando la insuficiencia del remedio bajo análisis (causas L. 100.928, "González", sent. de 21-IV-2010; L. 120.982, "Del Pino", resol. de 27-XII-2017 y L. 121.531, "Liberandi", resol. de 21-XI-2018).
Ello así, pues apartándose de la línea reflexiva y de la apreciación probatoria que en conciencia llevó a los jueces de grado a plasmar la decisión expuesta en la sentencia, se limita a elaborar un nuevo análisis de los hechos y constancias probatorias según su propio criterio valorativo, argumentos estos que no logran demostrar concretamente la grave anomalía invocada (causas L. 98.885, "Cinquino", sent. de 7-VII-2010 y L. 105.110, "Duringer", sent. de 12-XII-2012 y L. 121.408, "Lizaso", resol. de 29-VIII-2018).
Recuérdese, además, que la apreciación, jerarquización y selección del material probatorio aportado a la causa es tarea exclusiva del tribunal de trabajo, que no conoce más límite que la conciencia del juez, esto es, su prudencia jurídica (causas L. 102.699, "Mascareño", sent. de 7-XII-2011 y L. 103.036, "Molina", sent. de 16-V-2012).
En particular, en lo vinculado a la prueba testimonial -cuestionada por el accionante- corresponde destacar que su valoración queda reservada a los jueces de la causa que gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo (causas L. 115.754, "Acerbo", sent. de 21-VIII-2013; L. 119.561, "Modelli", resol. de 6-IV-2016 y L. 120.145, "Valinoti", resol. de 7-XII-2016), que el interesado -como se dijo- no logra demostrar.
III.2. Por su parte, en lo relativo a la denunciada transgresión a las reglas de la carga de la prueba, el interesado no evidencia que el fallo luzca apartado de la directiva impuesta por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que conforme tiene establecido esta Corte, dicho precepto sólo se quebranta cuando el juzgador, alterando las reglas del onus probandi , impone a una parte la obligación de acreditar hechos cuya prueba correspondía a la otra (causas L. 118.218, "Zaffaroni", resol. de 3-XII-2014; L. 118.303, "Bellendier", resol. de 15-IV-2015 y L. 117.225, "Ruiz Díaz", sent. de 22-IV-2015), hipótesis expresamente descartada en el sub lite .
III.3. Finalmente, no se configura la violación de doctrina legal establecida en los precedentes de esta Corte citados en el escrito recursivo, pues ha sido elaborada sobre la base de disímiles presupuestos fácticos y jurídicos (causas L. 91.410, "Karlen", sent. de 1-IV-2009; L. 99.752, "Buldorini", sent. de 30-VI-2010 y L. 119.932, "Ortiz", resol. de 23-V-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HILDA KOGAN SERGIO GABRIEL TORRES
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
ANALIA DI TOMMASO
Secretaria
(conf. Acuerdo 3971)
Registrada bajo el n°426
gud
Fin de la sentencia