Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121178
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.178, "Mansilla, Miguel Ángel y otro/a contra Lartirigoyen y CÍA. S.A. Diferencias salariales", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Pettigiani, de Lázzari .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Trenque Lauquen rechazó la demanda promovida, con costas a la parte actora (v. fs. 488/495)
Se dedujo, por ésta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 502/511).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. Los señores Miguel Ángel Mansilla y Marcos Ariel Mansilla iniciaron demanda contra Lartirigoyen y Cía. S.A. peticionando el cobro de diferencias salariales devengadas desde mayo del año 2013 hasta noviembre del año 2014 inclusive, y su incidencia sobre la indemnización prevista en el art. 18 de la ley 26.727 abonada por la demandada (v. fs. 66/76 vta.).
Sostuvieron haberse desempeñado en calidad de trabajadores permanentes discontinuos, desarrollando las denominadas tareas especiales en el marco de lo previsto en los arts. 17 y 18 de la ley 26.727. Afirmaron haber realizado, mayormente, tareas en la carga y descarga de cereales y oleaginosas de los camiones que ingresaban a la planta de la empresa accionada, en el marco de lo dispuesto por las resoluciones del Ministerio de Trabajo de la Nación 336/02 y 8/02 y de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) 13/76, 30/13 y 22/14. Por tal motivo, reclamaron el pago de las diferencias entre lo abonado por su empleadora conforme a la categoría de peón especializado, y el salario resultante de aplicar al caso las resoluciones antes individualizadas.
I.2. En su responde, la demandada efectuó una pormenorizada negativa de los hechos alegados por la contraparte; precisando, en el contexto de las actividades desarrolladas por la empresa, que los actores cumplieron tareas como trabajadores permanentes de prestación continua y que, por ende, no les eran aplicables las disposiciones citadas en sostén de su reclamo (v. fs. 211/228 vta.).
En este sentido, alegó que las resoluciones 336/02 y 8/02 eran normas de excepción que regulaban las condiciones propias del trabajo agrario no permanente, estableciendo a tal efecto la obligatoriedad de contratar el personal temporario a través de las bolsas de trabajo en los lugares donde existieran, y que el ámbito de aplicación de las resoluciones 13/76, 30/13 y 22/14 se circunscribía a las tareas de manipulación y almacenamiento de granos y/o fardos de pasto realizadas por personal temporario, discontinuo o transitorio, estando excluidos los trabajadores que, como en el caso, se desempeñaran en forma permanente e ininterrumpida (v. fs. 215/219).
I.3. Al contestar el traslado previsto en el art. 29 de la ley 11.653, la parte actora insistió en la aplicación al caso de las evocadas resoluciones. Señaló que ninguno de los trabajadores efectuó sus tareas de forma permanente en el lapso reclamado. Adujo que el salario depende del tipo de tareas desempeñadas por los demandantes (manipulación y almacenamiento de granos y oleaginosas), y no sólo a los contratados por medio de bolsas de trabajo (v. fs. 231/233).
I.4. El tribunal de origen tuvo por acreditado que los actores prestaron servicios para la demandada en forma permanente, continua e ininterrumpida (Miguel Mansilla desde el día 6 de octubre de 2010 y Marcos Mansilla a partir del día 7 de julio de 2011) cumpliendo tareas varias en la planta de acopio, comercialización y semillero que la empleadora posee en la ciudad de Trenque Lauquen, hasta que la empresa les comunicó su despido el día 30 de enero de 2015 (v. vered., fs. 488/490).
En este sentido, ponderó los datos consignados en los recibos de haberes (v. fs. 13/50) reconocidos en el auto de apertura a prueba (v. fs. 237/238) y en la pericia contable (v. fs. 445/449), en la que también se informaba que la empleadora no liquidaba sus salarios conforme a las resoluciones de la CNTA por ser trabajadores permanentes, sino que les abonaba la remuneración correspondiente a la categoría de peón especializado (v. fs. 446 vta.). Destacó que tales conclusiones no habían sido impugnadas por las partes. Asimismo, tuvo en consideración las declaraciones testimoniales y lo resuelto por el propio tribunal, con diferente integración, el día 16 de marzo de 2016 en la causa "Mansilla, Miguel Ángel y otros c/ Lartirigoyen y Cía. S.A. s/ diferencias salariales" (exp. n° 1355/14), que tramitara entre las mismas partes y por idéntica cuestión sólo que por otro período (enero de 2011 a octubre de 2012; v. vered., fs. 488/490 y sent., fs. 492 y vta.).
Sostuvo que ante la identidad de los reclamos correspondía propiciar en la especie igual solución a la establecida en el antecedente indicado. De tal modo, dando primacía a la realidad, concluyó que el vínculo entre las partes "debió regirse por los arts. 2, 3 y 63 de la ley 22.248 y luego, por los arts. 7, 11 y 16 de la ley 26.727, vigente a partir del 6/1/2012, que en su art. 7 a) incluye en el ámbito de aplicación la manipulación y almacenamiento de cereales y oleaginosas", al igual que lo hacía la anterior -art. 3 de la ley 22.248- (v. sent., fs. 493).
En ese orden, señaló que las modalidades contractuales de trabajo agrario dispuestas en la ley 26.727 eliminaban la clasificación entre trabajador permanente y no permanente que estableciera la ley 22.248. Expresó que las actuales categorías eran: 1) Trabajador permanente de prestación continua (arts. 16 y 22); 2) Trabajador permanente de prestación discontinua (arts. 18 y 21); 3) Trabajador temporario (arts. 17 y 20) y 4) Trabajo por equipo o cuadrilla familiar (art. 19). Consideró entonces que el supuesto examinado encuadraba en la primera hipótesis enunciada y no en la tercera, a la que sí le resultaban aplicables las resoluciones de la CNTA invocadas por los accionantes (v. sent., fs. 493 vta. y 494).
Por ello, concluyó que no existían en el caso diferencias salariales y/o de indemnización a liquidar porque la normativa invocada por los demandantes no resultaba de aplicación al supuesto de autos (v. sent., fs. 494).
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la actora denuncia absurdo y violación de los arts. 39, 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653; 9 de la Ley de Contrato de Trabajo; 14, 14 bis, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 2, 3 y 63 de la ley 22.248; 7, 11 y 16 de la ley 26.727; resoluciones de la CNTA 336/02, 08/02, 13/76, 37/12 y 30/13 y de la doctrina legal que cita (v. fs. 502/511).
Afirma que el a quo incurrió en un equívoco al considerar a los actores como trabajadores permanentes de prestación continua en los términos del art. 16 de la ley 26.727. Sostiene que la decisión de la empleadora de abonar a los dependientes su salario según la categoría de peón especializado por ser trabajadores permanentes carece de sustento en ley o convenio colectivo antecedente.
Alega que con la propia descripción efectuada por la empleadora acerca de la actividad de la empresa quedó demostrado que los trabajadores se encontraban alcanzados por resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (resol. CNTA 13/76; 30/13 y 22/14), y que por ello debió admitirse el reclamo impetrado.
Aduce que a partir de la interpretación restringida efectuada por la empresa demandada, ésta se tomó la libertad de incumplir con una obligación legal que tiene origen "en un acuerdo o convenio colectivo, producido por una Comisión Negociadora, en la que han participado sus representantes y que ha sido conformada respetando el procedimiento legal pertinente" y también "ha tenido su control de legalidad, emitiéndose la respectiva resolución aprobatoria (N° 13/76)", equiparable al acto de homologación. Señala entonces que los derechos por los que reclaman los actores están amparados por resoluciones plenamente vigentes dictadas por la Comisión Nacional de Trabajo Rural y su sucesora la Comisión Nacional de Trabajo Agrario.
Plantea que el tribunal ha interpretado absurdamente la prueba pericial contable y argumenta que es el tipo de tarea (manipulación y almacenamiento de granos) lo que determina la aplicación en el caso de las resoluciones 30/13 y 22/14, sin que exista otra modalidad para abonarles el salario a los trabajadores que las cumplen. Insiste en que ninguna relevancia tiene el hecho de que se trate de personal permanente o no permanente porque es la actividad en sí la que va a determinar la forma de pago y no la temporalidad de su prestación.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Esta Corte ha expresado que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley impugnar concreta, directa y eficientemente las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión, por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que ella se asienta (causas L. 116.768, "Luguercho", sent. de 13-VIII-2014; L. 118.179, "Fautario", sent. de 30-III-2016 y L. 120.349, "Rosales", sent. de 27-III-2019).
III.2. La impugnación resulta insuficiente para conmover lo resuelto.
A partir de la lectura del relato de los antecedentes es posible anticipar que la definición alcanzada por el a quo no ha sido objeto de una crítica eficaz puesto que, en rigor, sólo exterioriza un razonamiento paralelo al volcado en el pronunciamiento en crisis.
El vacuo reproche en torno a la absurda valoración de los hechos y las pruebas, con virtualidad para estimar configurados los presupuestos de la pretensión deducida, revela la manifiesta insuficiencia del intento revisor.
En tal sentido, los interesados no despliegan argumentos que permitan descalificar las conclusiones alcanzadas por el juzgador en uso de potestades privativas, en tanto se limitan a ratificar la postura inicial, aunque con una dimensión más expansiva que la originalmente propuesta.
Tal método no resulta apto para demostrar los errores atribuidos al fallo.
Corresponde agregar que esta Suprema Corte tiene dicho que carece de idoneidad el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, a través de la reiteración de argumentos expuestos en la instancia anterior, no logra concretar una réplica adecuada y eficaz de lo decidido por el tribunal en su pronunciamiento (causas L. 118.225, "Dahl", sent. de 24-II-2016 y L. 119.644, "Salas", sent. de 6-II-2019).
En definitiva, las argumentaciones traídas en la impugnación transitan por carriles diferentes al razonamiento seguido en el fallo, sin concretar una réplica eficaz para descalificar las conclusiones plasmadas en el decisorio impugnado. Resulta de aplicación la doctrina de esta Corte que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de los disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir adecuadamente las esenciales motivaciones del fallo (causas L. 114.397, "Perrota", sent. de 14-X-2015; L. 117.869, "Videla de Maldonado", sent. de 24-II-2016 y L. 118.137, "Kuhn", sent. de 12-VII-2017).
Cabe además recordar que no constituye absurdo cualquier error o la aplicación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más: el error grave y manifiesto que conduzca a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (causas L. 107.351, "Baute", sent. de 23-XII-2013; L. 105.284, "Martinicorena", sent. de 28-V-2014; L. 119.489, "Navarro", sent. de 21-VI-2017 y L. 120.171, "Morales", sent. de 3-V-2018; e. o.), lo que no se evidencia en la especie.
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó también por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
Suscribiendo lo expuesto por mi distinguido colega doctor Genoud en los dos últimos párrafos del punto III.2. de su sufragio, concuerdo en que las reflexiones que trae el impugnante lucen insuficientes (art. 279, CPCC).
Y concretamente, observo que la línea argumental que aquí adiciona el quejoso procurando restarle trascendencia a la distinción basada en la nota de "permanencia" de los trabajadores y objetando que ello no formó parte de la cuestión litigiosa, carece de toda denuncia idónea orientada a evidenciar el eventual vicio de absurdo por parte del a quo en la valoración de los escritos constitutivos de la litis y la violación del principio de congruencia.
II. En virtud de lo expuesto, el recurso debe ser desestimado conforme se resuelve en el punto final del sufragio que inaugura este acuerdo.
Con el alcance indicado, voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Pettigiani y de Lázzari, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/09/2020 16:30:44 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/09/2020 16:49:29 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/09/2020 21:16:05 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/09/2020 10:01:01 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/09/2020 17:55:20 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/09/2020 18:17:21 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia