Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121400
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de nulidad, con costas (art. 298, CPCC). Asimismo, se desestima el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.400, "Hernández, José Luis y otros contra Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad del Estado (OSSE). Diferencias salariales", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Kogan, Pettigiani.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata declaró procedente la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 297/323).
Se interpusieron, por esta última, recursos extraordinarios de nulidad (v. fs. 334/338) e inaplicabilidad de ley (v. fs. 341/348 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 367/368 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de grado declaró procedente la demanda que los señores José Luis Hernández, Ismael Héctor Coria, Mario Raúl Camilo Villaverde, Oscar Luis Jofre, Darío Héctor Solís, Gustavo Carlos Javier Cettour, Ricardo Enrique Campanella, Jorge Luis Pagano, Pedro Alberto Hachem y Juan Carlos Mangieri, promovieron contra Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado (OSSE) y ordenó abonar a cada uno de los actores, la suma que especificó (v. fs. 318/319).
II. Contra dicho pronunciamiento, la demandada interpone recurso extraordinario de nulidad, en el que denuncia que el tribunal a quo transgredió los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 334/338).
En ese orden, afirma que el tribunal de trabajo omitió brindar tratamiento a los tópicos referidos tanto a las guardias rotativas que desempeñaban los actores como a las categorías en que estos se hallaban encuadrados. Agrega que de haber tratado dichas cuestiones la decisión hubiese sido otra.
Alega que la pericia contable demostró que ninguno de los actores alternaba durante todo el año en tres turnos y que los mismos revistaban en categorías no catalogadas, denominadas polifuncionales.
III. El recurso no prospera.
III.1. Como lo señala el señor Procurador General en su dictamen, la cuestión que se denuncia omitida ha sido expresamente tratada por el tribunal de grado, sólo que en sentido adverso a los intereses de la recurrente.
En efecto, tanto las cuestiones relativas a las guardias rotativas como la categoría laboral en que se encontraban encuadrados los actores, fueron desechadas por el a quo al brindar respuesta al interrogante planteado en tercer orden del veredicto (v. fs. 297/301).
El sentenciante de grado, tuvo por demostrado que los demandantes se encontraban comprendidos dentro de lo previsto por el art. 61 de la Convención Colectiva 57/75 y, por ello, les correspondía percibir los adicionales salariales estipulados por los incs. 2 y 4, de aquella norma.
En este sentido, tiene dicho esta Corte que el recurso extraordinario de nulidad es improcedente si la cuestión que se denuncia como preterida ha sido examinada y resuelta por el órgano jurisdiccional de origen, aunque en sentido adverso a las pretensiones de la recurrente, sin que importe a los fines del citado remedio procesal el acierto o mérito de la decisión (causas L. 111.216, "López", sent. de 18-IX-2013; L. 109.926, "Mouriño", sent. de 27-VIII-2014 y L. 118.182, "Posteraro", sent. de 21-X-2015).
En rigor, y del modo como ha sido diseñada la crítica, puede advertirse que en su postulación la compareciente le adjudica al tribunal de grado la comisión de típicos errores de juzgamiento, los que, con arreglo a consolidada doctrina de este Tribunal, constituyen materia propia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 104.325, "Roldán", sent. de 22-VIII-2012; L. 117.273, "Delias", sent. de 24-IX-2014 y L. 117.867, "Vigliero", sent. de 17-V-2017).
III.2. Finalmente, y pese a la denuncia inicial, no se advierte el desarrollo de agravios vinculados a una eventual falta de fundamentación normativa del pronunciamiento (art. 171, Const. prov.), siendo dable destacar -por lo demás- que en éste se exhibe suficientemente explicitado el sustento jurídico de la decisión cuestionada.
IV. Por lo expuesto, debe rechazarse el recurso extraordinario de nulidad deducido; con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Genoud , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la accionada denuncia absurdo y la transgresión del art. 44 incs. "d" y "e" de la ley 11.653 (v. fs. 341/348 vta.).
En primer lugar, impugna la ponderación de la pericia contable producida en autos y, con ello, la liquidación efectuada por el tribunal en orden a las diferencias salariales correspondientes a los actores (v. fs. 342/345).
Por otro lado, ataca lo resuelto en materia de intereses, debido a lo que considera una errónea aplicación retroactiva de lo normado por el art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial, que atenta contra el principio de irretroactividad de la ley.
II. El recurso no prospera.
II.1. Inicialmente, cabe resaltar que, existiendo un litisconsorcio facultativo activo, el valor del litigio está representado, para la recurrente, por el importe de lo cuestionado individualmente considerado con relación a cada litisconsorte, cuantía que no supera respecto de ninguno de ellos el mínimo establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, necesario para acceder a su revisión por el remedio intentado (causas L. 110.532, "Velásquez", resol. de 5-V-2010; L. 116.760, "S.A.D.O.P.", resol. de 26-IX-2012 y L. 122.046, "D'ambrosio", resol. de 28-XI-2018), de modo que el tratamiento del remedio procesal deducido, en principio, sólo podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Consecuentemente, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una controversia y el fallo apelado transgrede la misma en un caso similar (causas L. 116.711, "Borja", sent. de 6-V-2015; L. 116.906, "Romero", sent. de 3-VI-2015 y L. 117.121, "Bustos", sent. de 15-VII-2015).
En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante aludida se impone nítida.
II.2. Con respecto al primero de los agravios, se observa que la apelante cita doctrina definitoria del vicio de absurdo, la cual, reiteradamente ha sostenido este Tribunal, no resulta idónea para habilitar la excepción en tratamiento (causas L. 95.338, "De Nardis", sent. de 20-V-2009 y L. 91.020, "Dinius", sent. de 23-IX-2009).
II.3. Por otra parte, el reproche referido a la capitalización de los intereses, es inadmisible, por cuanto la doctrina legal que invoca la impugnante ha sido elaborada en casos en los que mediaron presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los que exhibe este litigio, déficit que la torna infructuosa (causas L. 96.273, "Baier", sent. de 5-V-2010; L. 101.909, "Garritano", sent. de 9-V-2012 y L. 115.717, "Mestre", sent. de 8-V-2013).
II.4. Por último, cabe recordar que la opinión de autores, no constituye la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 119.683, "Pineda Muñoz", sent. de 14-VI-2017 y L. 119.604, "Altamirano", sent. de 21-VI-2017).
III. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
El señor Juez doctor Genoud , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de nulidad, con costas (art. 298, CPCC). Asimismo, se desestima el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/09/2020 10:25:12 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/09/2020 17:05:22 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/09/2020 15:27:59 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/09/2020 11:09:09 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/09/2020 11:25:48 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia