Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122887
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.887, "Canepa, Gerardo contra Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música. Diferencias salariales", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas a la parte demandada en cuanto resultó vencida (v. fs. 332/351).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 356/364).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En lo que interesa por constituir materia de agravios, el tribunal de grado declaró procedente la demanda que el señor Gerardo Canepa promovió contra la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC) y la condenó al pago de las sumas que determinó correspondientes a las diferencias salariales adeudadas en concepto de adicional "art. 24 punto 3) del CCT 83/75" y "reintegro de gastos".
Para así resolver, juzgó acreditada en el veredicto la relación laboral habida entre las partes, la fecha de ingreso del trabajador (15 de abril de 2004) y la categoría de "agente cobrador" del dependiente (v. vered., fs. 332/333).
Luego, señaló que ante la intimación cursada por el trabajador, la patronal en su respuesta había reconocido implícitamente la real utilización de un automóvil para la realización de la tarea que le fuera encomendada al actor, ya que en dicha comunicación había negado adeudar suma alguna, haciendo saber que se le abonaban viáticos al valor unitario conforme lo dispone el art. 76 de la Ley de Contrato de Trabajo, y negando que el uso del vehículo propio en su trabajo de cobrador le provocara erogaciones mayores a las que percibía (v. fs. 333 vta.).
Agregó el tribunal que la cantidad de kilómetros existente entre las zonas a cargo del trabajador, llevaba a concluir que sería imposible el cumplimiento de su tarea si no hubiera contado con un vehículo para traslado, dando cuenta la pericia contable sobre los gastos que irroga su uso (v. últ. fs. cit.).
En la sentencia, estableció que resultaba de aplicación al caso el Convenio Colectivo de Trabajo 83/75, suscripto entre SADAIC y el Sindicato Único de Trabajadores de Espectáculos Públicos (SUTEP) -hoy Unión de Trabajadores de Sociedades de Autores y Afines (UTSA)-, no habiéndose dictado a la fecha uno nuevo que rija la actividad de los cobradores, controles de boletería, taquilla y adicionistas; encontrándose vigente en virtud de lo dispuesto en el art. 6 de la ley 14.250 (v. fs. 340 y vta.).
Respecto del adicional contemplado en el "art. 24 del CCT 83/75", sostuvo que el convenio es plenamente aplicable a los agentes cobradores del interior del país por imperio de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 772, de fecha 21 de septiembre de 2005, no correspondiendo efectuar disquisición alguna entre estos y los radicados en Capital Federal, pues sus cláusulas alcanzan a todos los trabajadores por igual en virtud de los claros preceptos constitucionales del art. 14 bis de la Constitución nacional (v. fs. 342).
Sostuvo que el mentado art. 24 establece los "salarios mínimos" que deben percibir los trabajadores, integrándose la remuneración con un sueldo fijo mensual y una comisión del 10% sobre el total de las recaudaciones que realice en forma directa e indirecta SADAIC, y también los denominados "complementos": la bonificación por antigüedad, viático y cien litros de nafta común o su precio equivalente en dinero para las zonas que exijan por su extensión un medio de movilidad (v. fs. 342 y vta.).
A partir de ello, toda vez que ni de los recibos de haberes aportados a la causa ni de la pericia contable resultaba probado el pago de suma alguna por aquel concepto, consideró justo, razonable y equitativo, según informe suministrado por el Automóvil Club Argentino, realizar un promedio del valor del litro de nafta súper y multiplicarlo por cien, y determinar así el importe representativo de tal crédito, desdoblándolo: un primer monto por el plazo de prescripción (dos años anteriores a la fecha de interposición de la demanda) y, un segundo importe, desde este último hito temporal hasta la fecha del pronunciamiento (v. fs. 343).
Por otro lado, en relación con el reclamo por "mantenimiento de vehículo" y "gastos efectuados", entendieron los magistrados de origen que correspondía aplicar el art. 76 de la Ley de Contrato de Trabajo, y no existiendo discusión alguna relativa a que para trasladarse por todas la zonas a su cargo el trabajador debía disponer de un automóvil, quedando además probado la titularidad del vehículo, así como un estimativo de los gastos irrogados -en concepto de patentes, seguro, desgaste del coche, nafta, estacionamientos, peajes- declararon procedente la pretensión, quedando ambos rubros comprendidos en el concepto de "reintegro de gastos" al que dicha norma hace alusión (v. fs. 346/349).
II. La parte demandada deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo; transgresión de las garantías constitucionales de propiedad y de defensa en juicio; del principio de congruencia consagrado en los arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6 y 272 del Código Procesal Civil y Comercial; y la doctrina legal que identifica (v. fs. 356/364).
II.1. Cuestiona lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto declaró procedente la condena al pago del adicional previsto por el art. 24 del Convenio Colectivo de Trabajo 83/75.
Argumenta que dicho órgano jurisdiccional omitió expedirse sobre cuestiones oportunamente planteadas por su parte y que resultaban conducentes para la correcta resolución del pleito.
Afirma que, en el escrito de responde, expuso que la pretensión del actor era improcedente porque si bien la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 772/05, había extendido la aplicación del Convenio mencionado a todo el territorio del país, la entidad gremial que agrupa a los cobradores (UTSA) y SADAIC habían suscripto otros dos convenios: uno anterior al dictado de la mentada resolución de fecha 6 de octubre de 2004 y otro posterior, que data del 5 de diciembre de 2005, los cuales determinan los alcances de esa extensión (v. fs. 358 vta.).
Explica que mediante el primero se establecieron escalas salariales y se determinó la forma de abonar viáticos a los agentes cobradores del interior del país, consignándose además nuevos porcentajes de comisiones en atención a una serie de variables; y asimismo el carácter remunerativo de la asignación fija estipulada en los decretos 392/03 y 1.347/03 (v. fs. 359).
Añade que este acuerdo fue ratificado por otro el día 5 de diciembre de 2005, implementándose en este último nuevas condiciones salariales. De allí, concluye, que, al encontrarse ambos convenios agregados en autos, reconocidos por las partes y plenamente vigentes, debió el tribunal -y no lo hizo- evaluar la defensa articulada sobre la base de tales instrumentos (v. fs. cit.).
En suma, alega que el art. 24 del Convenio Colectivo de Trabajo 83/75, como surge de su texto primigenio, fue redactado e instrumentado sólo para los cobradores de sede central (Capital Federal) y para aquellos que cumplían funciones en un radio de sesenta kilómetros, otorgándosele a los del interior -entre ellos, el actor- un régimen propio que surge de los acuerdos celebrados en el mes de octubre de 2004 y diciembre de 2005 (v. fs. 359 vta.).
Asimismo, sostiene que tampoco es atendible el argumento expuesto por el a quo en lo tocante al art. 5 de la ley 14.250 para otorgar ultraactividad a la mentada cláusula convencional, ya que esta fue modificada por acuerdos posteriores (v. fs. 360).
II.2. Por otra parte, objeta el monto determinado en el pronunciamiento en concepto de "reintegro de gastos" (v. fs. 360/363).
Refiere que, si bien no existe discrepancia en cuanto a la obligación que pesa sobre el empleador de reintegrar los gastos en que incurrió su dependiente para realizar sus tareas, ello es así, siempre y cuando este cumpla con acompañar los comprobantes respectivos.
Tachando de arbitrario y absurdo el fallo en crisis, indica que era el trabajador a quien le correspondía acreditar, mediante tales documentos y de modo fehaciente, cuáles fueron las erogaciones efectuadas para poder reclamar su reintegro, no existiendo en autos prueba alguna al respecto.
En su criterio, los montos "diferidos a condena" por tales conceptos no tienen el debido respaldo instrumental en las constancias de la causa, pues la actividad probatoria del accionante fue absolutamente nula, no pudiendo ser suplida por la voluntad del tribunal.
Agrega que el pronunciamiento es arbitrario porque en él, además, se condenó a abonar los importes en concepto de reintegro de gastos retroactivamente por el período no prescripto, como si se hubiesen mantenido intangibles. Explica que, si al momento de la sentencia definitiva, se determinó que los gastos a reintegrar en conjunto ascendían a $4.000, no pudo luego el juzgador sostener que ese mismo importe era el que el señor Canepa había erogado cuatro años antes como si no hubieran sufrido deflación, generándose así un enriquecimiento indebido en su beneficio y un notorio perjuicio patrimonial para la empleadora; a tales fines, efectúa -según lo denomina- un "calculo actuarial deflacionario".
III. El recurso no prospera.
III.1. Inicialmente, cabe destacar que en la instancia de grado el medio de impugnación en examen fue concedido -en decisión que no resultó objetada- por vía de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, toda vez que el importe de lo cuestionado en esta sede extraordinaria no supera el umbral al que alude el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial en orden a su admisibilidad (v. fs. 367/368).
En consecuencia, la función revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en esta causa contradice la doctrina legal vigente, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 119.642, "Short", sent. de 21-IX-2016; L. 118.332, "Messina", sent. de 29-XI-2017 y L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018).
III.2. En ese contexto, es dable advertir que no se configura el mentado supuesto de excepción.
III.2.a. En el primer capítulo destinado a desplegar los agravios, el medio de impugnación versa sobre hipotéticas omisiones en las que a juicio del interesado habría incurrido el tribunal de grado al no tratar sendos planteos que la parte habría incorporado oportunamente al litigio, tópicos que -como es sabido- son extraños al ámbito del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y propios del de nulidad (causas L. 96.124, "L., N. A.", sent. de 15-VII-2009; L. 110.861, "Roth", sent. de 19-XII-2012; L. 117.314, "Gorosito", sent. de 16-VII-2014 y L. 117.025, "Q., J. A.", sent. de 4-III-2015).
Resta señalar que esta parcela del recurso, todavía integrada con algún otro cuestionamiento, carece de una argumentación orientada a evidenciar la hipótesis de violación de doctrina legal de esta Suprema Corte.
III.2.b. En la segunda crítica que integra la pieza en examen, el recurrente sólo trae a consideración de este Tribunal cuestiones de hecho y prueba que, como tales, desbordan el acotado marco de revisión por el que transita el recurso, así, aquellas que se vinculan con el vicio de absurdo en la valoración de la prueba que se le atribuye al a quo (causas L. 100.969, "Sastre", sent. de 5-V-2010; L. 98.130, "Izaguirre", sent. de 25-IV-2012 y L. 118.753, "Márquez", sent. de 15-XI-2016).
Cabe puntualizar entonces que, si la índole de los tópicos objeto de crítica impide que esta Corte ingrese a revisar lo resuelto en la sentencia de grado, en nada modifica la suerte adversa del recurso la cita de ciertos precedentes que efectúa el interesado a fs. 363, tramo que además, luce huérfano de toda precisión referida a la doctrina que de ellos podría emanar.
III.2.c. Con todo, no es ocioso recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia, ni los de la Corte nacional (causas L. 118.616, "Tisseira", resol. de 13-V-2015; L. 121.094, "Quinteros", resol. de 13-IX-2017 y L. 122.169, "Ortíz", resol. de 20-II-2019).
III.3. No habiéndose configurado la hipótesis de admisibilidad contemplada en la ley procesal laboral local, deben permanecer incólumes las conclusiones del fallo de grado.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/10/2020 18:10:48 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 01/10/2020 20:08:19 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/10/2020 15:16:28 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/10/2020 12:30:15 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/10/2020 13:56:25 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia