Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124824
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca rechazó la demanda promovida por Juan Manuel Oliva contra Bilbao Cereales AE & GD S.R.L. en la que procuraba el cobro de las diferencias salariales por erróneo encuadre convencional (v. fs. 499/510).
Para así decidir, tuvo por acreditada la existencia de relación laboral entre las partes y que el actor se desempeñaba –contrariamente a lo denunciado en el escrito liminar- en la categoría de personal "Administrativo A" del convenio colectivo de trabajo 130/75.
II. Frente a lo así resuelto se alza el legitimado activo con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 17-IX-2019), concedido por el a quo a fs. 512.
En su impugnación denuncia absurdo en la interpretación de los escritos constitutivos del proceso y en la apreciación de la prueba. En lo esencial, se agravia del rechazo de la demanda en cuanto, por un lado, el tribunal desinterpretó los términos del art. 2 del convenio colectivo de trabajo 407/05, el cual resulta aplicable a la actividad de la empresa demandada y, por el otro, porque las tareas realizadas por Oliva se encuadraban en el art. 6 inc. "c" del capítulo I del citado convenio.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Liminarmente, se impone observar que -en el caso- el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, representado por el monto reclamado en la demanda de cuyo rechazo se agravia el accionante, no excede el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, vigente a la fecha de interposición del remedio procesal, razón por la cual la admisibilidad de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 103.596, "Lamas", sent. de 22-V-2013; L. 118.251, "Ponce" y L. 118.272, "García", resols. de 20-XI-2014; L. 117.919 "García", sent. de 6-V-2015).
III.2. En ese orden, la exclusión de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que, mediante la denuncia de doctrina legal se traen a consideración agravios vinculados a cuestiones fácticas y probatorias -como lo son, la determinación del convenio colectivo aplicable y la categoría que desempeñaba el trabajador- y a la configuración del vicio de absurdo, asuntos que se encuentran detraídos de revisión de la Suprema Corte en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto citado (causas L. 117.896, "Esteban", resol. de 3-IX-2014; L. 118.352, "Prieto", resol. de 1-IV-2015; L. 120.480, "Ballongue", resol. de 14-VI-2017; L. 121.394, "Guzman", resol. de 6-VI-2018 y L. 123.682, "Iñesta", resol. de 11-III-2020).
Finalmente, cabe señalar que los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación o los fallos de otros tribunales de justicia no constituyen la "doctrina legal" a la que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 118.921, "Veliz", resol. de 23-IX-2015 y L. 122.001, "Quiroga", resol. de 5-XII-2018 y L. 124.081, "Mortel", resol. de 11-III-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/10/2020 14:57:39 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/10/2020 15:04:57 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/10/2020 16:35:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/10/2020 19:43:01 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/10/2020 21:52:19 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia