Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121654
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.654, "Boldrini, Fernando José contra Consorcio de Gestión de Puerto Quequén. Diferencias salariales", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Pettigiani, Genoud, de Lázzari.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Necochea rechazó la demanda promovida, imponiendo las costas a la parte actora (v. fs. 345/362).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 370/386 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S TIÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado tuvo por acreditado que el señor Fernando José Boldrini ingresó a trabajar en la Administración General de Puertos (Terminal Quequén) el día 2 de enero del año 1981 para cumplir tareas en la rama obrera del Convenio Colectivo de Trabajo 24/75 y que, posteriormente, en el año 1994, fue transferido al Consorcio General de Puertos Quequén, conservando la antigüedad adquirida con su antecesora (v. vered., fs. 345 vta. y 346).
Con apoyo en la prueba producida en la causa (testimonial, documental y pericial contable), juzgó probado que en el mes de septiembre del año 1996 el actor fue ascendido de Nivel 3 a Nivel 1 al cargo de "Jefe de Sección" correspondiente al personal directivo del Convenio Colectivo de Trabajo 164/75 "E", pero que desde el mes de octubre de 2008 hasta el mes de diciembre de 2009 fue encuadrado como empleado "Encargado Sector Administrativo" perteneciente a la estructura escalafonaria del Convenio Colectivo de Trabajo 24/75, norma que excluye de su ámbito al personal directivo (v. vered., fs. 346 vta./347 vta.).
También que, a partir del Acta Acuerdo de Recategorización suscripta por la empleadora y la entidad gremial, en el mes de diciembre del año 2009, el señor Boldrini pasó a ocupar el puesto de "Jefe de División de 1ra." previsto en el Convenio Colectivo de Trabajo 164/75 "E", categoría y convenio que rigieron su actividad hasta la fecha de promoción de la demanda (v. vered., fs. 347 vta./348 vta.).
En cambio, juzgó que el accionante no logró acreditar las circunstancias invocadas con relación a que habría sido el primero de su escalafón en acceder al puesto de "Jefe de Sección" en el año 1996 y que por esa razón gozaba de una antigüedad de trece años en la categoría al momento en que fuera celebrada la referida Acta Acuerdo del año 2009, así como tampoco que la empleadora hubiera otorgado mejores puestos a otros empleados con menor antigüedad, ni transgredido el mecanismo de ascensos previsto por la norma convencional. Agregó que la orfandad probatoria era tal que impedía acudir a la presunción contenida en el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, ya que no existía elemento de juicio que posibilitara la duda a favor del trabajador (v. vered., fs. 348 vta./351).
Ya en la sentencia, destacó que el actor reclamaba en autos el cobro de las diferencias salariales entre el cargo de "Jefe de División de 1ra." y el de "Jefe de Departamento de 1ra.", ambos del Convenio Colectivo de Trabajo 164/75 "E", al que consideraba tenía derecho a acceder en el momento en que la empleadora efectuó la recategorización del personal con motivo del Acta Acuerdo celebrada con la entidad gremial en el mes de noviembre del año 2009 y su complementaria del mes de diciembre (v. fs. 355 y vta.).
Entendió que habida cuenta que, a la fecha en que la empleadora suscribió el Acta Acuerdo y su complementaria, el actor estaba encuadrado en la categoría "Encargado de Sector Administrativo" prevista en el Convenio Colectivo de Trabajo 24/75 que excluía de su ámbito al personal de dirección, su recategorización, en el año 2009 en el puesto de "Jefe de División de 1ra." del Convenio 164/75 "E", había significado un ascenso para el dependiente, sin que éste hubiera acreditado la arbitrariedad, discrecionalidad y/o discriminación alegadas en la demanda (v. sent., fs. 355 vta./356 vta.).
Puntualizó que no había demostrado el dependiente haber sido el primero de su escalafón en ser ascendido a Nivel 1 en la categoría "Jefe de Sección" ni las circunstancias por las que interpretaba tener prioridad sobre sus compañeros (entre otros, Rodríguez, Saab y Cerfoglio) para acceder al cargo de "Jefe de Departamento de 1ra." del Convenio Colectivo de Trabajo 164/75 "E", como tampoco que la demandada hubiera violado el mecanismo convencional de designación, dado que el citado convenio establecía dos formas para cubrir cargos: por concurso o de oficio (v. sent., fs. 356 vta./357 vta.).
Agregó que no modificaba su conclusión la vigencia retroactiva del Acta Acuerdo del año 2009 al día 1 de abril de 2008, puesto que la actividad en la que el actor había estado enmarcado desde el mes de octubre de 2008 hasta el mes de noviembre de 2009 (Encargado Sector Administrativo, CCT 24/75) reducía el cómputo de la antigüedad invocada en la jefatura de sección, impidiendo tenerla por acreditada a los fines del orden de prelación denunciado, a lo que se sumaba la falta de prueba de las circunstancias fácticas alegadas en sustento de la pretendida prioridad respecto de sus compañeros para acceder a la categoría de "Jefe de Departamento de 1ra." del Convenio Colectivo de Trabajo 164/75 "E", por lo que debían rechazarse las diferencias salariales reclamadas retroactivamente para una categoría en la que nunca revistó ni cumplió funciones (v. sent., fs. 357 vta./358 vta.).
Destacó luego que no se verificaba en el caso un ejercicio abusivo del ius variandi invocado por el accionante con fundamento en el art. 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, pues el trabajador no se había negado a un cambio de categoría o ascenso, sino que esperaba uno mayor o mejor al otorgado por su empleadora. Agregó que tampoco el demandante había alegado ni por ende acreditado que su ascenso encubriera una modalidad vertical descendente ni con ello discriminación laboral, sino que únicamente reclamaba una categoría superior que por razones que no probó considera le correspondía (v. sent., fs. 358 vta. y 359).
Rechazó entonces la pretensión deducida por el cobro de las diferencias salariales (básico, antigüedad, presentismo, aguinaldo y fondo de estímulo) por el período comprendido entre abril de 2008/septiembre de 2013 (conf. ampliación demanda, fs. 75) entre la categoría de "Jefe de División de 1ra." y la de "Jefe de Departamento de 1ra.", ambas del Convenio Colectivo de Trabajo 164/75 "E" (v. sent., fs. 359).
En cuanto al "daño moral", señaló que no se verificaban los presupuestos a los que la ley subordina la obligación de indemnizar (art. 1.109, Cód. Civ. y Com.), desde que el demandante no acreditó -como era su carga (art. 375, CPCC)- haber padecido un detrimento de su personalidad y/o alteración anímica perjudicial como consecuencia de los hechos denunciados en su postulación inicial (v. sent., fs. 359 y vta.).
Agregó que los certificados médicos acompañados por la experta contable a su informe pericial (v. fs. 168/179), extendidos por un especialista en psiquiatría y psicología, no solo no habían sido incorporados por el actor como un hecho nuevo, sino que tampoco permitían relacionar su diagnóstico médico (trastorno depresivo) con la conflictiva laboral expuesta en la demanda (v. sent., fs. 359 vta. y 360).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y violación del art. 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, del Convenio Colectivo 24/75 y de la doctrina legal que cita (v. fs. 370/386 vta.).
Sostiene que en el fallo no se valoró ni aplicó correctamente el Convenio Colectivo de Trabajo 24/75. Postula que la empleadora incumplió el mecanismo establecido en el evocado convenio para la ocupación de cargos vacantes y/o promoción del personal.
Cuestiona la interpretación efectuada en el fallo respecto del art. 66 de la Ley de Contrato de Trabajo. Aduce que en la especie el ius variandi no fue interpretado en el contexto de las actuaciones. Afirma que en el caso el análisis en torno al ejercicio del poder de dirección de la demandada debió relacionarse con la falta de aplicación de la norma convencional para la gestión de los ascensos, puesto que los trabajadores no pueden ser designados y/o promovidos por el simple capricho del empleador.
Refiere que el perjuicio a su parte es evidente, material y concreto, desde que no se le otorgaron las oportunidades establecidas en el convenio aplicable (v.gr. concurso, prueba, antigüedad) a las que tenía derecho.
Considera verificado que otros empleados con menor antigüedad que el accionante ascendieron a cargos de mayor remuneración y tarea. Manifiesta que es absurdo el razonamiento del tribunal que analiza por separado las cuestiones planteadas en autos ( ius variandi , daño moral y ascenso). Insiste en que a través de la prueba oral (absolución de posiciones y testimonial) se constata en forma indubitada que todos fueron ascendidos, menos el señor Boldrini.
Cuestiona que el tribunal no hubiera valorado la promoción del actor al cargo de "Jefe de Departamento de 1ra." en el año 2015, por considerarlo un hecho ajeno a la litis, cuando dicha circunstancia fue denunciada por su parte como un hecho nuevo y demuestra la forma discrecional y arbitraria en que se maneja la empleadora, quien además nada dijo al respecto.
Luego, impugna que se rechazara el resarcimiento por daño moral. Alega que el perjuicio surge acreditado por los haberes que el señor Boldrini no percibió y hubiera cobrado de haberle sido otorgada oportunamente la categoría que le correspondía conforme el convenio aplicable. Sostiene que su reclamo no es por los salarios caídos sino por el cobro de los no percibidos por la decisión arbitraria de su empleador.
Agrega que la imposibilidad del dependiente de lograr, en igualdad de oportunidades, el ascenso que le correspondía derivó en un achatamiento de la escala salarial. Señala que el hecho dañoso lo configura la inamovilidad laboral y discriminación de la que fue víctima por la acción u omisión arbitraria de su empleadora, todo lo cual -aduce- ha sido acreditado.
Finalmente, con apoyo en doctrina autoral y precedentes de este Tribunal que cita, postula evidenciada la incorrecta interpretación del ius variandi y la falta de aplicación de los convenios colectivos.
III. El recurso no prospera.
III.1. Como fuera anticipado, el tribunal de grado consideró que la cuestión a decidir en el presente caso se circunscribía a establecer si existían diferencias salariales a favor del actor derivadas de la categoría en la que consideraba debió ser encuadrado por su empleadora cuando recategorizó al personal con motivo del Acta Acuerdo del año 2009.
En lo sustancial, juzgó que no resultó probado que el trabajador hubiera sido el primero de su escalafón en ser ascendido al cargo directivo de "Jefe de Sección" del Convenio Colectivo de Trabajo 164/75 "E", como tampoco que hubiese ocupado dicho puesto desde el año 1996 hasta la celebración del Acta Acuerdo del año 2009.
En ese contexto, desechó las circunstancias alegadas por el accionante en sustento de la prioridad invocada sobre otros empleados de la demandada, como también que ésta hubiera violado el mecanismo convencional de ascensos y/o incurrido en arbitrariedad, discrecionalidad o discriminación al momento de efectuar la recategorización de su personal.
Descartó entonces que se verificaran los extremos invocados por el actor en sustento de la categoría pretendida ("Jefe de Departamento de 1ra.", CCT 164/75 "E") y, en consecuencia, rechazó la acción instaurada por el cobro de diferencias salariales.
III.2. Tal decisión no es conmovida por el recurrente.
A partir de la lectura del relato de antecedentes es posible anticipar que la definición plasmada en el pronunciamiento no ha sido objeto de una impugnación idónea.
La crítica se exhibe disociada del razonamiento seguido en el fallo, habida cuenta que el interesado se desentiende de los términos en los que el tribunal de origen examinó la litis y evaluó la prueba producida, sin concretar una réplica idónea para obtener la modificación de lo decidido.
En efecto, a partir de su propia apreciación de las circunstancias de autos y de la visión que aporta acerca de la correcta interpretación que debió efectuar el sentenciante sobre lo que fue materia de controversia, no logra evidenciar que las motivaciones del fallo luzcan apartadas de las constancias de la causa, como tampoco que el juzgador hubiese transgredido el art. 66 de la Ley de Contrato de Trabajo ni que se hubiera apartado de la doctrina legal cuyo quebrantamiento invoca.
En rigor, ningún argumento despliega para descalificar las conclusiones alcanzadas por el tribunal de grado en uso de potestades privativas. Pues, solo exterioriza un razonamiento paralelo al plasmado en el fallo, sin hacerse cargo de las consideraciones brindadas por el tribunal al ponderar las circunstancias del caso que lo llevaron a concluir que no resultaron verificadas las condiciones (categoría y antigüedad) por las que el actor consideraba que debió haber sido recategorizado en un mejor puesto por su empleadora, descartando a su vez que ésta hubiera vulnerado la normativa convencional o ejercido abusivamente su poder de dirección.
En definitiva, las argumentaciones traídas en la impugnación transitan por carriles diferentes al razonamiento seguido en el fallo, sin lograr obtener la modificación de lo decidido. Resulta de aplicación la doctrina de esta Corte que tacha de insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de los disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir adecuadamente las esenciales motivaciones del fallo (causas L. 119.492, "Geiser", sent. de 29-XI-2017; L. 120.897, "Gianelli", sent. de 18-XII-2019 y L. 120.994, "Heitt", sent. de 19-II-2020), dejando -en consecuencia- incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobe los que la misma se asienta (causas L. 119.449, "Massin", sent. de 29-XI-2017; L. 119.933, "Botto", sent. de 27-VI-2018 y L. 121.337, "Sosa", sent. de 25-IX-2019).
Cabe además agregar que no constituye absurdo cualquier error o la aplicación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más: el error grave y manifiesto que conduzca a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (causas L. 119.489, "Navarro", sent. de 21-VI-2017; L. 119.717, "Ortiz", sent. de 10-X-2018 y L. 119.179, "Santana", sent. de 7-III-2019; e.o.), extremos que -como se dijo- no se evidencian en la especie.
III.3. Atento la solución propiciada en el anterior apartado y más allá de otras consideraciones que podrían formularse, pierde virtualidad el análisis del restante planteo. Ello pues, el propio recurrente subordina el reconocimiento de la indemnización pretendida en concepto de daño moral al eventual progreso del agravio analizado en el punto anterior.
IV. Por todo lo dicho, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Pettigiani , Genoud y de Lázzari , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/11/2020 14:10:56 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/11/2020 18:10:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/11/2020 09:24:42 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/11/2020 09:42:44 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/11/2020 10:57:11 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia