Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 124084
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el apartado III.4. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin que obre de conformidad con lo aquí resuelto.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, atento el progreso parcial del recurso (arts. 68, seg. párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.084, "Vecchio, Cintia contra Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado. Diferencias salariales", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Torres, Kogan, Pettigiani.
El Tribunal del Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata acogió parcialmente la acción deducida, imponiendo las costas a la parte demandada (v. sent., fs. 221/235 y aclaratoria, fs. 255/258 vta.).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 245/252 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Genoud dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Cintia Vecchio y Mirta Alicia Bas de Vecchio -por derecho propio y en representación de su hija menor Soledad Vecchio- y condenó a Obras Sanitarias Sociedad de Estado al pago de diferencias salariales adeudadas al señor Néstor Humberto Vecchio (padre y esposo de aquéllas) correspondientes al período comprendido entre los meses de marzo de 1999 y febrero de 2000.
Para así decir, tuvo por acreditado que el causante estuvo vinculado con la accionada por una relación de empleo público, comprendida en las disposiciones del Convenio Colectivo de Trabajo 57/75 (art. 2, LCT). También, que a partir de marzo de 1999 y hasta su fallecimiento, prestó tareas encuadradas en la categoría profesional P-07 y, sin embargo, la empleadora le abonó los salarios conforme a una inferior (R-08; v. fs. 225/226).
En consecuencia, determinó el monto de los haberes que debió haber percibido el señor Vecchio teniendo en cuenta la liquidación practicada en el informe pericial contable agregado a la causa (v. fs. cit.).
Luego, dispuso que al capital de condena se le apliquen intereses moratorios, desde que se devengó cada crédito hasta la fecha de notificación de la demanda, conforme la tasa pasiva digital que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días en plazo fijo tradicional. A su vez, estableció que el importe resultante de la acumulación de capital e intereses hasta dicho momento, devengue igual tasa hasta que quede firme la sentencia (art. 770 inc. "b", Cód. Civ. y Com.).
Asimismo, ordenó que, ante la hipótesis de incumplimiento de pago de la liquidación en el plazo de diez días, los intereses moratorios se acumulen al capital (v. fs. 226/227 vta.).
Impuso las costas a la parte demandada vencida y reguló los honorarios de los profesionales que actuaron en el proceso con sustento en las leyes 6.716, 8.904, 10.620, 12.109, 12.724 y 13.750 (v. fs. 232 y vta.).
Finalmente, ante el pedido de aclaratoria formulado por la accionada (v. fs. 241/242 y vta.), el a quo modificó el monto de la condena establecido en la sentencia y practicó una nueva la liquidación (v. fs. 255/258 vta.).
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 18 de la Constitución nacional; 15 de la Constitución provincial; 7, 730 y 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial; 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y de la doctrina legal que identifica.
II.1. Cuestiona la condena al pago de diferencias salariales por considerar que fueron reclamadas de modo global, en violación al derecho de defensa en juicio (v. 246). Señala que una pretensión de ese tenor requiere como punto de partida y de modo indispensable pautas mínimas suficientes para que el sentenciante pueda pronunciarse sobre la validez del pedimento, exigencia que -en su opinión- se encuentra incumplida en el escrito inicial (v. fs. 247).
II.2. Asimismo, se opone a que "se acumulen al capital los intereses desde que se devengó cada crédito y hasta la notificación de la demanda" (fs. 247). Afirma que el tribunal de grado realizó una indebida aplicación retroactiva de lo dispuesto por el art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial, contraria al principio receptado en su art. 7 y la doctrina legal que cita (v. fs. 248 vta. y 249).
II.3. Por otro lado, alega que en el fallo no se aplicó la imitación respecto de la responsabilidad por el pago de las costas que establecen los arts. 730 del mencionado cuerpo normativo y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 249).
Explica que el importe de las costas a su cargo representa más del 40% del monto de condena y, por ende, excede el límite referido (v. fs. 249 vta.).
Sobre esa premisa, indica que el juzgador ha vulnerado la doctrina legal que esta Corte sentó en los precedentes L. 93.064, "Vas da Silva" (sent. de 2-III-2011); L. 112.832, "G., D. H." (sent. de 2-V-2013); L. 117.427, "Caraballo" (sent. de 20-V-2015) y L. 118.434, "Virgili" (sent. de 12-IV-2017); entre otras (v. fs. cit. y 250).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Como se anticipó, el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141); razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido solo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el citado art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013; L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014; L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015; e.o.).
III.2. Desde esa perspectiva, el primer agravio que exhibe el recurso es inadmisible porque remite al análisis de típicas cuestiones de índole fáctica y probatoria -excluidas del ámbito de la casación por la vía examinada-, tal como lo son determinar si existen -o no- diferencias salariales y el modo en que fueron peticionadas en la demanda. En ese sentido, expresamente se ha declarado que debe ser rechazado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, en el marco de la excepción prevista por el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, pretende la revisión de cuestiones de hecho y de prueba, como las indicadas (causas L. 118.662, "Aiello" y L. 118.678, "Vizgarra", ambas resols. de 1-VII-2015; L. 118.735, "Subeldia", resol. de 15-VII-2015; e.o.).
III.3. También es inadmisible el cuestionamiento referido a la capitalización de los intereses, toda vez que la doctrina legal que invoca la impugnante (v. fs. 248 vta. y 249) ha sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos y normativos disímiles a los que se ventilan en el sub lite (causas L. 96.273, "Baier", sent. de 5-V-2010; L. 101.909, "Garritano", sent. de 9-V-2012; L. 115.717, "Mestre", sent. de 8-V-2013 y L. 121.400, "Hernández", sent. de 16-IX-2020).
III.4. En cambio, le asiste razón a la recurrente cuando denuncia que el órgano judicial de grado transgredió la doctrina legal concerniente a la previsión del art. 8 de ley 24.432.
La limitación respecto del alcance de la responsabilidad por el pago de las costas contemplada en la citada normativa ha sido considerada constitucional y aplicable en el ámbito provincial por esta Suprema Corte, en reiterados pronunciamientos emitidos por mayoría (así, causas: L. 77.914, "Zuccoli", sent. de 2.X-2002; L. 117.427, "Caraballo"; L. 93.064, "Vas da Silva"; L. 112.832, "G., D. H." y L. 118.434, "Virgili", citadas en el recurso, entre muchas otras). Como lo destaca el interesado, tal directriz fue receptada en idénticos términos en el art. 730 del nuevo ordenamiento de fondo (causas L. 118.380, "Arce" y L. 115.743, "Avalos", sents. de 11-IV-2018).
En el caso, del relato de los antecedentes y de los cálculos aportados por el agraviado, es dable advertir que el órgano judicial de grado, en la estimación de los conceptos integrantes de las costas, excedió el 25% del monto de condena (v. fs. 249 vta. y 250).
En atención a lo señalado, corresponde revocar el pronunciamiento de grado en esta parcela y devolver las actuaciones al tribunal de origen para que, teniendo en cuenta los lineamientos de la doctrina legal transgredida, dicte nuevo pronunciamiento observando los límites fijados por el legislador nacional de modo tal que la responsabilidad de la demandada por el pago de las costas no supere el 25% del monto de la condena impuesta a su parte.
IV. Por todo lo dicho, propongo hacer lugar parcialmente al recurso traído y revocar la resolución atacada con el alcance indicado en el párrafo precedente.
Costas de esta instancia por su orden, atento el progreso parcial del recurso (arts. 68, seg. párr. y 289, CPCC).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Genoud en los puntos III.1., III.2. y III.3. de su voto.
I.2. Con relación al agravio concerniente al límite en la responsabilidad en el pago de las costas (con cita de los arts. 730 del Cód. Civ. y Com. y 277 de la LCT; t.o. ley 24.432), también considero que se verifica en el caso la violación de la doctrina legal de esta Corte y, a los efectos de abordar el tratamiento de la crítica, habré de remitir -como indiqué al emitir mi voto en la causa L. 118.223, "Cáceres" (sent. de 26-X-2016)- a los términos de la adhesión que efectuara al votar en la causa L. 91.884, "Arzamendía Rolón" (sent. de 18-VIII-2010).
Lo expresado en dicho precedente, entre otros, se encuentra en la misma línea de ideas ya volcada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "Abdurraman" (Fallos: 332:921) y "Villalba" (Fallos: 332:1276), ratificados en recientes fallos dictados por el Alto Tribunal, en las causas "Canosa, Javier Eduardo c/ Canal del Este S.A. y otros s/ despido" y "Malynowyc, Ignacio Javier c/ Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G. y otros s/ despido", sentencias de 6-VIll-2015 y en "Tarantino, María de los Ángeles c/ Refinería del Norte S.A. y otro s/ accidente-acción civil", sentencia de 15-X-2015.
Tal como quedó de manifiesto en el voto que abre el acuerdo, la responsabilidad de la condenada en costas ha de tener como límite el establecido por la normativa (25%).
Por ende, el tribunal deberá, en el momento procesal oportuno, obrar de conformidad con lo allí dispuesto (art. 277, LCT -texto según ley 24.432-).
II. Por lo expuesto, propongo hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con el alcance expuesto en el punto IV del voto inaugural.
Con el alcance dado, así lo voto .
El señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó en el mismo sentido.
Con lo que termino el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el apartado III.4. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin que obre de conformidad con lo aquí resuelto.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, atento el progreso parcial del recurso (arts. 68, seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/04/2021 16:53:49 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/04/2021 08:46:31 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/05/2021 20:07:57 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/05/2021 20:04:45 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/05/2021 10:07:34 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia