Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126937
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art.289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Morón rechazó la demanda iniciada por Graciela Noemí Delbasso contra Wearcenter Olimpia S.A., Sebastián Andrea Adamo y Berkley Internacional ART S.A. mediante la que pretendía diferencias salariales, horas extras, las indemnizaciones previstas en los arts. 9, 10 y 15 de la ley 24.013, y una reparación integral por los daños y perjuicios ocasionados por las dolencias que denunció padecer (v. fs. 669/679).
Para así decidir, juzgó, en primer lugar, que la accionante no había logrado acreditar la existencia de diferencias salariales a su favor -las que, además, había peticionado de manera global-, así como tampoco que hubiera laborado en días feriados ni en horas extraordinarias.
Asimismo, sostuvo que, si bien la parte actora había intimado a su empleadora en los términos de los arts. 9, 10 y 15 de la ley 24.013, ello había sido una vez disuelto el vínculo, por lo que cabía desestimar el referido reclamo.
Finalmente, en cuanto a la dolencia padecida, concluyó que tanto la aseguradora como la empleadora habían negado haber tomado conocimiento de las patologías denunciadas, no encontrando acreditado lo contrario.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 701/714), el que fue concedido por el a quo a fs. 717.
En su presentación relata los antecedentes de la causa y cita las normas y garantías constitucionales que considera vulneradas. En lo esencial, con denuncia de absurdo en la valoración de la prueba -especialmente de la pericia contable-, se agravia de que el juzgador de grado no hubiera tenido por acreditadas las circunstancias expuestas en la demanda, así como tampoco que hubiera hecho valer el juramento prestado con sustento en el art. 39 de la ley 11.653.
En cuanto al rechazo de las multas establecidas en le ley 24.013, plantea la inconstitucionalidad del decreto 2.725/91, que entiende fue dictado en exceso reglamentario.
Finalmente, objeta los honorarios regulados a su apoderado, por bajos.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Por razones de orden metodológico ha de abordarse en primer término el agravio referido a cuestionar la regulación de honorarios. Sobre el particular, se advierte nítida la ausencia de interés de la parte actora para cuestionar "por bajos" los estipendios fijados en favor de su letrado apoderado, lo que sella la suerte adversa de la crítica (causas L. 113.631, "Rial", resol. de 30-III-2011; L. 114.181, "González", resol. de 12-X-2011; L. 117.529, "Marino", resol. de 11-XII-2013; L. 119.443, "Valenzuela", resol. de 16-III-2016 y L. 125.478, "Klezli", resol. de 20-XI-2020).
III.2. Aclarado ello, y respecto del resto de los reproches que porta la impugnación, ha de señalarse que el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, representado por el monto de lo reclamado en la demanda, no excede el mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, vigente a la fecha de interposición del remedio procesal (causas L. 120.211, "Almirón", resol. de 13-IX-2017; L. 121.352, "Castro", resol. de 6-XII-2017 y L. 125.162, "Navarro", resol. de 12-II-2021); razón por la cual la admisibilidad de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 114.600, "Ojeda", resol. de 13-VII-2011; L. 117.206, "Méndez Pío", resol. de 24-IV-2013 y L. 125.004, "Fernández", resol. de 13-X-2020).
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente, violación que se configura cuando esta Corte ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, en un caso similar (causas L. 118.113, "Salgado", resol. de 20-XI-2014; L. 117.693, "Medina", sent. de 11-III-2015 y L. 125.098, "Leguizamón", resol. de 22-II-2021).
III.3. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que la impugnante trae a consideración agravios relacionados a cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado y relativo a la valoración de los hechos y las pruebas -tales como la existencia de diferencias salariales, el trabajo en horas suplementarias, los vicios de la voluntad en el acto de renuncia y la determinación de la existencia de nexo causal entre las labores desarrolladas y la incapacidad que presenta-, así como al supuesto absurdo en que habría incurrido el tribunal de trabajo al meritar las circunstancias probatorias de la litis (causas L. 121.960, "Albornoz", resol. de 20-II-2019; L. 124.775, "Gómez", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.830, "Galaschi", resol. de 12-IV-2021).
Igual suerte adversa a las pretensiones de la recurrente han de correr las doctrinas referidas al vicio de absurdo, en tanto no resultan idóneas a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 121.360, "Gómez", resol. de 11-VII-2018; L. 124.023, "Albide", resol. de 30-VI-2020; L. 124.463, "Gamero", resol. de 14-VII-2020 y L. 125.418, "Marín", resol. de 12-II-2021).
Por lo demás, corresponde recordar que no constituye doctrina legal, en los términos señalados, la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia, ni los de la Corte nacional (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol de 21-XII-2020 y L. 125.504, "Dam", resol. de 28-IV-2021).
Asimismo, conforme reiteradamente ha sostenido este Tribunal, no resulta útil, en el excepcional supuesto de revisión en tratamiento, la cita de precedentes que versan sobre la obligación que tienen los jueces de fundar sus sentencias (causas L. 117.760, "Picco", resol. de 5-III-2014; L. 118.113 "Salgado", resol. de 20-XI-2014; L. 119.548 "Calicchio", resol. de 20-IV-2016; L. 120.310, "Ochoa", resol. de 23-V-2017 y L. 125.476, "Pellegrini", resol. de 9-XII-2020).
III.4. Finalmente, respecto al agravio en el cual se plantea -recién en esta instancia casatoria- la inconstitucionalidad de los decretos 146/01 y 2.725/91, las genéricas imputaciones que porta la vía extraordinaria en modo alguno resultan aptas para dar sustento a la pretendida existencia de un agravio constitucional (causas L. 117.450, "Etchegaray", sent. de 8-IV-2015; L. 121.167, "Cabral Rondan", resol. de 6-VI-2018; L. 121.814, "Folmer", resol. de 14-XI-2018 y L. 121.836, "Alvarez", resol. de 7-III-2019).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art.289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/05/2021 17:31:31 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/05/2021 19:42:46 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/05/2021 23:39:29 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2021 10:56:52 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2021 16:07:56 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/05/2021 08:41:10 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia