Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127927
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, atento a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la excepción de cosa juzgada administrativa opuesta por Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. en el marco de la acción iniciada por Roberto Daniel Di Paolo en concepto de diferencias en las indemnizaciones derivadas del despido, imponiendo las costas a la parte actora vencida (v. resol. de fecha 29-VI-2021).
Para así decidir -en lo que interesa destacar- juzgó que, frente a la finalización del contrato de trabajo habido entre las partes, éstas prefirieron omitir un conflicto judicial en el cual discutir sus eventuales derechos y arribaron a tal fin a un acuerdo libre y espontáneo (con asesoramiento profesional del trabajador y su ratificación en sede administrativa, sin constatarse la existencia de vicios de la voluntad) que fue luego homologado e íntegramente cumplido, al percibir el actor el monto consignado en el convenio.
II. Contra dicho pronunciamiento, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 15-VII-2021), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de fecha 24-VIII-2021).
En su presentación invoca absurdo y la vulneración de las normas y de la doctrina legal que cita. Postula que la decisión viola los principios de congruencia, irrenunciabilidad y de los actos propios. En lo esencial objeta la conclusión de grado que admitió la excepción de cosa juzgada ya que, en su opinión, no existe correspondencia entre los rubros reclamados y lo abonado en virtud del convenio. Denuncia la existencia de vicios de la voluntad al momento de la suscripción de dicho acuerdo.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo liminar, corresponde señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del medio de impugnación en examen, representado por la suma reclamada en la demanda, no excede el mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, conforme el texto de la ley 14.141, razón por la cual su admisibilidad sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653.
En ese orden, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando esta Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 121.663, "Cordero", resol. de 5-VI-2019; L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020 y L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021).
III.2. Sentado lo expuesto, no se observa la presencia del mentado supuesto excepcional, desde que mediante la denuncia de vulneración de doctrina legal el impugnante trae a consideración agravios vinculados a cuestiones de hecho y prueba, cuya definición es privativa del tribunal de grado, como lo son, la determinación del alcance del acuerdo celebrado entre las partes en sede administrativa, la apreciación formulada por los jueces de origen sobre la concurrencia del instituto de la cosa juzgada, así como si han existido -o no- vicios de la voluntad al suscribir el mencionado convenio, asuntos detraídos de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto citado (causas L. 113.453, "Fritz", resol. de 3-VIII-2011; L. 121.821, "Naselli", resol. de 13-II-2019; L. 123.053, "Loyato", resol. de 28-VIII-2019 y L. 124.453, "Pino", resol. de 16-VI-2020).
Por otro lado, los precedentes de esta Corte que el recurrente cita en apoyo de sus agravios no guardan correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión, ni refieren a situaciones similares, atento a su distinto contenido fáctico (causas L. 120.820, "Lastape", resol. de 11-X-2017; L. 121.314, "Aristemuño", resol. de 8-VIII-2018 y L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021).
Para más, es dable recordar que esta Corte tiene dicho que la doctrina legal es la que emana de sus propios fallos y no la que deriva de la opinión de los autores o de los pronunciamientos de otros tribunales de justicia (causas L. 121.094, "Quinteros", resol. de 13-IX-2017; L. 121.630, "Quintana", resol. de 5-XII-2018; L. 123.659, "Ovejero", resol. de 25-IX-2019 y L. 125.485, "Morales", resol. de 4-II-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, atento a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia