Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L 123754
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la decisión impugnada con arreglo a la cual el tribunal declaró de oficio su incompetencia. En consecuencia, se remiten los autos al órgano de origen a fin de que, con renovada integración, continúe entendiendo según el estado del proceso.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.754, "Lobo, Miguel Pacifico contra Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios SACPEM. Diferencias salariales", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Matanza declaró su incompetencia de oficio e intimó a la promotora del juicio para que efectuara la remisión de la causa a la justicia federal, bajo apercibimiento de archivo (v. fs. 52/54 vta.).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 6-II-2019).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de la instancia de origen declaró -de modo oficioso- su falta de aptitud jurisdiccional para intervenir en la presente causa iniciada por el señor Miguel Pacifico Lobo contra la Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios SACPEM, mediante la cual procuraba el cobro de diferencias indemnizatorias y la multa prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto conforme la ley 25.345).
Juzgó que la intervención en autos de la demandada involucraba la posibilidad de que pudiera resultar afectada la responsabilidad del Estado nacional, determinando tal circunstancia la necesaria intervención del fuero federal para conocer en la presente controversia.
Así resolvió, en tanto precisó que la accionada es una empresa con participación estatal mayoritaria, declarada de interés público nacional conforme la ley 27.132, con una función estratégica fundamental en el marco de la recuperación de la actividad ferroviaria que llevó adelante la Nación (v. fs. 52 vta. y 53).
Con cita de doctrina autoral, descartó los argumentos esgrimidos por el accionante en lo concerniente a que la relación laboral se encuadró en el convenio colectivo de trabajo de la actividad ferroviaria y que -por ende- resultaban aplicables las normas del derecho del trabajo. Ello así -aseveró- toda vez que es clara que la consagración constitucional de la competencia federal es privativa y excluyente, revistiendo carácter de orden público su observancia cuando, entre otros supuestos, la Nación o sus entidades autárquicas o descentralizadas son parte en un proceso.
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 6-II-2019), en el que denuncia absurdo, errónea aplicación y violación de las normas que individualiza, transgresión de la garantía del juez natural y del principio de progresividad. Asimismo, invoca infringida la doctrina legal que identifica.
Sostiene que la remisión que realiza el juzgador a las prescripciones de la ley 27.132, que declara la reactivación de los ferrocarriles y la mejora en la infraestructura -entre otros aspectos- como de interés nacional, no conlleva necesariamente que el caso ventilado resulte de competencia federal, en tanto se trata -en efecto- de un fuero de excepción.
Relata que la declinación de jurisdicción y su atribución a la indicada sede para dirimir conflictos originados con motivo de un contrato de trabajo, desconoce los principios tuitivos que imperan en materia laboral e importa vulnerar el principio de progresividad consagrado en normas de jerarquía supralegal.
Sostiene que el postulado del juez natural no es derogable por voluntarismo o por cuestiones fundadas en el mero arbitrio de los magistrados, como sucede en el caso, sino que es una máxima que se establece en resguardo de las garantías individuales amparadas por la Constitución nacional, los tratados internacionales con rango supralegal y constitucional y la carta magna provincial.
Finalmente, atribuye absurdo al tramo de la decisión con arreglo a la cual el tribunal de grado invocó normativa de índole nacional, provincial y municipal -que fue citada-, pues considera que resultan ajenas a los tópicos aquí ventilados.
III. El recurso prospera por los siguientes fundamentos.
III.1. La decisión que declaró oficiosamente que la competencia para entender en las presentes actuaciones debe atribuirse al fuero federal, en razón del sujeto demandado, resulta equiparable a definitiva en tanto se configura una de las excepciones en la materia (causas L. 117.075, "Casal", resol. de 5-XI-2012; L. 123.554, "Juárez", resol. de 21-VIII-2018 y L. 125.811, "Subils", resol. de 18-VIII-2020).
III.2. Razones de orden público hacen que la Constitución nacional haya organizado una jurisdicción nacional o federal (arts. 108 y 110) encargada de conocer en las cuestiones que taxativamente prevén sus arts. 116 y 117. Esta jurisdicción federal es limitada, excepcional y atribuida en razón de la materia, de las personas o de los lugares (causas L. 85.509, "Vergara", sent. de 17-V-2006; L. 120.469, "Fariña", sent. de 9-V-2018 y L. 121.770, "Salgado", sent. de 21-IX-2020).
La excepcionalidad de la intervención de la justicia federal, carácter este que el recurrente se ocupa de recordar puntualmente en su réplica, impone decidir que la declaración de incompetencia oficiosa arribada por el tribunal de la instancia de grado no resulta oportuna.
Me afirmo en esta conclusión a la luz de lo expresado, así como del principio que establece la prorrogabilidad de la competencia federal por razón de la persona en favor de la justicia local, en tanto constituye un tema disponible para la parte interesada (causas L. 36.157, "Leonardi", sent. de 9-IX-1986; L. 36.791, "Nuñez", sent. de 11-XI-1986; L. 63.348, "Mansilla", sent. de 28-X-1997 y L. 121.887, "Molino", sent. de 7-VII-2020).
Sin abrir juicio sobre el asunto de fondo debatido, reitero que el desprendimiento oficioso por el tribunal de la instancia de origen fue dictado en forma prematura, lo que impone su revocación.
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto en los términos indicados y casar la decisión bajo censura en cuanto, prematuramente, el órgano interviniente declaró de oficio su incompetencia para intervenir en las presentes actuaciones. En consecuencia, deberán remitirse los autos al tribunal de la instancia de grado a fin de que, con renovada integración, continúe el proceso según su estado y, oportunamente, dicte el pronunciamiento que corresponda.
Con los alcances indicados, voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la decisión impugnada con arreglo a la cual el tribunal declaró de oficio su incompetencia. En consecuencia, se remiten los autos al órgano de origen a fin de que, con renovada integración, continúe entendiendo según el estado del proceso.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 31/03/2022 18:23:32 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 01/04/2022 11:09:11 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/04/2022 11:40:41 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/04/2022 10:59:07 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/04/2022 12:04:29 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia