Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125066
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de nulidad, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos, y desestimar el de inaplicabilidad, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289 y 298, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por Melisa Landi Arripe y, en consecuencia, condenó a Patricia Ivana Tedesco al pago de la suma que especificó en concepto de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros laborales (v. fs. 858/872).
Para así decidir, en lo que interesa destacar, tuvo por acreditado que la actora se desempeñó desde el 1 de noviembre de 2014 bajo relación de dependencia en favor de la accionada, cumpliendo una jornada completa de labor y que la extinción del vínculo tuvo lugar el 28 de febrero de 2017, por la renuncia de la trabajadora. Asimismo, puntualizó que Arripe reingresó a trabajar bajo órdenes de la misma empleadora el 16 de octubre de 2017, cumpliendo media jornada laboral y habiendo laborado hasta el 28 de noviembre de 2017, cuando fue despedida sin causa.
Sobre tal base fáctica, juzgó que el tiempo real de servicios para la determinación de la indemnización derivada del despido, debía incluir -conforme lo dispone el art. 18 de la ley 20.744- las dos etapas trabajadas para la accionada, no correspondiendo tomar el último como un período de prueba.
Por otro lado, y en relación a la multa dispuesta en el art. 80 de la ley 20.744, entendió que los certificados confeccionados por la empleadora difícilmente se compadecieran con las pautas acreditadas en autos, ante el desconocimiento de la jornada completa de labor y su incidencia en las remuneraciones devengadas que han de constar en los instrumentos a los que alude la norma.
Además, consideró cumplidos los recaudos legales de habilitación de los incrementos indemnizatorios reglados en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323.
Finalmente, juzgó que no obstante el planteo de inconstitucionalidad efectuado por la demandada, correspondía aplicarle la sanción establecida en el art. 53 ter de la ley 11.653.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada pasiva deduce recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 878/899 vta.), los que fueron concedidos por el a quo tras admitir la solicitud de eximición del depósito establecido en el art. 56 de la ley 11.653 (v. resolución de fecha 20-IX-2021); habiéndose conferido vista al señor Procurador General con fecha 11 de marzo de 2022 (v. dictamen electrónico del 6-V-2022).
III.1. En la primera de las vías intentadas, con apoyo en lo normado en el art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, denuncia que el tribunal de grado incurrió en la omisión deliberada de abordar el planteo de inconstitucionalidad del art. 53 ter de la ley 11.653 oportunamente incoado por su parte.
III.2. De conformidad con el dictamen del señor Procurador General, el recurso no puede prosperar.
III.3. En ese contexto señalado, corresponde recordar que la vía prevista en el art. 161 apartado 3 inc. "b" de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires únicamente puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. cit.; causas L. 121.277, "Jara", resol. de 7-III-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020 y L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021).
III.4. En el caso, la línea argumental desarrollada en la presentación recursiva se aparta de las causales que de manera taxativa componen los lindes enmarcatorios de este específico remedio extraordinario, toda vez que del análisis de la exposición de agravios formulada se desprende que, atribuyendo una omisión intencional, todos sus reproches se dirigen a cuestionar el modo en que el judicante de grado aplicó la sanción contenida en el referido artículo 53 ter de la ley 11.653.
Al respecto, cabe recordar que la omisión en el tratamiento de cuestiones esenciales que genera la nulidad del pronunciamiento, es aquélla en la que incurre el tribunal sentenciante por descuido o inadvertencia, pero no la que se desprende de la convicción -acertada o no- pero exteriorizada en el fallo de que una o más de esas cuestiones no deben o no pueden ser tratadas (causas L. 106.945, "Calabrese", sent. de 31-X-2012; L. 110.773, "Asensio", sent. de 13-XI-2012; L. 117.550, "Ubach", resol. de 5-II-2014 y L. 121.377, "Rossi", resol. de 11-IV-2018).
En tal sentido, dable es recordar que los cuestionamientos u objeciones dirigidos contra el modo como el tribunal abordó los planteos de las partes y -eventualmente- el grado de acierto jurídico que pueda exhibir su decisión, escapa en mucho el limitado ámbito de cognición del remedio procesal bajo examen pues conforman, en definitiva, la imputación de típicos errores in iudicando (causas L. 122.963, "Romero", resol. de 18-IX-2019; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020 y L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020) que, como tales, resultan propios del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
IV.1. En cuanto al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la accionada denuncia absurdo en la valoración de la prueba y la vulneración de las normas y la doctrina legal que cita.
En sustancia, le objeta al juzgador haber tenido por acreditada la jornada laboral denunciada en el escrito de inicio y que considerara que hubo continuidad laboral respecto de los dos períodos en que la accionante se desempeñó bajo sus órdenes, descartando la posibilidad de aplicación del art. 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo para la justificación del despido.
Luego, controvierte la condena al pago de la multa del art. 80 de la ley 20.744 (conf. art. 45, ley 25.345), alegando que los certificados a los que alude la norma fueron realizados de conformidad a las constancias registrales.
Por último, impugna la procedencia de los incrementos previstos en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323.
IV.2. El recurso no prospera.
IV.3. Liminarmente, se impone observar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por el monto de condena- no supera el mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, vigente al momento de la interposición del presente recurso, razón por la cual la admisibilidad del remedio en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 116.525, "Rouco", sent. de 20-VIII-2014; L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015 y L. 125.416, "Tévez", resol. de 30-XI-2020).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 121.245, "Leguizamón", resol. de 16-V-2018; L. 125.349, "Bustamante", resol. de 14-XII-2020 y L. 125.787, "Galeani", resol. de 17-II-2021).
IV.4.a. Bajo las señaladas premisas, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que la impugnante trae a consideración agravios relacionados a cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado y relativos a la valoración de los hechos y las pruebas -como lo son, en la especie, aquéllas vinculadas a determinar, con arreglo a las circunstancias fácticas, la extensión de la jornada laboral, la incorrecta registración y la continuidad, o no, del contrato de trabajo-, así como al supuesto absurdo en que habría incurrido el tribunal de trabajo al meritar las circunstancias probatorias de la litis (causas L. 121.960, "Albornoz", resol. de 20-II-2019; L. 124.775, "Gómez", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.830, "Galaschi", resol. de 12-IV-2021).
IV.4.b. Por otra parte, tampoco resultan hábiles los precedentes traídos por la recurrente relacionados con el rechazo de las multas previstas en los arts. 80 de la ley 20.744 y 1 de la ley 25.323, en tanto remiten al análisis de asuntos cuya definición es privativa del tribunal de grado -como son aquellas relativas a establecer si se configuran o no los presupuestos para su procedencia-, temas detraídos de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes citado (causas L. 121.322, "Sturla", resol. de 3-V-2018; L. 121.747, "Gutiérrez Mousist", resol. de 7-XI-2018 y L. 127.524, "Testa", resol. de 6-XII-2021); y, además, han sido elaboradas sobre la base de presupuestos fácticos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 123.152, "Vega", resol. de 4-XII-2019; L. 124.834, "Rodríguez", resol. de 13-X-2020 y L. 127.234, "Raimo", resol. de 7-III-2022).
IV.4.c. Por lo demás, corresponde destacar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020 y L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020).
IV.4.d. Finalmente, respecto del agravio referido al incremento indemnizatorio establecido en el art. 2 de la ley 25.323, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional previsto en el citado art. 55 de la ley 11.653, en tanto, a su respecto, la recurrente omite citar como transgredida doctrina legal alguna de esta Suprema Corte sobre dicho tópico, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020 y L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de nulidad, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos, y desestimar el de inaplicabilidad, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289 y 298, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/06/2022 16:27:54 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2022 09:09:37 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2022 09:59:39 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/06/2022 00:45:47 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/06/2022 08:48:49 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 07/06/2022 15:05:19 hs. bajo el número RR-752-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia