Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130501
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, rechazó en todas sus partes la demanda promovida por Carlos Ignacio Aceituno, Daniel Ignacio Aceituno, Rubén Horacio Aguilera, Roberto Luis Álvarez, Leandro Omar Cárdenas, Jorge Luis Ciccola, Roberto Ariel De Deugd, Walter Fabián Emalhao, Matias Gabriel Guzman Payllalef, Ángel Fernando Martin, Mariano Rolando Mujica, Alejandro Daniel Núñez, Luciano Fabián Pinto, Juan Manuel Ponce, Noelia Ponce, Ricardo Fabián Ponce, Juan Eduardo Rodriguez, Manuel Martin Soto y Juan Marcelo Vega Figueroa contra Aguas Bonaerenses S.A., por la que procuraban el cobro de diferencias salariales originadas por los decretos 392/03, 1.347/03 y 1.295/05, con más la sanción prevista en el art. 53 ter de la ley 11.653 (v. pronunciamiento de fecha 1-XII-2022).
II. Frente a lo así resuelto los legitimados activos interpusieron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 6-XII-2022), el que fue concedido por el órgano de grado (v. resolución de 12-XII-2022).
En su presentación, alegan absurdo y arbitrariedad, denunciando la transgresión de garantías constitucionales vinculadas al Derecho del Trabajo.
Sustancialmente, objetan el rechazo de la demanda instaurada. Afirman que el fallo se aparta de la verdad jurídica objetiva y de las constancias de la causa, al establecer una conclusión contradictoria con lo que expresamente se estableció en los decretos citados precedentemente.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Liminarmente, debe señalarse que en el supuesto de litisconsorcio facultativo activo -como se verifica en autos- el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -representado por el importe individualmente reclamado por cada uno de los actores en la demanda en concepto de diferencias salariales por el período comprendido entre febrero de 2016 a febrero de 2018 inclusive -no excede- en ningún caso el monto mínimo fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, vigente al momento de la interposición del remedio procesal (causa L. 123.801, "Montovio", resol. de 20-V-2020; L. 125.946, "Panebianco", resol. de 11-V-2021 y L. 129.462, "Scuffi", resol. de 5-XII-2022).
III.2. Sentado ello, y respecto del planteo de inconstitucionalidad del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, esta Suprema Corte tiene dicho, en forma reiterada, que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161 apartado 3 inc. "a" de la Constitución de la Provincia establece que el conocimiento y resolución del indicado remedio procesal compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas L. 116.461, "Arriola Camacho", sent. de 31-VII-2013; L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015; L. 124.765, "Trescher", resol. de 23-IX-2020; L. 129.376, "Castaño", resol. de 21-X-2022 y L. 129.268, "Senger", resol. de 15-II-2023).
Cabe agregar a ello -como también lo ha resaltado esta Corte- que el juego armónico de lo dispuesto por los artículos 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en modo alguno veda la deducción del medio de impugnación previsto, sino que lo condiciona a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa y sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio (causas L. 117.612, "Aranda", sent. de 17-IX-2014; L. 118.542 "Holzman", resol. de 10-XII-2014 y L. 124.714, "Tolosa", resol. de 24-VIII-2020).
III.3. En razón de lo expuesto, la facultad revisora de esta Corte queda circunscripta a constatar si lo resuelto por el órgano judicial de grado contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 105.284, "Martinicorena", sent. de 28-V-2014; L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014; L. 125.761, "Ramos", resol. de 4-III-2021 y L. 129.313, "Martínez Ramos", resol. de 3-XI-2022).
III.4. Realizado el examen conforme los lineamientos anteriormente enunciados, dable es señalar que la cita de doctrina legal deviene ineficaz si los precedentes invocados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley fueron elaborados sobre la base de presupuestos fácticos diferentes a los propios del caso en juzgamiento (causas L. 117.605, "Gómez", resol. de 14-VIII-2019; L. 125.657, "Durand", resol. de 2-III-2021; L. 129.442, "Pereyra", resol. de 19-XII-2022 y L. 129.670, "Verón", resol. de 14-III-2023).
III.5. Además, sabido es, que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018, L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 128.892, "Moreno", resol. de 19-IX-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/08/2023 10:49:56 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/08/2023 12:12:09 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2023 16:24:19 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/09/2023 13:26:52 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/09/2023 08:33:13 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 07/09/2023 15:20:04 hs. bajo el número RR-1076-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia