Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130691
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley traídos, en atención a que no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Tandil, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por la señora Rosa Cristina Ferragine y condenó a Usina Popular y Municipal de Tandil Sociedad de Economía Mixta, al pago de la suma que especificó en concepto de diferencias salariales con fundamento en el art. 12 incs. "a", "b" y "h" del Convenio Colectivo de Trabajo 36/75. En cambio, la rechazó en relación al reclamo vinculado a la bonificación prevista en el art. 14 inc. 5 de la misma convención colectiva (v. pronunciamiento de fecha 19-IV-2023).
Para así decidir, en primer lugar, consideró que la actora no logró acreditar en autos desempeñarse como personal jerárquico dentro de la empresa accionada, consecuentemente no se configuró el presupuesto esencial para poder percibir el rubro dispuesto en el art. 14 inc. 5 del Convenio citado ut supra . Asimismo, concluyó que no correspondía el pago del "adicional empresa" por cuanto tal bonificación no se encontraba previsto en la norma convencional de aplicación.
Por otra parte, entendió que el Acta Acuerdo suscripta el 12 de octubre de 2017 entre la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLYF), Sindicato de Luz y Fuerza Mercedes (B); Seccional Tandil de Luz y Fuerza y Usina, celebrado en el marco del mencionado convenio 36/75, en tanto establece una escala salarial menos favorable para la trabajadora no resulta aplicable al caso.
En este contexto, y en virtud de lo informado por el perito contable en su dictamen, juzgó acreditadas las diferencias salariales peticionadas por la accionante en la demanda (art. 12 incs. "a", "b" y "h", CCT 36/75) por el período comprendido entre noviembre de 2016 y hasta la extinción del vínculo (octubre de 2018).
II. Contra dicho pronunciamiento ambas partes deducen recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. escritos electrónicos de fecha 7-V-2023 y 9-V-2023), los que fueron concedidos por el a quo (v. resoluciones del 11-V-2023).
III.1. En primer lugar, corresponde expedirse en torno al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la legitimada activa (v. presentación del 7-V-2023), mediante el cual objeta -exclusivamente- el rechazo del reclamo vinculado al rubro "adicional empresa".
Asimismo, sostiene que en el fallo se omitió analizar las argumentaciones y objeciones introducidas en el escrito de inicio relativas al Acta Acuerdo suscripta el 12 de octubre de 2017 y su Disposición 189/17 Homologatoria del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de La Nación.
III.2. El recurso no pude prosperar.
III.3. De modo liminar, cabe destacar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por la cuantía del rubro reclamado en la demandada que no próspero y es motivo de agravio- no supera el monto mínimo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, (causas L. 115.569, "Bergna", resol. de 28-XII-2011; L. 117.738, "Steimberg", resol. de 27-V-2015; L. 121.218, "López", resol. de 13-VI-2018; L. 124.713, "Juarez", resol. de 21-X-2020 y L. 130.281, "Galván", resol. de 30-V-2023).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 123.296, "González", resol de 15-II-2023).
III.4. Bajo las señaladas premisas, no se verifica la concurrencia del supuesto descripto que justifique su encuadre en la citada norma adjetiva, desde que los precedentes que se invocan han sido elaborados sobre la base de presupuestos fácticos diferentes a los propios del caso en juzgamiento (causas causas L. 125.657, "Durand", resol. de 2-III-2021; L. 129.442, "Pereyra", resol. de 19-XII-2022 y L. 129.670, "Verón", resol. de 14-III-2023).
III.5. Para más, respecto de la supuesta preterición en que incurrió el a quo al no abordar en el fallo las cuestiones introducidas en la demanda vinculadas con el Acta Acuerdo de fecha 12-X-2017, se impone recordar, que reiteradamente esta Corte tiene dicho que la omisión de tratamiento de planteos o de cuestiones resulta ajena al ámbito del remedio interpuesto, pues tal impugnación es materia propia del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 103.565, "Bugatti", sent. de 12-X-2011; L. 106.055, "Pellejero", sent. 14-XII-2011; L. 105.609, "Arce", sent. de 12-XII-2012; L. 121.612, "Díaz", resol. de 17-X-2018 y L. 128.953, "Rohlik", resol. de 4-X-2022), que el interesado se abstuvo de deducir.
IV.1. En el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la legitimada pasiva (v. presentación de fecha 9-V-2023) se citan las normas y la doctrina que la interesada entiende violadas. Se alega que en la resolución atacada se incurrió en una absurda interpretación de la prueba y se transgredió el derecho de defensa en juicio y el principio de congruencia, en tanto el sentenciante se pronunció más allá de lo peticionado por la parte actora en su escrito de demanda.
En lo esencial, impugna la conclusión que adoptó el juzgador en torno al reclamo de las diferencias salariales, en este sentido, sostiene que se incurrió en una incorrecta, desacertada y deficiente fundamentación jurídica, pues se aplicó un plexo normativo -el CCT 36/75- que dejó de tener vigencia con la firma del Acta Acuerdo de fecha 12-X-2017 homologada por el Ministerio de trabajo mediante disposición 189/17.
IV.2 El presente recurso tampoco prospera.
IV.3. En el caso, nuevamente el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -representado por el capital de condena- tampoco excede el mínimo fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -texto ley 14.141-. En consecuencia, y como se adelantó al abordar el recurso introducido por la parte actora, la admisibilidad de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla en el artículo 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653.
IV.4.a. Siendo así, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que, mediante la denuncia de vulneración de doctrina legal, la impugnante trae a consideración agravios vinculados a cuestiones de índole fáctica y probatoria -como lo son, la determinación de la base salarial para cálculo del resarcimiento de condena, así como también la convención colectiva que resulta de aplicación a una específica relación laboral y el supuesto absurdo en que habría incurrido el tribunal de trabajo al meritar los escritos constitutivos y las circunstancias probatorias de la litis- asuntos detraídos de revisión de esta Suprema Corte en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto procesal citado (causas L. 125.349, "Bustamante", resol. de 14-XII-2020; L. 125.606, "Maldonado", resol. de 29-III-2021; L. 126.864, "López", resol. de 13-VII-2021 y L. 128.477, "Soria", resol. de 27-X-2022).
También, la doctrina legal citada por la impugnante ha sido elaborada sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en la causa bajo juzgamiento (causas L. 119.933, "Botto", sent. de 27-VI-2018; L. 121.303, "Vargas", sent. de 12-II-2020; L. 121.841, "Sanchioni", sent. de 21-IV-2021 y L. 130.500, "Pezzana", resol. de 4-X-2023).
IV.4.b. A lo expuesto, corresponde añadir, que la denuncia de precedentes referidos al vicio de absurdo, no resultan idóneos a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional carril que prevé el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 124.023, "Albide", resol. de 30-VI-2020; L. 124.463, "Gamero", resol. de 14-VII-2020 y L. 125.418, "Marín", resol. de 12-II-2021).
Por lo demás, tampoco resulta útil en el excepcional supuesto de revisión en tratamiento la cita de precedentes que versan sobre la obligación que tienen los jueces de fundar sus sentencias (causas L. 125.476, "Pellegrini", resol. de 9-XII-2020; L. 127.182, "Acosta", resol. de 1-XI-2021 y L. 130.165, "Grupo San Nicolás S.R.L.", resol. de 21-VI-2023).
IV.4.c. Igualmente, corresponde recordar que no constituye doctrina legal, en los términos señalados, la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia, ni los de la Corte nacional (causas L. 126.487, "González", resol. de 8-II-2021; L. 125.472, "Ávila", resol. de 12-II-2021; L. 126.551, "Arias", resol. de 4-III-2021 y L. 127.711, "Zapata", resol. de 11-II-2022).
IV.5. Finalmente, con relación a la gravedad institucional invocada, y más allá del marco en el que se examina el presente recurso, cabe reiterar que esta Corte ha señalado que tal extremo se encuentra íntimamente vinculado en grado de dependencia- a la verdadera presencia de una situación aprehensiva de interés institucional, no advirtiéndose en el caso la configuración de un supuesto de las características prealudidas (causas Ac. 99.509, "Domeq", resol. de 13-VIII-2008; L. 123.376, "Parolini", resol. de 14-VIII-2019; L.126.564, "Braun", resol. de 11-II-2022 y L. 129.177, "Carfagna", resol. de 6-II-2023).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley traídos, en atención a que no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/12/2023 14:10:44 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2023 10:00:08 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/12/2023 10:24:47 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/12/2023 11:01:23 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/12/2023 12:05:19 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 26/12/2023 12:31:17 hs. bajo el número RR-1739-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia