Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130632
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
Los señores Jueces doctores Soria, Genoud y Torres dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata rechazó la demanda interpuesta por Floreal Alberto Aguirre, Martín Gustavo Alegre, Rodolfo Leandro Canton, Alfredo Terencio González, Norberto Orlando Juárez, Ariel del Valle Ledesma, Carlos Alberto Perdomo y Alberto Bonifacio Poggio contra el Ente Administrador Astillero Río Santiago en la que procuraban el cobro de las diferencias salariales en su carácter de supervisores (v. vered. y sent. de 11-X-2022).
Resolvió de esta manera, por entender que no se acreditó en autos que el Ente Administrador del Astillero Río Santiago arbitrariamente redujera una diferencia porcentual de haberes que debía existir a favor de los trabajadores por detentar la categoría de supervisores, sino que la Asociación de Trabajadores del Estado, Seccional Ensenada, en paritaria salarial para los empleados de la señalada entidad, acordó que la bonificación remunerativa no bonificable -aquí debatida- no se tuviese en cuenta para calcular la diferencia porcentual aludida.
II. Contra dicha decisión, los actores interpusieron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 7-XI-2022), el que fue concedido por el a quo en el marco de la excepción contenida en el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 (v. resol. de 11-IV-2023).
En su presentación denuncian absurdo en la valoración de la prueba, la violación del principio de congruencia y la errónea interpretación de las normas que citan.
En sustancia, alegan que la sentencia contiene un grave error de derecho, que expande sus efectos nocivos a toda la resolución, cual es el desconcierto en relación a lo que es un verdadero "Convenio Colectivo De Trabajo", y que lleva al juzgador a confundirlo con un simple acuerdo plurindividual sin homologación alguna.
Manifiestan que ese razonamiento lleva al sentenciante a cometer el absurdo de desconocer la existencia de otro instrumento del año 2005, este sí homologado, y al que califica también como un "convenio colectivo de trabajo" cuando tampoco lo es.
Sostienen que, sobre la base de esos errores, el Tribunal trata a dos instrumentos jurídicos distintos (uno de 2005 y otro de 2015) como semejantes, y que, para más, los califica de convenio colectivo a ambos, cuando ninguno de ellos reviste tal naturaleza.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se debe observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 -decisión que, debidamente notificada, no ha merecido objeciones por parte de los impugnantes-, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 117.035, "Abregú", resol. de 25-IX-2013; L. 117.813, "Doufour", sent. de 1-VII-2015; L. 123.066, "Núñez", resol. de 14-VIII-2019; L. 124.706, "Álvarez", resol. de 15-IX-2020 y L. 130.792, "Belmonte", resol. de 26-II-2024), hipótesis que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 121.663, "Cordero", resol. de 5-VI-2019; L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020; L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021 y L. 130.674, "Cabrera", resol. de 26-XII-2023).
Asimismo, es dable poner de resalto, que el planteo contenido en el recurso no permite considerar involucrada -de manera directa e inmediata- una cuestión de naturaleza federal que autorice su conocimiento sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la CSJN in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 121.801, "Castro" resol. 17-X-2018; L. 124.036, "Landes", resol. de 17-VI-2020; L. 125.642, "Eseiza", resol. de 4-III-2021 y L. 130.710, "Moreira", resol. de 26-XII-2023).
III.2. En ese contexto, los cuestionamientos que porta la impugnación, estructurados sobre la denuncia de absurdo en la interpretación de los escritos constitutivos del proceso y las circunstancias fácticas de la causa, y en la alegada transgresión al principio de congruencia, exceden el estrecho marco de revisión que provee el art. 55 de la ley 11.653 ya citado (causas L. 98.026, "Gómez", sent. de 2-VII-2010; L. 117.923, "Chiroli", sent. de 25-X-2017; L. 120.800, "Felita", sent. de 13-XI-2019; L. 128.416, "Bucetta", resol. de 26-IV-2022 y L. 130.284, "Silvero", resol. de 21-VI-2023).
En este sentido, sabido es que la mención de doctrina legal vinculada con el postulado de la congruencia no resulta hábil a los fines pretendidos (causas L. 123.315, "Prado", resol. 26-XII-2019; L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020; L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021; L. 128.564, "Ponce", resol. de 29-VI-2022 y L. 130.986, "Alconchel", resol. de 4-XII-2023).
Luego, los demás precedentes de este Tribunal que se denuncian infringidos tampoco resultan idóneos a esos efectos, en tanto no guardan relación con las motivaciones del pronunciamiento, o fueron elaborados a partir de presupuestos disímiles a los del caso en juzgamiento (causas L. 118.187, "Riple", resol. de 10-XII-2014; L. 121.314, "Aristemuño", resol. de 8-VIII-2018; L. 124.719, "Di Lernia", resol. de 21-IX-2020; L. 128.186, "Gala", resol. de 19-V-2022 y L. 130.974, "Pirola", resol. de 26-II-2024).
Además, se encuentra excluido del concepto de doctrina legal, en los términos y con los alcances en que ésta ha sido definida por este superior Tribunal, la mención de la opinión personal de uno de sus Ministros, así como tampoco la cita del voto que ha quedado en minoría, puesto que sólo traduce la convicción personal de uno de los miembros de la Suprema Corte, mas no constituye el fundamento del fallo estructurado sobre la mayoría de opiniones (causas L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020; L. 125.485, "Morales", resol. de 4-II-2021; L. 127.662, "Garnica", resol. de 28-XII-2021; L. 128.407, "Gómez", resol. de 7-VI-2022 y L. 130.741, "Perniola", resol. de 26-II-2024).
Finalmente, dable es recordar que tampoco constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020; L. 128.158, "Robaldo", resol. de 5-V-2022 y L. 130.296, "Juárez", resol. de 20-IX-2023).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar, en lo concerniente a la denunciada violación del principio de congruencia, que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de forma (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005 y L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 130.835, "Alarcón", resol. de 27-II-2024).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/05/2024 13:51:40 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/05/2024 09:50:24 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/05/2024 13:39:56 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2024 22:42:36 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/05/2024 09:09:56 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/05/2024 13:06:43 hs. bajo el número RR-506-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia