Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131076
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en la ciudad de Tres Arroyos, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Ángel Alberto Barrionuevo y condenó a Cooperativa Agrícola Limitada de Cascallares al pago de la suma que especificó en concepto de indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. veredicto y sentencia de fecha 26-VI-2023).
Para así decidir, por ser materia de agravio, juzgó que si bien ambas partes, por distintos motivos, disolvieron el vínculo laboral, cierto es –concluyó el sentenciante- que éste se extinguió el 18 de enero de 2021 por despido directo de la patronal fundado en la causal prevista en el art. 252 de la Ley de Contrato de Trabajo, el cual resultó injustificado, toda vez que, conforme a los presupuestos fácticos de la causa, no se probó que la empleadora haya intimado previamente al actor a iniciar los trámites jubilatorios. Pero además, se demostró que Barrionuevo al momento del distracto ostentaba un cargo representativo en el sindicato respectivo y que dicha circunstancia era conocida por la Cooperativa demandada quien, pese a ello, no arbitro el procedimiento de exclusión de tutela sindical previsto en el art. 47 de la Ley 23.551.
II. Contra dicho pronunciamiento, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 6-VII-2023), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de fecha 11-VII-2023).
En su presentación relata los antecedentes de la causa. Alega absurdo y arbitrariedad e individualiza las normas y la doctrina legal que considera vulneradas.
En sustancia, se agravia de la decisión del tribunal de grado en la medida que considera que no tuvo en cuenta que ha sido el trabajador quien se colocó en situación de despido indirecto y que no acreditó las injurias invocadas, tal como era su carga probatoria. En ese sentido, entiende que dicha conclusión es fruto de una absurda valoración de los hechos y de las pruebas producidas en la causa, especialmente de la testimonial.
Por otra parte, impugna la condena a pagar la multa impuesta con fundamento en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Por último, objeta por altos los honorarios regulados al letrado de la contraparte y peritos intervinientes en autos, como así también la imposición de costas.
III. El recurso no prospera.
III.1. Corresponde señalar, que determinar la oportunidad en que se configuró el despido, evaluar la conducta de las partes previa a la rescisión del vínculo laboral para establecer la existencia o no de injuria, como así también la apreciación de la entidad de las causales invocadas para tenerlo por disuelto y la valoración de los elementos probatorios arrimados a la causa para su demostración, constituyen cuestiones reservadas a la función axiológica de los jueces de grado. Las conclusiones que al respecto formulen sólo pueden revisarse por la Suprema Corte si se demuestra que la ponderación no ha sido efectuada con la prudencia que la ley exige, o se ha incurrido en absurda apreciación de los hechos y las pruebas (causas L. 121.570, "Romera", resol. de 26-IX-2018; L. 124.195, "Gómez", resol. de 2-X-2020; L. 125.302, "Kessler", resol. de 9-XII-2020 y L. 130.094, "Severini", resol. de 7-IX-2023).
En cuanto a este vicio lógico, cabe recordar que para tenerlo por configurado debe acreditarse del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco", resol. de 24-VIII-2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020).
No cualquier yerro, o la aplicación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, alcanzan para tenerlo por verificado, sino que se requiere algo más; esto es, el vicio lógico del razonamiento o la grosera desinterpretación material de alguna prueba (causas L. 124.121, "Sánchez", resol. de 11-VI-2020; L. 124.031, "Coronel", resol. de 16-VI-2020 y L. 123.944, Di Cataldo", resol. de 3-VIII-2020).
III.2. La carga de evidenciar los extremos indicados no ha sido cumplimentada, no obstante haber sido denunciado el vicio invalidante.
En el caso, el sentenciante juzgó que la relación laboral que unió a las partes, se extinguió en fecha 18 de enero de 2021 por despido directo dispuesto por la patronal fundado en la causal prevista en el art. 252 de la ley de fondo. Sin embargo, agrega que ante la ausencia de los elementos esenciales que la propia ley prevé para la eximición de responsabilidad de la empleadora, debe reputarse el distracto sin causa alguna generando con ello el derecho del trabajador a la percepción de los rubros indemnizatorios correspondientes.
III.3. Estas esenciales conclusiones del órgano judicial de grado no logran ser descalificadas por la recurrente, por cuanto las alegaciones que formula no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre cómo debieron apreciarse los hechos y las probanzas agregadas a la causa, lo cual -conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (causas L. 121.835, "Espíndola", resol. de 13-II-2019 y L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020).
En efecto, a partir de su propia apreciación de las constancias de la causa, se limita a verificar el asunto desde su particular óptica, tratando de modificar el fallo más sin lograr descalificar las conclusiones del juzgador en cuanto arribó a la convicción que en el caso se comprobó una situación de despido sin causa justificada conforme el marco en el cual analizó los argumentos expuestos y las circunstancias acreditadas en el proceso.
En tales condiciones, los agravios que ensaya el compareciente resultan ineficaces para acreditar la existencia del error grosero y manifiesto que caracteriza al absurdo, en tanto contrapone a la valoración del material probatorio que ha realizado el Tribunal de grado argumentaciones basadas exclusivamente sobre su personal apreciación, lo cual resulta insuficiente para determinar la apertura de la instancia extraordinaria en lo que concierne a cuestiones fácticas y probatorias.
Cabe recordar que no cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurar tal vicio invalidante. Es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, un desajuste manifiesto e inconciliable con los elementos objetivos de la causa, que requiere ser eficazmente denunciado y demostrado por quien lo invoca (causas L. 118.007, "Marcucci", sent. de 30-III-2016; L. 120.589, "F.A.E.", sent. de 13-XI-2019 y L. 121.265, "Ojeda", sent. de 6-X-2020) y que en el caso -como se anticipó- no logra ser acreditado por la impugnante.
III.4. En particular, ante el agravio que gira en torno a la valoración de las declaraciones de los testigos, deviene necesario destacar que, en el proceso laboral, la ponderación de la prueba testimonial queda reservada a los jueces de grado, que gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo (causas L. 123.380, "Collaso", resol. de 19-II-2020; L. 124.178, "Monge", resol. de 11-VI-2020; L. 124.993, "Totaro", resol. de 22-X-2020 y L. 126.782, "Bello", resol. de 7-IV-2022), que -como se dijo- no ha sido demostrado.
III.5. Luego, las objeciones tocantes a lo resuelto en la sentencia de grado en cuanto en ella se acogió la indemnización prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, no ha de correr mejor suerte.
Al respecto, el juzgador entendió que, pese a haber sido intimada por la parte actora, la patronal no cumplió con la carga impuesta en la citada norma de hacer entrega del certificado de servicio y remuneraciones en el plazo establecido.
Esta conclusión del fallo permanece incólume, en tanto la interesada ningún argumento conducente trae para modificar lo resuelto por el a quo , no logrando demostrar el error grave, palmario y fundamental configurativo de absurdo -cuya configuración tampoco denuncia en esta parcela- y susceptible de invalidar el pronunciamiento de origen (art. 279, CPCC).
III.6. Finalmente, se impone señalar que no puede adjudicarse entidad a los agravios en torno a la regulación de honorarios y a la imposición de costas, en tanto no surge del escrito impugnativo desarrollo argumental alguno destinado a respaldar tales reproches.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 30/05/2024 12:15:28 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/05/2024 14:06:09 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2024 10:28:47 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/06/2024 11:12:43 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/06/2024 13:29:54 - ALFANO Sergio Daniel - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 07/06/2024 14:29:34 hs. bajo el número RR-723-2024 por ALFANO DANIEL.
Fin de la sentencia