Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131634
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda promovida por el señor Juan Alberto Rodríguez y, en consecuencia, condenó a la firma Bodegas Cuvillier S.A. a abonar al actor la suma que especificó en concepto de salarios caídos y de diferencias sobre diversos rubros de naturaleza laboral (v. pronunciamiento de fecha 19-IX-2022).
Para así decidir, juzgó no demostrado la existencia de un contrato de trabajo por temporada, tal y como lo afirmó la empleadora, en tanto la prueba colectada en la causa dio cuenta que la modalidad que uniera a las partes fue permanente y continua. En consecuencia, de conformidad a lo establecido en el art. 97 segundo párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo, correspondía hacer lugar al reclamo de salarios caídos por el tiempo en que el trabajador se ha visto injustamente privado de percibirlos, horas extras, diferencias por compensación comida y vacaciones.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 31-X-2022), el que fue concedido por el a quo (v. resolución del 18-XI-2022).
En su presentación, cita las normas y doctrina legal que considera transgredidas en el pronunciamiento impugnado. En sustancia, por medio de la denuncia de absurdo y arbitrariedad, objeta la conclusión de grado de tener por no acreditado el contrato de trabajo por temporada, el progreso de los salarios caídos y el pago insuficiente de los rubros horas extras, refrigerio, vacaciones y sueldo anual complementario.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. En primer lugar, corresponde recordar que esta Corte tiene dicho que el monto mínimo computable a los fines de la admisibilidad de dicho medio se rige por la norma legal vigente al momento de su interposición (causas L. 113.089 "Duarte", resol. de 1-XII-2010; L. 113.715, "Berrozpe", resol. de 6-IV-2011; y L. 114.382 "Francos", resol. de 11-V-2011).
Siendo así, el caso cae bajo la vigencia de la ley 14.141, modificatoria del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, cuya validez constitucional cuestiona la impugnante en el apartado II.3 de su escrito recursivo.
En este sentido, cabe señalar que este Tribunal reiteradamente ha sostenido, con relación a la norma procesal citada, que el presente carril se concede con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (art. 161 inc. 3 "a" de la Constitución local) y su limitación por la ley 11.593 no vulnera derechos y garantías constitucionales resultando compatible con el citado art. 161, pues no impide deducir el recurso extraordinario previsto, sino que lo condiciona a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa y sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio (causas L. 99.953 "Arancibia", resol. de 7-III-2007; L. 101.951 "Pereira", resol. de 16-IV-2008; L. 106.938 "Ibañez", resol. de 22-IV-2009). Tales declaraciones resultan aplicables a la cuestionada ley 14.141 que modifica el monto mínimo para recurrir (causas L. 116.555 "Villalba", resol. de 11-IV-2012 y L. 119.737, "Pavón", resol. de 9-III-2016).
III.1.b. Luego, dable es observar que -en el presente- el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por la suma de condena-, no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 111.056, "Kessler", resol. de 21-VIII-2013; L. 116.525, "Rouco", sent. de 20-VIII-2014; L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015; L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020 y L. 125.930, "Potter", resol. de 1-IV-2022).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 118.251, "Ponce" y L. 118.272, "García", resols. de 20-XI-2014; L. 121.244, "Ring", resol. de 28-II-2018 y L. 126.551, "Arias", resol. de 4-III-2021).
III.2. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, toda vez que la interesada -a través de un embate en el que objeta por absurda la evaluación de las pruebas- sólo trae a consideración de esta instancia casatoria cuestionamientos de índole fáctica, los cuales, como es sabido, se encuentran detraídos de revisión en el estrecho marco cognitivo del remedio procesal intentado (causas L. 119.582, "Dam", sent. de 3-V-2018; L. 116.928, "Acuña", sent. de 5-VI-2019; L. 121.381, "Abagnale", sent. de 31-VIII-2020 y L. 130.855, "Castro", resol. de 6-XII-2023).
Por lo demás, cabe agregar que los precedentes de este Tribunal que se denuncian infringidos no resultan idóneos a los fines pretendidos, en tanto no guardan relación con las motivaciones del pronunciamiento, o fueron elaborados a partir de presupuestos disímiles a los del caso en juzgamiento (causas L. 119.192, "Artigau", sent. de 21-VI-2018; L. 120.423, "Bocanegra", sent. de 27-XI-2019 y L. 121.303, "Vargas", sent. de 12-II-2020).
Tampoco resulta idónea, a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, la doctrina referida al vicio de absurdo (causas L. 124.023, "Albide", resol. de 30-VI-2020; L. 124.463, "Gamero", resol. de 14-VII-2020; L. 125.418, "Marín", resol. de 12-II-2021; L. 128.393, "Berna", resol. de 7-VI-2022 y L. 129.250, "Molina", resol. de 27-X-2022).
III.3. Finalmente, es dable señalar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018, L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 128.892, "Moreno", resol. de 19-IX-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/07/2024 09:28:06 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/07/2024 11:06:58 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/07/2024 11:47:53 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/07/2024 10:17:25 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/07/2024 09:41:06 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/07/2024 12:59:59 hs. bajo el número RR-881-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia