Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131885
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos, y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata rechazó la demanda promovida por Virginia Mabel Tuli, Rosana Haydee Tuli, Mariela Laura Romero, Graciela Renne Ricci y Gabriela Adriana Cabano contra Centro Cardiovascular Mar del Plata S.A., en cuanto perseguía el cobro de diferencias salariales por el incorrecto pago de la bonificación que había sido acordada en expediente 2152847924/14 suscripto en sede administrativa entre la asociación sindical que representa a las trabajadoras y la empresa demandada (v. pronunciamiento de fecha 11-XII-2023).
II. Frente a lo así resuelto, las legitimadas activas dedujeron recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de 20-XII-2023), los que fueron concedidos por el a quo (v. resolución de fecha 26-XII-2023).
III.1. En el remedio extraordinario de nulidad, con denuncia de violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución local, alegan que la decisión de grado luce desprovista de todo fundamento legal.
III.2. El recurso no prospera.
III.2.a. En principio corresponde recordar que el remedio extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. cit.; causas L. 112.429, "Casajús", resol. de 26-X-2010; L. 113.715, "Berrozpe", resol. de 6-IV-2011; L. 116.587, "Figueroa", resol. de 1-VIII-2012; L. 121.026, "Autalan", resol. de 3-V-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020; L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021 y L. 130.716, "Pereyra", resol. de 15-IV-2024).
Sentado ello, cabe destacar que lo que el art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires sanciona con la nulidad es la ausencia de base legal de las decisiones judiciales, más no su incorrecta, desacertada o deficiente fundamentación, cuyo estudio resulta ajeno al remedio intentado, siendo inherente al de inaplicabilidad de ley (causas L. 120.845, "SATA Argentina S.A.", resol. de 18-IV-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020; L. 125.635, "García", resol. de 7-X-2021 y L. 128.943, "Carloni", resol. de 19-IX-2022).
En el caso, no se halla vulnerada dicha cláusula constitucional, habida cuenta que la simple lectura del fallo en crisis demuestra que el mismo se encuentra basado en el texto expreso de la ley (causas L. 123.718, "Kollrich Borsani", resol. de 9-VI-2020; L. 126.258, "Alterino", resol. de 26-V-2021 y L. 131.594, "Cobas", resol. de 29-VII-2024).
III.2.b. Cabe agregar, asimismo, que la improcedencia del remedio procesal elegido se exhibe nítida no bien se advierte que sus argumentaciones también se dirigen a objetar el modo como el tribunal abordó y resolvió las cuestiones ventiladas en autos, remitiendo el análisis a la imputación de presuntos errores de juzgamiento cuyo tratamiento -como es sabido- es ajeno al limitado marco de conocimiento del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 122.963, "Romero", resol. de 18-IX-2019; L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020; L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021 y L. 127.870, "Costen", resol. de 14-III-2024).
III.2.c. Finalmente, resta mencionar que propiciar la anulación de oficio de un pronunciamiento no es propio de los litigantes (causas L. 118.298, "Lillo", resol. de 20-XI-2014; L. 118.805, "Ramírez", resol. de 10-VI-2015; L. 125.635, "García", resol. de 7-X-2021 y L. 128.294, "Fernández", resol. de 18-VIII-2022).
IV.1. En el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley, las comparecientes denuncian absurdo, así como las normas y la doctrina legal que citan. Sustancialmente, cuestionan el rechazo del reclamo por diferencias salariales, convencidas de que el sentenciante de origen realizó una errónea interpretación de la prueba rendida.
IV.2. Liminarmente, cabe señalar que tratándose en el caso de un litisconsorcio facultativo activo, el valor de lo cuestionado ante esta instancia, a los fines de dar cumplimiento con el recaudo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), está representado, para las recurrentes, por las sumas individualmente reclamadas en concepto de diferencias salariales por el período comprendido entre agosto de 2019 y el mismo mes del año 2021, las cuales -como se reconoce en el escrito recursivo- no superan, respecto de ninguna de ellas, el monto mínimo regulado en la norma citada (causas L. 123.499, "Hernando", resol. de 16-III-2020; L. 125.787, "Galeani", resol. de 17-II-2021; L. 125.788, "Leali", resol. de 12-IV-2021 y L. 131.317, "Martínez", resol. de 26-XII-2023).
Siendo ello así, el tratamiento del remedio procesal deducido solo podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, aplicable a la fecha de la interposición del recurso extraordinario.
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si concurre en la especie la excepcional hipótesis habilitante prevista en el mencionado precepto, que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020; L. 128.987, "Ojeda", resol. de 18-VIII-2022; L. 129.838, "Saavedra", resol. 17-IV-2023 y L. 131.116, "Febbraio", resol. de 8-IV-2024).
IV.3. Bajo tales premisas, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida.
IV.3.a. Ello así, pues mediante la denuncia de violación de doctrina legal, las impugnantes traen a consideración cuestiones cuya definición es privativa de los magistrados de la instancia de origen, relativas a la valoración de los hechos y las pruebas -tales como la existencia de diferencias salariales, así como al supuesto absurdo en que habría incurrido el tribunal de trabajo al meritar las circunstancias probatorias de la litis- ajenas -por definición- al estrecho marco por el que debe examinarse la impugnación traída (causas L. 126.909, "Rangugni", resol. de 9-IX-2021; L. 130.891, "Campolieti", resol. de 26-II-2024 y L. 131.628, "Balbina", resol. de 29-VII-2024)
IV.3.b. Por lo demás, los precedentes de este Tribunal que se denuncian infringidos no resultan idóneos a los fines pretendidos, en tanto no guardan relación con las motivaciones del pronunciamiento, o fueron elaborados a partir de presupuestos disímiles a los del caso en juzgamiento (causas L. 119.192, "Artigau", sent. de 21-VI-2018; L. 120.423, "Bocanegra", sent. de 27-XI-2019; L. 121.303, "Vargas", sent. de 12-II-2020 y L. 131.761, "Maisonobe", resol. de 29-VII-2024).
IV.3.c. A lo expuesto, corresponde añadir que esta Corte ha declarado reiteradamente que la doctrina relacionada al vicio de absurdo no resulta idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado art. 55 de la ley ritual (causas L. 121.571, "Crisostomi", sent. de 27-V-2020; L. 123.817, "Juncos", sent. 28-IV-2021; L. 124.115, "Sabels", sent. de 13-XII-2021 y L. 131.680, "Godoy", resol. de 29-VII-2024).
IV.3.d. También se halla excluido del concepto de doctrina legal, en los términos y con los alcances en que ésta ha sido definida por este Tribunal, la mención de la opinión personal de uno de sus Ministros y la cita del voto que ha quedado en minoría, puesto que en ambos casos sólo se traduce la convicción personal de uno de los miembros de la Suprema Corte, mas no constituye el fundamento del fallo estructurado sobre la mayoría de opiniones (causas L. 121.976, "Amado", resol. de 26-XII-2018; L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020; L. 125.485, "Morales", resol. de 4-II-2021; L. 127.662, "Garnica", resol. de 28-XII-2021; L. 128.407, "Gómez", resol. de 7-VI-2022 y L. 130.298, "Proselli", resol. de 23-XI-2023).
IV.3.e. Para terminar, sabido es que tampoco constituye doctrina legal la que deriva de los fallos de otros tribunales de justicia (causas L. 128.325, "Delaney", resol. de 7-VI-2022; L. 128.732, "Fouquet", resol. de 13-VII-2022 y L. 131.634, "Paz", resol. de 29-VII-2024).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos, y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/08/2024 10:38:06 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/08/2024 11:13:03 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/08/2024 10:07:15 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2024 09:07:04 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2024 09:23:21 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/09/2024 12:37:26 hs. bajo el número RR-1081-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia