Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132025
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en la ciudad de Tres Arroyos, hizo lugar a la demanda promovida por el señor Marcelo Alejandro Barionuevo y, en consecuencia, condenó a Cooperativa Agrícola Limitada de Cascallares al pago de la suma que especificó en concepto de diferencia de haberes por el período agosto 2017 a julio 2019, vacaciones proporcionales, indemnizaciones derivadas del despido, multas de los arts. 1 y 2 de la ley 25.323 y la sanción del art. 53 ter de la Ley 11.653 (v. veredicto y sentencia de fecha 20-XII-2023).
Para así decidir, en lo que interesa destacar por ser materia de agravio, el tribunal de grado tuvo por acreditado que el señor Barrionuevo posee título habilitante de “Perito en Granos”, y que desempeñó tareas acordes con las previstas en el inc. b) del art. 5 del Convenio Colectivo de Trabajo 574/10. En virtud de ello, entendió que existían diferencias salariales a su favor, ya que las indemnizaciones derivadas del despido -depositadas en el expediente acumulado de pago en consignación- resultaban manifiestamente insuficientes para cancelar íntegramente el pago de los rubros reclamados. A partir de ello, también consideró procedente las multas de los arts. 1 y 2 de la ley 25.323 y la sanción del art. 53 ter ley 11.653.
II. Contra la decisión de grado, la legitimada pasiva deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 5-II-2024), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de 8-II-2024).
En su presentación relata los antecedentes de la causa. Alega absurdo y arbitrariedad e individualiza las normas y la doctrina legal que considera vulneradas.
En primer lugar, controvierte la decisión de grado en lo referido a la categoría laboral del trabajador, las tareas desarrolladas y que el actor contara con título habilitante como “Perito Recibidor de Granos”.
Desde otroángulo, objeta el fallo en cuanto condenó a su parte al pago de las indemnizaciones derivadas del despido, las multas establecidas en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323 y la sanción del art. 53 ter de la ley 11.653.
También impugna por altos los honorarios regulados al letrado de la contraparte y a los peritos intervinientes en autos, como así también la imposición de costas.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone observar que -en el caso- el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -representado por el capital de condena, con más el importe fijado en concepto de honorarios y costas-, no excede el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, razón por la cual la admisibilidad de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, aplicable a la fecha de interposición del remedio extraordinario (causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 129.902, "Leihner", resol. de 10-IV-2023 y L. 132.130, "Burgos", resol. de 20-IX-2024).
III.2. En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 129.743, "Di Santo", resol. de 14-III-2023 y L. 132.227, "Brunet", resol. de 20-IX-2024).
III.3. En el ámbito de excepción por el que transita el recurso, se impone destacar, que los agravios referidos a las tareas desempeñadas, la categoría laboral, como si el trabajador poseía o no título habilitante y las objeciones vinculadas con las multas previstas en los arts. 2 de la ley 25.323 y la sanción del art. 53 ter de la ley 11.653, resultan inadmisibles.
Ello así, pues aun cuando los cuestionamientos y argumentaciones que trae la recurrente involucran el análisis de cuestiones de índole fáctica y probatoria -que, como tales, se encuentran excluidas del ámbito de la casación por la vía intentada- cierto es que, en estos tramos de la impugnación, tan sólo cita como transgredidos precedentes definitorios del vicio de absurdo, que bien es sabido no habilitan la excepción prevista en el citado art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 121.937, "Sosa", resol. de 17-X-2018; L. 121.811, "Maroni", resol. de 14-XI-2018; L. 125.045, "Almeida", resol. de 14-XII-2020; L. 127.872, "Machado", resol. de 10-II-2022; L. 130.270, "Díaz", resol. de 7-IX-2023 y L. 131.460, "Quiroga", resol. de 27-VI-2024).
III.4. Luego, con relación al agravio destinado a desvirtuar el pronunciamiento en cuanto hizo lugar a la multa prevista en el art. 1 de la ley 25.323, tampoco se advierte configurado en la especie el supuesto habilitante, toda vez que la doctrina legal citada como infringida en el escrito recursivo ha sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento y, por lo tanto, su invocación es ineficaz para habilitar el examen del fallo de origen por el estrecho conducto antes citado (causas L. 124.772, "González, resol. de 21-IX-2020; L. 125.234, Moccio, resol. de 9-XII-2020; L. 126.436, "Cuello", resol. de 26-V-2021 y L. 128.050, "Mamani", resol. de 22-XI-2022).
III.5. Por otra parte, no resulta viable, en el estrecho marco excepcional por el que transita el presente recurso, el agravio que gira en torno a la imposición de las costas y el monto de los honorarios regulados, puesto que la recurrente tampoco ha citado, respecto de esta temática, la trasgresión de doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por conducto de esta impugnación (causas L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020; L. 127.524, "Testa", resol. de 6-XII-2021; L. 128.158, "Robaldo", resol. de 5-V-2022; L. 128.603, "Escalada", resol. de 29-VI-2022 y L. 131.977, "Fernández", resol. de 15-X-2024).
III.6. Igualmente, inhábil resulta, en el excepcional canal de revisión en tratamiento, la cita de precedentes que versan sobre la obligación que tienen los jueces de fundar sus sentencias (causas L. 125.286, "Sánchez", resol. de 13-XI-2020 y L. 125.476, "Pellegrini", resol. de 9-XII-2020; L. 127.182, "Acosta", resol. de 1-XI-2021 y L. 131.781, "Gómez", resol. de 20-VIII-2024).
III.7. Por último, dable recordar que esta Corte tiene dicho que la doctrina legal es la que emana de sus propios fallos y no la que deriva de los pronunciamientos del máximo Tribunal nacional (causas L. 119.596, "López", sent. de 29-VIII-2017; L. 121.429, "Maravilla", sent. de 19-IX-2019; L. 121.841, "Sanchioni", sent. de 21-IV-2021 y L. 132.111, "Mansilla", cit.), como tampoco la que proviene de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020; L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023 y L. 131.733, "Delapiaza", resol. de 29-VII-2024).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/11/2024 14:01:56 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/11/2024 10:20:32 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/11/2024 15:50:06 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/11/2024 15:24:45 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/11/2024 08:54:02 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/11/2024 13:08:48 hs. bajo el número RR-1456-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia