Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130405
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, con distinta integración, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas del recurso que se resuelve, así como las de la queja, se imponen a la recurrente vencida (art. 289, CPCC y ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.405, "Ramírez, Dionel Alicio contra Ente Administrador Astillero Río Santiago. Diferencias salariales", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. y sent. de 6-VIII-2021).
Se interpuso por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 30-VIII-2021), el que, denegado en la instancia de grado, fue luego admitido por esta Corte al resolver la queja deducida por el interesado (v. escrito electrónico de fecha 27-III-2023 y resol. de 3-VI-2024).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar —por mayoría— a la demanda promovida por Dionel Alicio Ramírez y condenó al Ente Administrador Astillero Río Santiago al cese de la deficiente liquidación de los haberes correspondientes a la categoría de Supervisor "C", e integrar en la base de cálculo de la diferencia proporcional con el salario de la categoría "Maestro", la bonificación denominada "tareas específicas", otorgada al personal registrado; asimismo, ordenó el pago de la suma que especificó en concepto de diferencias salariales devengadas por dicho concepto, desde el mes de agosto de 2015 hasta la fecha de liquidación (v. vered. y sent. de 6-VIII-2021).
En su conclusión, sostuvo que la empleadora empleó un objetable artilugio al cambiar la denominación de un componente de neto corte salarial, remunerativo y habitual para eludir el cumplimiento de un acuerdo celebrado con el sector de trabajadores denominados Supervisores.
II. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 1, 5, 14 bis, 17, 18 y 31 de la Constitución nacional; 8 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 19.8. de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo; 15, 39 inc. 3 y 103 inc. 13 de la Constitución provincial; 1, 3 y 24 inc. "a" de la ley 14.250; 8 de la ley 20.744; de la ley 13.453; de los arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6, 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial y 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653.
Sostiene que el tribunal de grado incurrió en absurdo en la valoración de la prueba toda vez que —afirma— de la documental agregada al expediente se desprende que el día 31 de marzo de 2015 se suscribió un nuevo acuerdo ante el Ministerio de Trabajo provincial, donde se fijaron diversas pautas salariales para los dependientes de la demandada, conviniéndose el otorgamiento de una "bonificación remunerativa no bonificable", estipulándose expresamente que no sería tenida en cuenta para el cálculo de la diferencia nominal de los "Supervisores" con los "Oficiales Especializados Maestros", prevista en el acuerdo suscripto el 13 de julio de 2005 (v. rec., pág. 6).
Destaca que del acta referida surge que luego de haberse realizado un debate interno, la asociación sindical ATE requirió que la nueva bonificación se denomine "tareas específicas" y afirmó que la propuesta estatal reflejaba aspectos planteados por esa organización gremial y lograba un avance hacia el equilibrio y armonía salarial (v. rec., pág. 7).
Añade que en el instructivo elaborado por el Ministerio de Economía que obra en el expediente n° 5100-40497/2017, acompañado en oportunidad de contestar la demanda, consta el otorgamiento del concepto en debate, aclarándose su no inclusión para el cálculo de la diferencia nominal concertada en la mencionada acta acuerdo de julio de 2005.
Destaca que conforme se desprende de las actuaciones administrativas n° 5100-40497/2017 y n° 21900-8947/2015, tanto la Unidad Directiva de Asuntos Jurídicos del Ente Administrador Astillero Rio Santiago, como la Asesoría General de Gobierno y la Contaduría General dictaminaron en favor de la postura asumida por la accionada, rechazando el requerimiento efectuado por la comisión de supervisores del astillero, con sustento en que las negociaciones colectivas disciplinadas en el ámbito de la administración provincial por la ley 13.453, constituyen un mecanismo consensuado de autorregulación, en virtud del cual las partes firmantes quedan obligadas a los términos que ellas mismas pactaron.
En suma, entiende que el demandado no incumplió ningún acuerdo, ni transgredió los derechos salariales del accionante.
Alega que admitir la revisión de lo que surge de la autonomía colectiva introduce un factor de incertidumbre que pone en riesgo la naturaleza de los pactos colectivos y sus organismos de interpretación.
Argumenta que la negociación celebrada en el año 2015 no suprimió ni redujo la concesión del beneficio anterior acordado a los supervisores.
Agrega que conforme lo establece el art. 24 inc. "a" de la ley 14.250 (modif. por el art. 18, ley 25.877) un convenio colectivo posterior puede modificar un convenio colectivo anterior de igual ámbito.
Cita para reforzar su postura, jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
III. El recurso prospera.
III.1. El recurrente logra poner en evidencia que la sentencia impugnada es portadora del vicio del absurdo, con virtualidad para invalidar sus conclusiones.
III.1.a. En el pronunciamiento de grado, en el voto del magistrado del trabajo que concitó la opinión mayoritaria, se juzgó que el día 13 de julio de 2005 se suscribió un acta acuerdo entre la demandada y la Asociación de Trabajadores del Estado, de donde surgiría —al menos de sus considerandos— que la primera se habría comprometido a rever de las liquidaciones mensuales en las diferencias porcentuales en los haberes de los Supervisores en relación con los de la categoría de Oficial Especializado Maestro, tomando como base la remuneración bruta sin antigüedad (v. vered. cuestión segunda apdo. "b"; sent. apdo. II.2., ptos. "b" y "c".).
Siempre en el marco del mencionado sufragio, asimismo, se hizo referencia —exento de toda precisión— a otro "acuerdo" salarial posterior que se remontaría al año 2015 (cuya mención más clara puede verse en el segundo párrafo del apdo. II.2.d. del sufragio inaugural en la sentencia) donde aquellos mismos sujetos habrían convenido un plus salarial para la categoría Maestros, calificado como una "bonificación remunerativa no bonificable", dato que conforme se dijo en el mismo fallo de grado, dejando a un lado lo remunerativo— "está expresando que éste no debe ser tomado en cuenta para el cálculo de otras bonificaciones establecidas" (sent., pto. II.2.e.).
Sin embargo, el carácter de "acuerdo", o de convenio fruto de la autonomía colectiva por medio del cual se habría acordado ese plus a los trabajadores categorizados "Maestros" bajo aquella calificación de suma "no bonificable", a pesar de su señalamiento inicial, emerge olvidado o marginado de la posterior y definitoria reflexión que empleó el propio tribunal —insisto, en su opinión mayoritaria—, quien a continuación articuló su razonamiento empleando una argumentación situada en un supuesto "artilugio" que habría empleado la accionada —unilateralmente, según se deduce de las confusas expresiones del fallo— al "cambiar la denominación de un componente de neto corte salarial, remunerativo y habitual" (sent., ptos. II.2.f. y II.2.g.).
III.1.b. Vale insistir en esto, pues el recurrente alega en su pieza recursiva que es válida la liquidación de haberes objetada por el actor en tanto sería consecuencia de lo que habrían pactado la asociación sindical y el empleador en el año 2015, argumento, entonces, situado en una hipótesis alejada de una decisión en solitario de la accionada como se sugiere en el segundo tramo del fallo. Al respecto, dable es resaltar que expresamente se asegura en el medio de impugnación que en dicho convenio (el del año 2015) se habría estipulado que la "bonificación no sería tenida en cuenta para el cálculo de la diferencia nominal de los 'supervisores' con los 'oficiales especializados maestros', prevista en el acuerdo del 13/7/2005", y se lo hace, con sustento en los arts. 1, 3 y 24 inc. "a" de la ley 14.250, modificada por el art. 18 de la ley 25.877 y ley provincial 13.453, posición que se ve reflejada en la tesis defensiva inserta en el escrito de contestación de la demanda (v. pto. III.d.1.), y por su lado, guardaría armonía con lo dictaminado por la Asesoría General de Gobierno y la Contaduría General de la Provincia (v. respectivamente, dictámenes de 7-I-2016 y de 6-V-2016 acompañados con la demanda).
III.1.c. Entonces, surge claro de lo expuesto que el razonamiento plasmado en la sentencia en crisis padece de un desarreglo lógico, configurativo de absurdo, en tanto se asienta en una supuesta pauta salarial que sería derivación de la autonomía colectiva, para afirmar —seguidamente— que aquella es producto de un "vulgar artilugio", unilateral de la patronal, conforme se infiere de las imprecisas manifestaciones plasmadas en el fallo, tendiente a modificar la denominación de un componente salarial (v. sent., ptos. II.2.f. y II.2.g.).
Queda evidenciado el importante desvío en la base del pensamiento del órgano jurisdiccional, o bien, aquella anomalía extrema, que pone de manifiesto la irracionalidad de las conclusiones establecidas por el órgano de grado y que caracterizan al absurdo (conf. causas L. 124.828, "Rodríguez", sent. de 6-XII-2021; L. 127.416, "Seillant", sent. de 7-IX-2023; L. 129.167, "Scalise", sent. de 29-V-2024 y L. 130.818, "Turnes", sent. de 9-X-2025).
III.2. De suyo, lo hasta aquí dicho en modo alguno implica avalar la validez de lo que supuestamente se habría pactado en el acuerdo posterior antes mencionado, que podría tal vez ser objeto de cuestionamientos —y en esa tesitura se inscribe el voto en minoría que integra la sentencia de grado—, pero, se reitera, ese no fue el camino argumental que siguieron los magistrados de grado que conformaron la opinión triunfal del tribunal laboral, quienes en el tramo final de sus reflexiones se circunscribieron a poner de relieve el hipotético incumplimiento en el que habría incurrido el empleador en lo tocante al compromiso asumido en el año 2005, silenciando —según el mismo deslizó— que tal proceder podría encontrar sostén en una norma convencional pactada con la entidad sindical.
IV. En virtud de todo lo expuesto, corresponde acoger el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar el fallo de grado, debiendo remitirse la causa al órgano de origen a fin de que, integrado con otros jueces, dicte un nuevo pronunciamiento.
Las costas del recurso que se resuelve, así como las de la queja, se imponen a la vencida (art. 289, CPCC y ley 14.967).
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, con distinta integración, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas del recurso que se resuelve, así como las de la queja, se imponen a la recurrente vencida (art. 289, CPCC y ley 14.967).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/05/2026 15:12:21 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/05/2026 11:47:39 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2026 10:39:53 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/05/2026 11:24:09 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/05/2026 12:59:13 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 26/05/2026 15:00:41 hs. bajo el número RS-58-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia