Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución DE PRLA Nro. 5684 de fecha 17 de agosto de 2018, dictada en las actuaciones SIGEA N° 13289-26918-2012, en lo que fue materia de agravio. Costas a cargo del Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-104819581-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 19 de Septiembre de 2025 Reunidos los Sres. Vocales de la Sala F, a efectos de resolver el expediente N° 39816-A, caratulado "DIGIMPEX S.R.L. C/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”, El Dr. Garbarino dijo:
I. Que a fs. 103/112 se presenta la firma DIGIMPEX S.R.L., mediante apoderado e interpone recurso de apelación contra la Resolución PRLA Nro. 5684 de fecha 17/08/2018 en el marco de las actuaciones SIGEA N° 13289-26918-2012, en la cual se la condena al pago de una multa que asciende a $535.543,79.- por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el art. 954 inciso b) del Código Aduanero, todo ello en relación a la mercadería importada mediante las destinaciones Nº 11 001 IC04 245203 F, 11 001 IC04 163275 N, 11 001 IC05 028359 R, 11 001 IC05 020955 L, y 11 001 IC04 186463 R. Manifiesta que, mediante los despachos citados, pretendió ingresar productos comestibles de origen italiano, los cuales fueron liberados sin derecho a uso, y almacenados en un depósito de la apelante, ubicado en el Partido de La Matanza, mientras tramitaba los correspondientes Certificados de Libre Circulación, que debían ser emitidos por el INAL (Instituto Nacional de Alimentos), los cuales no pudieron obtenerse debido a las medidas impulsadas por la Secretaría de Comercio, para evitar la migración de divisas fuera del país, al tiempo de llevarse a cabo las operaciones en cuestión.
Que transcurridos 14 meses desde la oficialización del primer despacho de importación, de manera espontánea, se presentó personal de la Dirección Ecológica y Saneamiento de la Municipalidad de La Matanza, que constato que la mercadería tenía sus fechas vencidas, procediendo a decomisar todos los productos que esperaban el certificado referido, afirmando que el acta de comiso adoleció de varios errores, lo que generó una contradicción respecto a los ítems declarados en cada uno de los despachos de importación denunciados. Señala que la Dirección General de Aduana radicó una denuncia en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nro. 3, en los términos del art. 863 del Código Aduanero, la que fue desestimada mediante sentencia de fecha 27 de octubre de 2015.
Destaca que la mercadería jamás fue comercializada, que se venció y fue destruida por la Municipalidad de La Matanza. Que nunca existió una motivación de soslayar prohibición alguna, por lo que solicita su absolución. En subsidio propone la aplicación del art. 898 del C.A. Señala que el tipo infraccional descripto en el inciso b) del art. 954 no se configura en el caso, ya que no se trata de mercadería de importación prohibida, que se encuentre impedido su ingreso al territorio aduanero con fundamento en los fines previstos en el Código Aduanero. Que la exigencia del certificado emitido por INAL en modo alguno constituye una prohibición de carácter no económico, siendo éste un requerimiento formal.
Asimismo, refiere que tampoco existe ninguna condición impuesta a la importación de la mercadería, ni restricción a su transferencia con posterioridad a su importación. Por otra parte, manifiesta que no existió una declaración inexacta, y que, si hubiese existido una diferencia entre la declaración efectuada y lo comprobado por el servicio aduanero, la misma no constituye una “inexactitud” en los términos del art. 954 mencionado, ya que no produce ninguno de los perjuicios previstos en dicha figura infraccional. Solicita la aplicación del principio de insignificancia o bagatela. Afirma que la situación descripta es violatoria del principio de razonabilidad, y finalmente propone, en forma subsidiaria y sin consentir figura infraccional alguna, que la cuestión sea analizada en los términos del art. 995 del C.A., para el caso que no se haga lugar a los planteos formulados precedentemente.
Ofrece prueba documental, hace reserva del caso federal y solicita se revoque el fallo apelado.
II. Que a fs. 121/124 la representación fiscal contesta el traslado del recurso que le fuera conferido. Efectúa una descripción de los hechos investigados en el sumario administrativo, destacando que las importaciones efectuadas por la apelante debían contar con el Certificado de Libre Circulación, que no le fue concedido. Que la actora pretende exculparse aduciendo que la falta de la documentación mencionada, fue producto de la burocracia estatal, lo cual no fue demostrado en el procedimiento contencioso de Aduana. Que parte de la mercadería incautada por las autoridades del Municipio de La Matanza, no se encontraba amparada en los despachos de importación investigados, además de encontrarse vencida, con rótulos ilegibles o sin rotular. Que el procedimiento como la propia acta labrada por los funcionarios municipales no han sido tachados ni declarados nulos, por lo que la validez del acto y de las actuaciones vinculadas a este procedimiento no se encuentra en tela de juicio, y la conducta llevada adelante por la actora encuadra en los preceptos del art. 954 inciso b) del C.A. Menciona que las declaraciones aduaneras efectuadas para dar cumplimiento con las destinaciones u operaciones con mercaderías, comprometen la responsabilidad de quienes la formulan, y que las inexactitudes en que incurran son punibles si, como efectos de ellas y en caso de pasar inadvertidas, se produjere un perjuicio fiscal o una transgresión a una prohibición. Considera que debe confirmarse la resolución aduanera, por lo que no corresponde el reencuadre de los hechos en los términos del art. 995 C.A. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva del caso federal y solicita se rechace la apelación interpuesta por la contraria, con expresa imposición de costas.
III. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 13289-26918-2012 se inician a fs. 2 con la nota presentada por el Sr. Marco Di Meo, socio gerente de la firma DIGIMPEX S.R.L., de fecha 26/09/2012, en la cual manifiesta que, en relación a las mercaderías amparadas por los despachos 11 001 IC04 245203 F, 11 001 IC04 163275 N, 11 001 IC05 028359 R, 11 001 IC05 020955 L, y 11 001 IC04 186463 R, fueron decomisadas conforme surge del Acta de Comiso Nro. 5540 y Acta de Infracción Nro. 36976, ambas labradas en fecha 18/09/2012 por la Secretaría de Salud Pública, Dirección de Ecología y Saneamiento de la Municipalidad de La Matanza, cuyas copias adjunta a la misma, y se encuentra agregada a fs. 3 y 4, respectivamente.
A fs. 6 se encuentra la citación en cuestión dirigida a la firma apelante, que data de fecha 18 de julio de 2012, donde se le requiere aportar el Certificado emitido por la autoridad sanitaria, respecto a las destinaciones mencionadas, encontrándose su plazo de presentación vencido. A fs. 10 se halla el requerimiento de fecha 4/12/2012, efectuado conforme orden de intervención 12621OE09001013Z, por la cual se solicita a la importadora que exhiba originales y copias certificadas de los Certificados de Libre Circulación emitidos por el Instituto Nacional de Alimentos, respecto a los alimentos ingresados mediante las destinaciones en trato, como también que informe el lugar de depósito de las mismas, que fuere cumplido por la requerida mediante presentación obrante a fs. 11/27, donde deja constancia que los certificados en cuestión no le fueron entregados.
A fs. 28/31 obra el informe Nro. 2041 (DV CODD) de fecha 13 de diciembre de 2012, donde el servicio aduanero considera que la firma Digimpex SRL ha incumplido con la Resolución 445/96 y art. 263 del Código Penal, por lo que se formula denuncia en los términos del art. 863 del Código Aduanero. Seguidamente, a fs. 32 se encuentra acta de denuncia 359/2012, y a fs. 33 se determina la multa mínima. A fs. 36/38 se encuentra la Nota 13/13 (SE SP34) que solicita a la Municipalidad de La Matanza las actuaciones que dieron origen a la intervención de dicho municipio, como al INAL la documentación referida al trámite que habría realizado la firma apelante, que se llevó a cabo mediante las Notas Nro. 250/2013 (DE FIAM) dirigida al Municipio de La Matanza (fs. 39), y Nro. 249/2013 (DE FIAM) al Instituto Nacional de Alimentos (fs. 40).
A fs. 41/45 se encuentran incorporadas copias de las importaciones a consumo. A fs. 47 obra la respuesta del INAL mediante Nota 46/13. A fs. 48/50 se encuentra el Informe 515/2013 (DV CODD) que deja constancia que no se recepcionó respuesta del Municipio de La Matanza, motivo por el cual se dispone reiterar lo solicitado conforme Nota 37/2013 (DV CODD) de fs. 52. A fs. 56 se encuentra la respuesta de la Dirección de Ecología y Saneamiento de La Matanza. A fs. 57/60 obra el Informe 1429/2013 (DV CODD) de fecha 26/08/2013, donde se determinan las cantidades de productos decomisadas y se constatan diferencias respecto a las declaradas en los despachos de importación. A fs. 66 con fecha 29/10/2013 se dispone la instrucción del sumario.
Seguidamente se incorporan las actuaciones 17169-77-2015, encontrándose copia certificada de la sentencia dictada en fecha 27/10/2015 en los autos Nro. 1306/2013, donde el Juzgado Penal Económico 3 resuelve desestimar la denuncia por infracción al delito previsto en el art. 863 del C.A. (fs. 87/91). A fs. 93/94 se dispone mediante Resolución PRLA 2045, remitir las actuaciones a la Secretaría de Actuación N° 3 para investigar la posible comisión de la infracción tipificada en el art. 954 inc. b) C.A. A fs. 102 con fecha 09/06/2017 se determina el valor en Aduana en dólares respecto a las operaciones de importación. A fs. 103 y vta. se corre vista a la firma Digimpex S.R.L., notificada en fecha 15/12/2017 (fs. 119 vta.), quien efectúa su correspondiente descargo a fs. 126/137.
A fs. 167 con fecha 13/07/2018 la División Comprobación de Destino ratifica la denuncia. A fs. 169/171 se encuentra la Resolución PRLA 5684 de fecha 17/08/2018, apelada en la especie.
IV. Que no se encuentra controvertido que, mediante las operaciones individualizadas, la firma DIGIMPEX S.R.L., efectuó la importación de diversos productos alimentarios tales como pastas secas (P.A.1902.11.00.100L y P.A. 1902.19.00.100G), harina de maíz (P.A. 1102.20.00.100L), y arroz (P.A. 1006.30.21.110Y). Mediante requerimiento de fecha 04/12/2012, conforme Orden de Intervención 12621OE09001013Z (ver fs. 10 act adm.), se le solicita a la importadora que exhiba los originales y aporte fotocopias certificadas de los Certificados de Libre Circulación emitidos por el Instituto Nacional de Alimentos, e informe el lugar de depósito o destino de las mercaderías ingresadas mediante las destinaciones citadas, la que fuere entregada sin derecho a uso. Que el socio gerente de la firma, Sr. Marco Di Meo, comparece en la División Comprobación de Destino en fecha 6/12/2012, quien informa “que se presentó la documentación necesaria ante el INAL, para pedir la libre circulación de la mercadería amparada por los despachos citados, habiéndose pagado todos los tributos correspondientes, nunca se entregó esa libre, por motivo de estar retenida en Secretaría de Comercio, sin obtener respuesta. Además manifiesta que todos los productos importados vienen siendo ingresados al país desde hace cuatro años, siempre con la misma rutina.” Y agrega que “la mercadería luego de su ingreso al país fue depositada en el domicilio de La Bajada Nro. 1542 Ciudad Madero, dejando constancia que el mismo se encontraba habilitado para el depósito de alimentos, asimismo manifiesta que en ese domicilio no se efectúan ventas(...) la totalidad de la mercadería registrada (…) fue decomisada de acuerdo a las constancias que aporto”, adjuntando documentación de la cual se observa que, en efecto, la mercadería fue decomisada y desnaturalizada por la Secretaría de Salud Pública, Dirección de Ecología y Saneamiento del Municipio de La Matanza, conforme copia del Acta de Infracción Nro. 36976 donde se deja constancia que, de acuerdo a la inspección efectuada en el depósito ubicado en la calle La Bajada 1542 de la Localidad de Ciudad Madero, se encontró mercadería con sus fechas vencidas, en envases sin rotulación, ilegibles y/o deteriorados, y se procedió al comiso de la misma y posterior desnaturalización, conforme Acta de Comiso Nro. 5540 (ver fs. 11/27 de las act. Adm.).
En virtud de ello, el servicio aduanero determinó, inicialmente, en su Informe N° 2041/2012 (DV CODD) de fs. 28/31 del sumario administrativo, que la firma Digimpex S.R.L incumplió con la normativa referida a la Resolución 445/96 y art. 263 del Código Penal, entendiendo que la apelante dispuso para la venta la totalidad de los productos importados, cuya libre circulación estaba vedada atento no haber obtenido el Certificado de Libre Circulación del INAL, y formuló denuncia en los términos del art. 863 del Código Aduanero.
Que la Dirección de Comprobación de Destino solicitó a la Municipalidad de La Matanza que informe fehacientemente si las mercaderías objeto de comiso y desnaturalización, corresponden a la totalidad de las mercaderías amparadas por los despachos de importación cuestionados, como también requirió al INAL que aporte la documentación correspondiente al trámite iniciado por la firma Digimpex SRL para obtener los certificados exigidos. (ver fs. 36/38). El Instituto Nacional de Alimentos (INAL) informó que las solicitudes de los certificados fueron presentadas por la importadora, más nunca fueron otorgados por dicho instituto (fs. 47 act. Adm.)
Por su parte, la Dirección de Ecología y Saneamiento del Municipio de La Matanza, informó que “(...) con relación a la mercadería detallada era la que se encontraba en el depósito y desnaturalización en presencia del personal mencionado en el acta de comiso, asimismo las cantidades son aproximadas y dado la gran cantidad de producto y diversidad de los mismos no se puede determinar si el total de la mercadería son los solicitados con los despachos por ustedes mencionados”. (fs. 56 act. Adm.)
Posteriomente, el servicio aduanero elabora nuevo Informe Nro. 1429/2013 (DV CODD) donde concluye que las cantidades decomisadas no coinciden con las denunciadas en los despachos de importación. (ver fs. 57/60), por lo que se dispone la instrucción del sumario con fecha 29/10/2013.
En relación a la denuncia en los términos del art. 863 del Código Aduanero, el Juzgado Penal en lo Económico N° 3 resuelve desestimar la misma, conforme decisorio dictado en fecha 27 de octubre de 2015, cuya copia certificada obra incorporada al sumario a fs. 87/91. Es por ello que, en la Resolución DE PRLA 2045 de fecha 5 de mayo de 2016, se dispone investigar la posible comisión de la infracción tipificada en el art. 954 inc b) del Código Aduanero, corriendo vista de todo lo actuado el 11/07/2017 (fs. 103 y vta. act. Adm.), a la firma importadora, quien efectuó su descargo en tiempo y forma, afirmando que los certificados de libre circulación no lograban obtenerse por circunstancias ajenas a la firma, que dependían de la Secretaría de Comercio, “(...) quien había librado variopintas y muy creativas batallas en su afán por mantener equilibrada la balanza de comercio exterior y evitar la migración de divisas fuera del país”, cuestionando así el proceder del Instituto Nacional de Alimentos, que no emitía los certificados por supuesta decisión de la Secretaría de Comercio, como también el procedimiento de comiso llevado a cabo por el Municipio de La Matanza, afirmando que la mercadería no resulta de importación prohibida, no configurándose una transgresión a una prohibición a la importación o exportación en los términos del inciso b) del artículo cuya infracción se le imputa.
Finalmente, se dicta la Resolución DE PRLA 5684 de fecha 17 de agosto de 2018, donde se formula cargo y se condena a Digimpex SRL a una multa que asciende a $535.543,79.-, por infracción al art. 954 inciso B) del Código de Rito, atento que “(...) en autos se ha ocasionado una infracción al art. 954 inc. B) toda vez que más allá de lo planteado por la parte en cuanto al contexto político y social que acaecía por aquel entonces, la realidad es que no deja de ser una mera suposición que tal haya sido el caso de autos. Que además, no solo no se ha podido demostrar fehacientemente ello que se asevera, sino que no deja de ser menos cierto que la mercadería se encontraba vencida y no cumplía con la normativa de rigor, no presentándose el certificado expedido por el INAL. Que la parte critica el procedimiento efectuado por el Municipio de La Matanza, pero el mismo no fue declarado nulo en ninguna circunstancia, por ende la validez del mismo no se encuentra en discusión, quedando demostradas las diferencias entre la mercadería declarada y la importada”.
V. Que, así las cosas, corresponde analizar la normativa que rige la materia para corroborar si los hechos aquí descriptos se subsumen bajo el tipo infraccional previsto en el art. 954 apartado 1, inciso B) del Código Aduanero.
Que el artículo citado sanciona al que, para cumplir una operación de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que en caso de pasar inadvertida produjere o pudiere producir: “b) una transgresión a una prohibición a la importación o a la exportación será sancionada con una multa de uno a cinco veces el valor en aduana de la mercadería en infracción.”
Que las prohibiciones o restricciones a la importación previstas en el Código Aduanero, Sección VIII, constituyen disposiciones que impiden o limitan la introducción de la mercadería al territorio aduanero. Se trata de normas que expresamente prohíben en forma absoluta o relativa la importación de cierta mercadería, como también el sometimiento de la mercadería a otras restricciones, tales como normas de calidad, de acondicionamiento, la presentación de autorizaciones, certificados, en el momento indicado por las normas, ya sea al momento del registro del despacho o en un momento posterior.
Que el art. 610 del C.A. establece, entre otras prohibiciones no económicas, aquellas referidas a la salud pública (inc. d). Las prohibiciones a la importación por razones no económicas deben ser establecidas por ley o por el Poder Ejecutivo de acuerdo con las facultades conferidas por el Código Aduanero o por el Ministerio de Economía, en virtud del ejercicio de facultades delegadas conforme las normas del Dto. 2752/91 y Ley 22.792. Que, del Informe N° 2041/2012 (DV CODD), la División Comprobación de Destino concluyó que Digimpex SRL había incumplido con la Resolución N° 445/96, Anexo I, 4.3.2.1, A), B) y C).
El apartado B) establece que, en las destinaciones de importación de alimentos no acondicionados para la venta directa al público, el servicio aduanero exigirá la intervención previa del INAL -Instituto Nacional de Alimentosmediante la presentación del Certificado de Libre Circulación emitido por dicha institución. Por su parte el apartado C) dispone que el servicio aduanero podrá entregar sin derecho a uso la mercadería importada, a pedido del importador, teniendo éste un plazo de un mes contado a partir de la fecha de libramiento, para cancelar con el respectivo certificado, la destinación aduanera. En caso de incumplimiento por parte del importador, por causales imputables a él, el servicio aduanero procederá conforme art. 449 del Código Aduanero, es decir, intimandolo a que efectúe la reexportación de la misma en un plazo que no puede exceder de los diez días, contados desde la fecha en la que se produjo dicha intimación.
Como se ha descripto, la actora ha importado productos alimentarios, para los que requería la obtención del Certificado de libre Circulación, emitido por el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), para así proceder a comercialización de los mismos, tal como lo prevee la Resolución 445/96, cuyo incumplimiento le atribuye la Dirección General de Aduanas a la importadora.
Que en el caso, la apelante ha aportado junto a su escrito recursivo, copias de las solicitudes de tales certificados, Nros. 21128, 27039, 30147, 31443, y 40610, glosados a fs. 4, 15, 46, 67, y 73 de las presentes actuaciones, manifiestando que los mismos jamás le fueron otorgados. Que la mercadería permaneció en el depósito en el cual tuvo lugar el comiso llevado a cabo por la Municipalidad de La Matanza, atento encontrarse dicha mercadería vencida, sin rotular y/o con rotulación ilegible.
Que como se ha mencionado precedentemente, el Instituto Nacional de Alimentos ha informado a fs. 47 del sumario administrativo, que las solicitudes cuyas copias ha incorporado el apelante como prueba documental, efectivamente fueron presentadas por la empresa Digimpex SRL, agregando que “nunca fueron liberadas por directivas emanadas desde la Dirección INAL”, sin especificar en su escueta respuesta, el motivo que derivó en la falta de otorgamiento de los certificados en cuestión, motivo por el cual resulta imposible a este Vocal Instructor, determinar si el importador ha incurrido en alguna causal de incumplimiento imputable al mismo, conforme los términos del apartado C) de la resolución citada, que motivara la falta de libramiento de los Certificados de Libre Circulación.
De lo expuesto se colige además, que el régimen establecido por la Resolución 445/96 tuvo por objeto establecer un mecanismo de certificación/ verificación previo al libramiento a plaza de los productos alimenticios importados, con la finalidad de proteger la salud pública de todos los potenciales consumidores. En otras palabras, la mercadería es o no es prohibida en cuanto una norma dispone que así lo sea, y no por una mera restricción o autorización que se impone previo a su libramiento.
Cabe aclarar que en la sentencia del 12/6/2012, recaída en los autos “Nate Navegación y Tecnología Marítima SA [TF 22.220-A]”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación con remisión al fundado dictamen de la Procuración General de la Nación del 4/10/2010, recordó que las prohibiciones de importación habrán de surgir de manera expresa de la norma, no pudiéndose asimilar a las mismas, las restricciones habituales o requisitos exigidos para la importación de la mercadería. Allí se señaló que el Código no establece prohibición específica alguna, sino que ellas deben surgir de la legislación que corresponda a la materia de que se trate. Se destaca, asimismo, que las prohibiciones aduaneras han de surgir de la letra expresa e inequívoca de la norma, de forma tal que su existencia como regla general merecedora de acatamiento, como así de la respectiva sanción a su inobservancia, puedan ser efectivamente discernidas y constatadas.
Que, en el mismo sentido, la Sala “IV” de la Excma. Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal sostuvo que “toda prohibición debe surgir de la letra expresa e inequívoca de la ley o de la norma reglamentaria aplicable al caso, de manera tal que su existencia como regla de acatamiento obligatorio y su respectiva pena o sanción pueda ser efectivamente discernida y constatada, sin que pueda ser inferida implícitamente de los requisitos, restricciones o condiciones a cuya observancia está sujeta la importación (v. sentencia de fecha 2/07/15, in re “UNILEVER ARGENTINA S.A. c/DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”.
Por los fundamentos vertidos en el caso, cabe concluir que la falta de presentación del Certificado de Libre Circulación no resulta punible en los términos del art. 954 ap. 1. inc. b) del C.A.
VI. Por otra parte, en relación a las diferencias que se habrían detectado, conforme surge del Informe 1429/2013 (DV CODD), en virtud de la comparación entre las cantidades de mercadería importada y la desnaturalizada por el personal del Municipio de La Matanza, corresponde recordar que la Dirección de Ecología y Saneamiento ha informado, mediante respuesta de fecha 8 de agosto de 2013 (fs. 56 act. Adm.), que “con relación a la mercadería detallada era la que se encontraba en el depósito y desnaturalizaron en presencia del personal mencionado en el acta de comiso, asimismo las cantidades son aproximadas y dado la gran cantidad de producto y diversidad de los mismos no se puede determinar si el total de la mercadería son los solicitados con los despachos...” resultando ello insuficiente para tener por acreditadas tales diferencias, que motivaran la imputación de la infracción prevista en el art. 954 respecto a la existencia de una declaració que difiera con lo que resultare de la comprobación, destacando que, en caso de existir una declaración inexacta la que -reitero- no puede cotejarse en autos, dicha infracción no se encuentra sancionada por el inciso b) del artículo 954, el cual castiga expresamente las transgresiones a una prohibición en lo que respecta a una importación o exportación.
Que el modo en que se decide, torna inoficiosa la consideración del resto de las cuestiones planteadas por la apelante.
Por ello, VOTO por:
Revocar la Resolución DE PRLA Nro. 5684 de fecha 17 de agosto de 2018, dictada en las actuaciones SIGEA N° 13289-26918-2012, en lo que fue materia de agravio. Costas a cargo del Fisco.
El Dr. González Palazzo dijo:
Visto el marco fáctico que encuadra la imputación en trato, comparto la solución desvinculatoria propuesta por el Sr. Vocal Instructor.
Por ello, SE
Revocar la Resolución DE PRLA Nro. 5684 de fecha 17 de agosto de 2018, dictada en las actuaciones SIGEA N° 13289-26918-2012, en lo que fue materia de agravio. Costas a cargo del Fisco.
Regístrese. Notifíquese a la DGA (33-69345023-9) y Dr. Guido Hernán Krolovetzky (20-26421576-6). Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Garbarino y González Palazzo, por encontrarse vacante la Vocalía de la 18º Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2025.09.19 12:36:55 ART Date: 2025.09.19 23:16:43 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.09.19 23:17:12 -03:00
Fin de la sentencia