Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 39816-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1)
Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco y confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios, con costas (artículo 68, 1° párrafo, del CPCCN. 2) Diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
DIGIMPEX SRL (TF 39816-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de abril de 2026.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que a fs. 132/135 vta. el Tribunal Fiscal de la Nación revocó la resolución nº 5684/2018, mediante la cual el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros le había aplicado a la firma importadora una multa de $535.543,79, equivalente a una vez el valor en aduana de la mercadería, en los términos del artículo 954, apartado 1, inciso b), del Código Aduanero.
Puso de manifiesto que la firma actora había documentado ante la Aduana de Buenos Aires los despachos de importación n° 11 001 IC04 245203 F, 11 001 IC04 163275 N, 11 001 IC05 028359 R, 11 001 IC05 020955 L y 11 001 IC04 186463 R. En esas destinaciones se había declarado la importación para consumo de diversos productos alimenticios originarios de la República Italiana. Aquellos habían sido liberados sin derecho a uso y almacenados en el depósito de la empresa ubicado en Ciudad Madero, a la espera de que el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) emitiera los “Certificados de Libre Circulación” requeridos para su libramiento a plaza.
Indicó que, con posterioridad, la Secretaría de Salud Pública, Dirección de Ecología y Saneamiento del Municipio de La Matanza, dispuso el decomiso y desnaturalización de la aludida mercadería al haberse constatado en una inspección de rutina que aquella se hallaba “…con sus fechas vencidas, en envases sin rotulación, ilegibles y/o deteriorados”.
Señaló que, en tales condiciones, el servicio aduanero había formulado denuncia en los términos del artículo 863 del Código Aduanero, la que resultó desestimada por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico n° 3, el 27 de octubre de 2015. Fue así que se dio Alta en sistema: 10/04/2026 inicio a la investigación por la presunta comisión de la infracción de declaración inexacta que culminó con el dictado de la mencionada resolución DE PRLA n° 5684/2018.
En cuanto aquí interesa, formuló dos series de argumentos para la revocación de la resolución.
Por un lado, recordó las condiciones que se deben verificar para estar en presencia de una declaración inexacta punible. Precisó que según resultaba de los términos del Informe N° 2041/2012, confeccionado por la División Comprobación de Destino, se le había reprochado a Digimpex SRL el incumplimiento de lo establecido en el Anexo I de la Resolución ANA n° 445/96 que establece que en los casos de importación de productos alimenticios no acondicionados para la venta directa al público, el servicio aduanero exige la intervención previa del INAL, organismo que debe emitir el “Certificado de Libre Circulación”. Indicó que se hallaba prevista la posibilidad de que la mercadería fuera entregada sin derecho a uso y que se hallaba fijado un plazo a los fines de la obtención del certificado. Asimismo, especificó que esa norma dispone que en caso de incumplimiento por parte del importador, por causales que le fueren imputables, el servicio aduanero lo intimará para que cumpla con la reexportación, destrucción o inutilización de la mercadería.
En tales condiciones, el Tribunal Fiscal destacó que se habían acompañado constancias de los múltiples requerimientos efectuados por la importadora ante el INAL a los fines de la obtención de los certificados y que aquello se vio corroborado por la respuesta brindada en sede administrativa por el propio INAL. Ese organismo confirmó que efectivamente recibió las solicitudes para la emisión de los certificados, mas “…‘nunca fueron liberadas por directivas emanadas desde la Dirección del INAL’, sin especificar en su escueta respuesta, el motivo que derivó en la falta de otorgamiento de los certificados en cuestión”. Asimismo, también resultaba de las constancias de autos que la mercadería había permanecido en todo momento en el depósito de la empresa, tal como pudo constatar la Dirección de Ecología y Saneamiento del Municipio de La Matanza.
Alta en sistema: 10/04/2026 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Las circunstancias indicadas condujeron al Tribunal a considerar que era imposible determinar si el importador incurrió en alguna causal de incumplimiento a las que refiere la Resolución ANA n° 445/96.
Por lo demás, agregó que el régimen previsto en la mencionada resolución tuvo por objeto la fijación de un mecanismo de certificación/verificación previo al libramiento a plaza de los productos alimenticios a los fines de proteger la salud pública. Por ende, y de conformidad con las pautas examinadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente N.6. XLVI caratulada “Nate Navegación y Tecnología Marítima S.A. (TF 22.220-A) c/DGA” del 12 de junio de 2012, concluyó que no se estaba en presencia de una prohibición, de modo que el incumplimiento reprochado no resultaba punible en los términos del artículo 954, apartado 1), inciso b) del Código Aduanero.
II. Que, contra esa sentencia, el Fisco apeló y expresó agravios a fs. 143/152vta, los que fueron replicados por la parte actora a fs. 156/162vta.
Primeramente, señala que el caso de autos difiere del examinado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Nate”. En tal sentido, abunda en detalles de las circunstancias fácticas que se dieron en el aludido precedente y concluye que la circunstancia de que la actora haya actuado de buena fe no la eximía de cumplir con la presentación del certificado requerido por el régimen aplicable.
En diferente orden de ideas, afirma que la circunstancia de que la mercadería se hubiera detectado vencida y sin estar acompañada por el “Certificado de Libre Circulación” implica la configuración de la infracción imputada ya que no puede pasarse por alto que al tratarse de mercadería “riesgosa” el Estado exigió la presentación del certificado y ese extremo no fue oportunamente cumplido.
Alta en sistema: 10/04/2026 III.- Que, en este estado de las actuaciones, corresponde examinar el recurso interpuesto por el Fisco, único apelante.
III.1. En primer término, cabe señalar que las conclusiones de la decisión recurrida sobre las cuales se centra buena parte de su apelación remiten al examen de cuestiones de hecho y prueba, como regla, ajenas al recurso de apelación previsto en artículo 1180, inciso b), del Código Aduanero, que han sido resueltas con fundamentos suficientes para desechar la tacha de arbitrariedad alegada (cfr. Fallos 300:985; 326:2987; 332:357 y c. nro. F. 454. XLVI. “Forexcambio S.A. (TF 27.070-I) c/ DGI”, del 8 de octubre de 2013, Sala IV "La Rueca Porteña S.A. (TF 9861-I) c/D.G.I" del 27 de octubre de 1998; Sala V "S.A. Molinos Fénix (TF 17.290-I) c/D.G.I.", del 20 de junio de 2006).
En tales condiciones, no se advierte que la apreciación efectuada por Tribunal Fiscal haya sido arbitraria o irrazonable, de modo tal que justifique desechar las conclusiones vertidas sobre el punto en el pronunciamiento apelado.
Contrariamente a lo expresado por el apelante, la solución adoptada por el mencionado tribunal se fundó, por un lado, en que no existían elementos que resultaran concluyentes para afirmar que la falta de acompañamiento del “Certificado de Libre Circulación” le fuere imputable al importador y, por ende, que constituyera un incumplimiento a lo establecido en el Anexo I de la Resolución ANA n° 445/96. En tal sentido, cabe destacar que el Fisco no formula consideraciones en punto a las diversas solicitudes que presentó la firma importadora ante el INAL tendientes a que le fueran otorgados los certificados (cfr. fs. 4, 14, 46, 67 y 73 de autos) y a la falta de respuesta por parte de ese organismo, que además confirmó la recepción de las solicitudes y no aportó razones que justificaran la falta de emisión de aquellos (cfr. fs. 47 de las actuaciones administrativas).
Asimismo, tampoco se halla controvertido que la mercadería permaneció almacenada en el depósito de la empresa hasta disponerse su “decomiso y desnaturalización” por parte de las autoridades sanitarias de la Municipalidad de La Matanza. Es decir, Alta en sistema: 10/04/2026 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V aquella no fue liberada a plaza ni ingresó en el circuito de comercialización.
III.2. En diferente orden de ideas, es dable recordar que no toda declaración inexacta resulta punible en tanto el legislador ha condicionado dicho aspecto a que se cumpla alguna de las consecuencias previstas en el artículo 954 del Código Aduanero. En el caso se le reprochó al importador haber incumplido con lo establecido en el Anexo I, 4.3.2.1. B) y C) de la Resolución ANA n° 445/96 en tanto dispone que: “(…) B) En las destinaciones de importación de alimentos no acondicionados para la venta directa al público el servicio aduanero exigirá la intervención previa al libramiento del I.N.AL. Esta intervención se cumplimentará con la presentación del 'Certificado de Libre Circulación' emitido por el I.N.AL.”. En su inciso C) establece que el servicio aduanero puede, a solicitud del Importador, entregar sin derecho a uso la mercadería en cuestión y aquel se compromete a aportar dentro del plazo de 1 mes el respectivo certificado emitido por la autoridad sanitaria. Agrega que si así no lo hiciere el importador y las causas fueran imputables a él, el servicio aduanero procederá de acuerdo a lo establecido en el art. 449 y siguientes del Código Aduanero (es decir, a la destrucción, inutilización o reexportación de las mercaderías). Al respecto, y tal como se expuso en la anterior instancia, las circunstancias que se verifican en autos encuentran adecuada respuesta –mutatis mutandis- en lo dictaminado por la Procuradora Fiscal, a cuyos fundamentos se remitió la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa N.6. XLVI caratulada “Nate Navegación y Tecnología Marítima S.A. (TF 22.220-A) c/DGA” del 12 de junio de 2012 . Allí se distinguió claramente las mercaderías sujetas a una prohibición de importación, de aquellas otras cuya importación está permitida bajo la vigencia de ciertas y determinadas condiciones o requisitos, que no constituyen estrictamente “prohibiciones”.
Al respecto, en ese dictamen se puso de manifiesto que: “[…] de la exposición de motivos surge que el término Alta en sistema: 10/04/2026 “prohibiciones” designa a las restricciones directas, es decir ‘las que impiden en forma directa la importación o la exportación’, agregando que es claro ‘que no se pretende abarcar aquí el tratamiento de un sinnúmero de restricciones operativas tales como la concerniente al despacho de cierta mercadería por una determinada aduana, a la realización de las operaciones dentro de horarios hábiles, etc., que serán de cumplimiento obligatorio dentro de las pautas fijadas con carácter general por este código o bien establecidas por la repartición aduanera o por otros organismos en la esfera de su respectiva competencia’ (puntos 3 y 4), agregando que el Código no establece específicamente prohibición alguna, sino que ellas ‘deben surgir de la legislación que corresponda a la materia de que se trate’ (punto 5)”.
Finalmente concluyó que “[…] sostener la tesitura de la demandada, en cuanto a que la Resolución 909/94 y sus modificatorias, in totum, fijaban exclusivamente un régimen de prohibición, implicaría –como lo advirtieron tanto el propio legislador en la exposición de motivos citada más arriba como la cámara- elevar a tal categoría a todas las restricciones y simples condicionamientos para la exportación e importación de mercaderías, dando a los arts. 608 y cc. del código de la rama una latitud tan vasta que llevaría, en la práctica, a desvirtuar el sistema diseñado”. // “En efecto, toda operatoria aduanera ha de realizarse siguiendo las pautas regladas en cuanto a horarios, modos, trámites administrativos, declaraciones y pagos de los correspondientes tributos, y demás requisitos consabidos propios de un régimen tan delicado. Pero ello no puede implicar la inversión de la carga de la regla fundamental consagrada en el art. 19 de la Constitución Nacional, elevando entonces tales requisitos al grado de prohibición…” //. “Así las cosas, estimo que, al no tratarse de una prohibición de importación para consumo el supuesto de autos, la conducta seguida por las actoras demuestra ser carente de la necesaria tipicidad para ser pasible de configurar una infracción aduanera” (el destacado no es del original).
Por ello, cabe concluir que la exigencia de presentar el “Certificado de Libre Circulación” al que se refiere la Alta en sistema: 10/04/2026 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Resolución ANA Nº 445/96 no constituye una prohibición a la importación de la mercadería en cuestión, sino una restricción exigible al momento de la liberación a plaza. Además, cabe destacar que el propio régimen establece la posibilidad de que aquella sea entregada sin derecho a uso hasta tanto se obtenga el aludido certificado –tal y como ocurrió en autos -. Por tales razones, cabe confirmar que el incumplimiento reprochado no tenía virtualidad para ocasionar la consecuencia prevista en el inciso b) del apartado 1) del artículo 954 del Código Aduanero.
Finalmente, cabe señalar que la cuestión resulta sustancialmente análoga a la examinada por esta Sala V en la causa n° 46.247/2012, caratulada “Farre, Carlos José (TF 22.551-A) y acum. c/DGA”, del 25 de junio de 2013, en la causa n° 36.798/2016, caratulada “Mattel Argentina S.A. c/DGA s/recurso directo de organismo externo, del 6 de septiembre de 2016, en la causa n° 71.376/2017, caratulada “Red Surcos SA (TF 38095-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 23 de noviembre de 2022 y en la causa n° 41.775/23, caratulada “Gutkin, Néstor Julio (TF 32.263-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 24 de octubre de 2024, entre muchas otras.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: 1)
Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco y confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios, con costas (artículo 68, 1° párrafo, del CPCCN. 2) Diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
Se deja constancia de que la Vocalía n° 15 de esta Sala se encuentra vacante (artículo 109 del RJN).
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.
Guillermo F. TREACY Pablo GALLEGOS FEDRIANI Alta en sistema: 10/04/2026 Alta en sistema: 10/04/2026
Fin de la sentencia