Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 77576
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de La Plata para seguir interviniendo en el asunto (cfr. art. 7 inc. 1, CCA).
A su vez, hágase saber lo aquí resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº14 del mencionado departamento judicial.
B.77.576 “COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS Y FORESTALES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ YPF SOCIEDAD ANÓNIMA S/ DILIGENCIA PRELIMINAR - OTROS JUICIOS -CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008”
I. El Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la Provincia de Buenos Aires (CIAFBA) promueve, en los términos del artículo 323 del Código Procesal Civil y Comercial, las presentes diligencias preliminares contra Yacimientos Petrolíferos Fiscales SA (YPF Agro), con miras a obtener de esta última el listado de todos aquellos profesionales de las ciencias agropecuarias y/o forestales que tenga contratados en relación de dependencia o como asesores externos, en tanto los mismos habrían prestado sus servicios sin estar matriculados, contrariando de esa manera el artículo 2 de la ley 15.030.
Asimismo, en resguardo de dichas facultades de contralor del ejercicio profesional, solicita, entre la documentación, aquella relativa a los "...contratos y/o recibos de sueldos de prestación de servicios de director o asesor técnico suscriptos entre la requerida e ingenieros agrónomos durante el período 2019 a 2021" (véase escrito electrónico de fecha 15-IX-2021).
II. La causa, atento a lo expuesto por el actor (v. apdo. VI de la demanda electrónica cit.), se inició en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de La Plata.
El magistrado que por entonces se encontraba subrogando dicha dependencia, sin expedirse respecto de la recusación formulada por el demandante en su escrito inicial, decidió declararse incompetente en la primera oportunidad que tuvo, reparando en el objeto de la pretensión principal ulterior.
Agregó además, que si bien su jurisdicción podía quedar comprometida en los casos originados en el ejercicio de la función administrativa (art. 166 in fine , Const. prov.), no se trataba de un “fuero personal” a donde todo cuestionamiento que involucrara al Estado iba a parar. Debía atenderse -dijo- a si el caso se encontraba regido por el derecho administrativo, pues de lo contrario no estaba plenamente justificada su intervención, correspondiendo entonces la adjudicación de la presente al fuero civil y comercial dado lo residual de su competencia.
De tal modo, entendiendo que la controversia encuadraba en el supuesto del artículo 4 inciso 1 del código que rige el ordenamiento, giró las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes departamental para que realice el correspondiente sorteo entre los órganos del aquel fuero (v. resol. electrónica de fecha 22-IX-2021).
Es así que resultó designado el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº14, cuyo titular, luego de advertir que el decisorio de fecha 22-IX-2021 no se encontraba consentido ni firme, se pronunció en sentido contrario al del juez preactuante, declinando su competencia.
En sustento de esa determinación, consideró que en la eventual acción a entablarse, dirigida a "...identificar infracciones a las normas que gobiernan la matrícula profesional, como así también a los responsables para iniciar las acciones disciplinarias y legales correspondientes", se encontraría afectada la competencia asignada al fuero contencioso administrativo (arts. 166, último párr., Const. prov. y 1 y 2 inc. 3, CCA, e.o.).
En virtud de ello, planteó formalmente la contienda negativa de competencia que, siendo elevada a la Secretaría Civil, Comercial y de Familia de este Tribunal, quedó finalmente radicada en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo para ser dirimida (art. 7 inc. 1, CCA; v. sent. interlocutoria de fecha 17-XI-2021).
III. Preliminarmente es pertinente señalar que si bien en autos no se ha dado trámite al incidente de recusación, al haber devenido abstracto ese planteamiento en tanto el magistrado cuyo apartamiento se solicitó en la demanda ha cesado en sus funciones, razones de economía y celeridad procesal aconsejan un pronunciamiento definitivo sobre el órgano que ha de conocer en el pleito.
Dicho lo anterior, cabe adelantar que el presente caso corresponde a la competencia del fuero contencioso administrativo.
IV.1. Esta Corte reiteradamente ha resuelto que, en virtud del carácter accesorio de las diligencias preliminares o precautorias anticipadas, la competencia para decretarlas corresponde al juez que vaya a conocer en el posterior proceso principal (arts. 6 inc. 4, CPCC y 77 inc. 1, CCA; doctr. causas B. 52.950, "Torres", resol. de 20-II-1990; B. 54.029, "Latrecchiana", resol. de 29-X-1991; B. 61.685, "Santana", resol. de 5-VII-2000; B. 63.514, "Brandoni", resol. de 27-XII-2001; B. 64.730, "Cooperativa de Trabajo Taller Naval Ltda.", resol. de 30-X-2002; B. 68.339, "Colombo", resol. de 7-IX-2005; B. 69.868, "COA Construcciones y Servicios Públicos SA", resol. de 18-II-2009; B. 71.007, "Presa Tapari", resol. de 22-IX-2010; B. 71.482, "Radisol SA", resol. de 31-VIII-2011; B. 71.903, "Aranda", resol. de 30-V-2012; B. 72.574, "Bingo Adrogué SA", resol. de 4-XII-2013; B. 73.097, "Moleiro", resol. de 10-IX-2014; B. 73.540, "Tiro Federal Argentino", resol. de 29-IV-2015; B. 74.233, "Playa de Camiones Quequén SA", resol. de 22-VI-2016; B. 75.457, "Municipalidad de General Pueyrredon", resol. de 19-XII-2018; B. 76.165, "García", resol. de 13-XI-2019; B. 76.764, "Fiscalía de Estado", resol. de 19-III-2021 y B. 77.029, "Vives", resol. de 12-VII-2021).
IV.2. Sobre esa base, se observa que el objeto de la pretensión consiste en que una firma dedicada al asesoramiento y venta de insumos del agro exhiba documentación relativa a la contratación de profesionales agrónomos y forestales, con la finalidad declarada del CIAFBA de verificar la necesaria intervención en ella de profesionales matriculados, invocando expresamente como fundamento de las medidas las facultades que el mismo posee en el gobierno de la matrícula de sus miembros (véanse apdos. II, III y VI del escrito inicial).
Y respecto al juicio posterior para el cual se reclaman, si bien la parte actora habla, de un lado, de formular denuncia por el delito tipificado en el art. 247 del Código Penal y, de otro, a demandar en términos genéricos a YPF SA, lo más saliente es que con la documentación recabada la entidad paraestatal busca poner en marcha sus potestades estatutarias conferidas por la ley 15.030 para el ejercicio de la policía sobre los profesionales ingenieros agrónomos y forestales.
IV.3. Al ser todo eso así, se trata de un supuesto aprehendido por los arts. 166 in fine de la Constitución de la Provincia y 1 de la ley 12.008, en cuanto definen a la materia contencioso administrativa como los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas, entre las que se encuentran los colegios profesionales (arg. doctr. causa B. 64.745, "Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca", resol. de 23-X-2002).
A mayor precisión, se trataría de una hipótesis subsumible en la previsión del art. 2 inc. 3 de la ley 12.008, que incluye entre las controversias a ventilarse por ante aquel fuero, aquellas en las que sea parte una persona pública no estatal, cuando actúe en el ejercicio de prerrogativas regidas por el derecho administrativo. Es evidente que el CIAFBA ha sido conferido con atribuciones de semejante especie (arts. 1, 2, 4, 5 y concs., ley 15.030).
IV.4. No altera esa conclusión si en el futuro más inmediato no vaya a incoarse propiamente un proceso judicial, sino antes bien, un procedimiento de tipo administrativo interno (conf. causa B. 76.382, "Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 2-IX-2020).
Cabe presumir, al solo efecto de dirimir el presente incidente, que las acciones legales que derivarán de ese último se englobarán en las definiciones descriptas supra IV.3. Máxime cuando de tales impulsos puedan desprenderse actuaciones de carácter disciplinario, cuya eventual impugnación corresponde al conocimiento del fuero especializado en derecho público (conf. art. 74, CCA).
Como sea, tratándose la regla de competencia por accesoriedad de un dispositivo eminentemente práctico, en caso de duda o de requerimientos que exhiban cierto grado de autonomía, debe estarse al carácter improrrogable y de orden público de la competencia contencioso administrativa (conf. art. 6, CCA; doctr. causa B. 77.822, "ALEARA", resol. de 16-V-2022).
V. Por tales consideraciones, corresponde resolver que en el caso resulta competente el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de La Plata, al que se devolverán las actuaciones para la continuación de su trámite (art. 7, CCA).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de La Plata para seguir interviniendo en el asunto (cfr. art. 7 inc. 1, CCA).
A su vez, hágase saber lo aquí resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº14 del mencionado departamento judicial.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/06/2022 17:17:56 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 29/06/2022 18:16:05 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/06/2022 19:11:24 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/06/2022 20:41:18 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/06/2022 08:11:05 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 30/06/2022 08:14:58 hs. bajo el número RR-712-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia