Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 56500
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe declara la nulidad de la resolución apelada, remitiéndose las actuaciones a la instancia de origen a fin de que, por juez hábil y teniendo en cuenta lo indicado en el voto acerca de la radicación de las actuaciones, se resuelva cuanto resulte menester en relación a las peticiones cautelares incoadas en autos.-
Sin costas de Alzada, atento el carácter de la resolución y la ausencia de bilateralización (art. 68, segundo párrafo y 74, a contrario sensu , del C.P.C.C.).-
Causa Nº MO-56500-2017 R.S. 38/2018
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 20 de Marzo de 2018, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores Jose Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda, para pronunciar sentencia interlocutoria en los autos caratulados: "GARCIA JORGE ALBERTO Y OTRO/A C/ CONSORCIO COPROPIETARIOS EDIFICIO REHAUSSE S/ DILIGENCIAS PRELIMINARES", Causa Nº MO-56500-2017 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Corresponde declarar la nulidad de la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. La Sra. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 12 Departamental a fs. 212/3 resolvió desestimar la medida cautelar peticionada.-
2. Contra tal forma de decidir se alzó a fs. 215 la parte actora interponiendo recurso de apelación; el mismo fue concedido en relación a fs. 234vta. y se tuvo por fundado con la argumentación contenida en el punto v del escrito de fs. 225/233.-
3. A fs. 248vta., se llamó "AUTOS" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
Planteada como viene la cuestión he de recordar que este Tribunal en la causa 47.723 R.S. 68/07, 55.394, R,. 172/08, -entre otras- ha sostenido que
“ el recurso de apelación, subsume al de nulidad por defectos en la construcción del decisorio (art. 253 C.P.C.C.). Y que la vía impugnativa enunciada en último lugar, tiende a atacar errores in procedendo en los que incurre el Juez de Primera Instancia durante el dictado de la resolución, pudiendo tener cabida cuanto ésta adolece de vicios o defectos de forma o de construcción que la descalifiquen como acto jurisdiccional (Hitters, Juan Carlos, "Técnica de los Recursos Ordinarios", Librería Editorial Platense, pág. 519).-
Y en lo que hace a la formalidades que han de rodear a una providencia que resuelve una temática cautelar, esta Sala sostuvo que:
"Si bien en el artículo 198 del C.P.C.C., no se menciona expresamente que la providencia que decrete medidas cautelares habrá de ser fundada, ello se colige perfectamente de su juego concordé con preceptos supralegales, amén de lo que dimana del sistema del cuerpo normativo enunciado.-
En cuanto a la vinculación del tema con los preceptos constitucionales, cabe recordar que, tanto en la Constitución Nacional, en su artículo 18, como así también en los Tratados Internacionales que integran el texto de la misma por remisión del artículo 75, inc. 22, de la norma fundamental, al igual que en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (art. 15 Const. Pcial.), se garantiza, del modo más amplio, el Derecho de defensa en juicio . Ello llevaría, sin más, a exigir que toda decisión jurisdiccional cuente con la adecuada fundamentación, cuando la misma no se desprenda, en el caso de providencias simples, solamente de la lectura de los textos legales . La exigencia de fundamentación de los actos emanados de la autoridad, también resulta un principio derivado de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno (art. 33 Const. Nacional). Todo ello, sin duda, permitirá a la parte afectada, en su momento, tomar adecuada razón de cuales fueron los fundamentos acogidos por la jurisdicción para decretar una medida precautoria en su contra, y así poder, en el caso de entenderlo procedente, cuestionar la medida, echando mano a la facultad impugnatoria que le confiere el artículo 198 último párrafo del C.P.C.C..- (el subrayado y sobresaltado me pertenece).-
Y ello me lleva también a direccionarme, como lo afirmara precedentemente, al sistema del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial. Así, este cuerpo normativo, prevé la apelabilidad de la providencia que decrete, o no haga lugar, a una medida cautelar (art. 198 C.P.C.C.). Por otra parte, es sabido que la función de la Alzada tiene un carácter revisor de lo Juzgado en la Instancia precedente (que claramente queda enunciado en el artículo 266, parte final, del Código ritual). Carácter que hemos heredado del sistema hispánico, motivador de que el fallo de la segunda instancia, constituya un control de lo ya resuelto en la instancia precedente (Hitters, Juan Carlos, "Técnica de los recursos ordinarios", Librería Editorial Platense, págs. 254 y 255). Citan los doctores Morello, Sosa y Berizonce, al comentar y anotar el artículo 242 del C.P.C.C., jurisprudencia, por demás ilustrativa, emanada de la Cámara 2º de La Plata, Sala I, causa B-59.197, reg. sent. 53/86, que refiere que el cometido del órgano "ad quem" se limita a verificar el acierto o error en que haya incurrido el sentenciante de la instancia en orden de ese acto procesal decisorio (Morello, Augusto Mario; Sosa, Gualberto Lucas; Berizonce, Roberto Omar, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación", Ed. Abeledo Perrot, T. III, pág. 117). Lo antedicho, es expuesto para significar que, para que la Alzada pueda actuar adecuadamente su función revisora, es menester que se le posibilite la adecuada valoración de lo resuelto en la instancia precedente, fundándose allí las resoluciones .- (el subrayado y sobresaltado me pertenece)
La argumentación dicha, en cuanto a la exigencia de la fundamentación, ha sido compartida por la doctrina, al decir que a pesar de que las resoluciones que disponen medidas cautelares configuran providencias simples, en razón de ser en ciertos casos equiparables a las resoluciones que ocasionan gravamen irreparable, requiere una fundamentación sumaria (Palacio, Lino Enrique - Alvarado Velloso, Adolfo, "Código procesal civil y comercial de la Nación", explicado y anotado jurisprudencial y bibliográficamente, Ed. Rubinzal Culzoni, T. 5, pág. 56).
(...)
En franca y directa conexidad con lo expresado, debo decir también que las formas, en el proceso, tienden al resguardo de la justicia y la igualdad en la defensa, entre otras cosas (Maurino, Luis Alberto, "Nulidades procesales", Ed Astrea. pág 4). No tienen una finalidad en si mismas, ni se han impuesto para satisfacer pruritos formales, o en el solo interés de la ley, sino que tienden a resguardar la garantía constitucional de la defensa en juicio (Hitters, Juan Carlos, "Técnica de los Recursos Ordinarios", Librería Editorial Platense, pág. 517)”.- (causa nro. 47.723, R.S. 68/07; 55.128, R.S. 28/08, entre otras).-
Tales argumentos son totalmente aplicables al caso concreto de autos, y traigo a colación también –en mayor refuerzo de lo ya expuesto- la norma del artículo 171 de la Constitución Provincial que impone a la jurisdicción el deber de fundar, que juega concordantemente con el deber que nos impone el artículo 34 inciso 4º del C.P.C.C.-
(...)
Tal reseña nos sirve para observar que el decisorio recurrido aparece carente de fundamentación .-
No pueden deducirse, siquiera en forma aproximada, las motivaciones por las que se juzgaron insuficientes los elementos de convicción aportados por la actora.-
De tal modo deviene disvalioso para la parte que peticionara la medida, por cuanto, está a su cargo, al fundar su apelación, efectuar la crítica concreta y razonada de la resolución recurrida -arts. 246 y 260 C.P.C.C.-, y mal podrá cuestionar adecuadamente un razonamiento que le es imposible conocer dada la falta de fundamentos, no siendo válido, tal todo lo dicho anteriormente, que la jurisdicción se reserve para sí las motivaciones de su decisión.-
Por otro lado la falta de fundamentación impide a la Alzada ejercer su función revisora, tornándola, en cambio, una nueva instancia de juzgamiento que más que actuar analizando la justicia o injusticia de una decisión de la instancia anterior, procederá merituando los elementos aportados por el peticionante, a efectos de acreditar los extremos necesarios, en lugar de avocarse a las parcelas del fallo que hayan sido materia de agravios ".-
Ahora bien, de la lectura del auto apelado se observa que, inicialmente, solo se refieren cuestiones generales, para luego enumerar qué elementos se meritúan, sosteniendo que " no se ha acreditado prima facie la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora invocados ", pero sin dar ningún argumento o explicación concreta que nos indique por qué se asevera esto .-
Por lo demás, son los propios quejosos quienes señalan -en su fundamentación recursiva- el déficit del fallo en este sentido (ver fs. 229vta./230) y girando su argumentación en rededor de esto; evidentemente, mas no puede pedírseles, porque difícilmente puedan criticar (de manera concreta y razonada) unos argumentos que no conocen.-
Luego, frente a esta situación y sin perder de vista que nos encontramos en el ámbito cautelar (donde cabe ser muy prolijo en cuanto al resguardo de la doble instancia, conforme lo que ha indicado la Corte Suprema en Fallos 318:1711) no queda otra solución que decretar la nulidad de la resolución apelada.-
Sólo estimo necesario poner de manifiesto que en el presente caso no se dan los requisitos legales analizados e interpretados por mi -entre otras- en las causas nº 39.839 (R.S. 439/98), 45.478 (R.S. 509/01) para que una vez decretada la nulidad no se pudiera reenviar el proceso a otro Juez de Primera Instancia (no facultad de reenvío), pues a través del análisis, fundamentos y constancias del expediente surge que no se han respetado principios constitucionales y procesales vigentes, como el derecho de defensa en juicio, y pasos procesales que bien han sido examinados en el voto, por lo que estimo que corresponde el reenvío en éste caso en particular.-
Incluso el reenvío se torna la mejor solución frente al pedido de una nueva decisión cautelar (ver fs. 230vta. punto VI), fundada en circunstancias posteriores, pero directamente conectadas a las que motivaron la petición analizada en el auto que estamos invalidando.-
Y su procedencia es, además, trascendente en el caso frente a la advertencia de que podrían existir diversos procesos conexos -y en trámite- lo que torna imprescindible (a mi modo de ver) corroborar tal circunstancia y, en su caso, la radicación de todos ellos ante un mismo juez (el que corresponda) para así evitar la eventualidad de decisiones (incluso cautelares) contradictorias.-
No deberán ser impuestas costas de Alzada, atento el caracter de la resolución y la ausencia de bilateralización (art. 68, segundo párrafo y 74, a contrario sensu , del C.P.C.C.).-
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor JORDA , por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. Gallo.-
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE DECLARA la nulidad de la resolución apelada, remitiéndose las actuaciones a la instancia de origen a fin de que, por juez hábil y teniendo en cuenta lo indicado en el voto acerca de la radicación de las actuaciones, se resuelva cuanto resulte menester en relación a las peticiones cautelares incoadas en autos.-
Sin costas de Alzada, atento el carácter de la resolución y la ausencia de bilateralización (art. 68, segundo párrafo y 74, a contrario sensu , del C.P.C.C.).-
REGISTRESE. REMITASE encomendándose a la Instancia de Origen las pertinentes notificaciones.-
Dr. JOSÉ LUIS GALLO Dr. ROBERTO CAMILO JORDA
Juez Juez
Ante mí: Dr. GABRIEL HERNAN QUADRI
Secretario de la Sala Segunda de la
Excma. Cámara de Apelación en lo Civil
y Comercial del Departamento Judicial
de Morón
Fin de la sentencia