Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 56401
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravios.
Costas del Alzada, al apelante (art. 68 del C.P.C.C.).
Se difiere la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad
Causa Nº MO-56401-2016
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "SALVUCCI HIGINIO JESUS Y OTRO/A C/ GONZALEZ PABLO MATIAS S/ DILIGENCIAS PRELIMINARES Causa N º MO-56401-2016" habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO - CUNTO resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. Frente al decreto de caducidad de instancia de fecha , apela la solicitante de la medida preliminar y su recurso se concede en relación, fundándolo con la presentación de fecha , a cuyos términos cabe remitirse.
El 18 de mayo del 2023, se llamó "AUTOS" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.
2. En primer lugar debo señalar que la caducidad de la instancia, que es uno de los modos anormales de terminación del proceso, apunta a objetivos en los cuales está interesado el servicio de justicia a través del principio de economía procesal (Arts. 34 inc, 5 e del C.P.C.C.) y la paz social a través del interés particular de quien está encartado en un litigio y que viene asistido del legítimo derecho de ver finiquitada la incertidumbre que todo reclamo implica.
Y agrego que es totalmente cierto que la caducidad de instancia deba apreciarse con criterio restrictivo, de eso no hay dudas (esta Sala en causa nro. 42.515 R.S. 329/02, entre otros); pero tampoco hay dudas de que, cuando evidentemente están dadas las circunstancias para hacerlo, la caducidad debe decretarse, más aun cuando por más restrictividad que le pongamos al prisma interpretativo, el desinterés por el impulso del proceso es evidente (esta Sala en causa nro. 58.744 R.S. 23/12).-
En tal contexto, para que la caducidad se produzca, deben concurrir una serie de requisitos; en esencia: la apertura de una instancia y el transcurso del término legal para producirla sin la realización de actividad procesal útil; a lo que se suma, claro está, el tránsito por el procedimiento del art. 315 del CPCC que, en su caso y con sus limitaciones, da al eventual perjudicado por la caducidad una última chance de purgar su inacción, efectuando -frente a la (única) intimación que debe cursársele- la actividad procesal impulsoria que evite la muerte del proceso.
Pues bien, en el caso, la intimación ya se cursó, en su momento, frente a otro lapso de inactividad (el 14 de Junio de 2021).
Obviamente, una vez efectuada dicha intimación el impulso del proceso debió ser mas célere.
Sucede que el último acto impulsorio fue el día 10 de Noviembre de 2022 y, a partir de allí, no se hizo mas nada.
Viene cierto que estaba pendiente la respuesta a ese oficio (y además era un reiteratorio), pero no menos cierto es que la parte actora, interesada en llevar a cabo la diligencia, no formuló ninguna petición dentro del plazo de ley, en orden a que la cuestión avanzara o lo pendiente se cumpliera.
Pudo, y debió, haber formulado, dentro del plazo legal, las peticiones que correspondieran, incluso para el libramiento de un nuevo oficio o lo que correspondiera según el estado de la causa.
Ahora, algunas cosas que se dicen en los agravios son, a mi juicio, inmerecidas y no le asiste ninguna razón a quien apela.
Es que no podemos dejar de advertir que nos hallamos ante un pedido de prueba anticipada.
La prueba anticipada implica, como su esencia lo indica, producir la prueba con anterioridad al momento previsto en la ley.
Esto, desde ya, presupone alguna situación de urgencia o apremio temporal.
Ahora, es imposible no advertir que este pedido de prueba anticipada data del año 2016 .
Es decir, hace casi siete años .
Así, se lo ha ido impulsando, periódicamente, llegando al año 2023, sin haber llegado a producir la diligencia (y no se observa mayor complejidad en la cuestión).
De ese modo, y apreciada contextualmente, la caducidad de instancia decretada no solo cumple las pautas indicadas en el texto expreso del Código, sino que también se vuelve un recurso, adecuado, para descongestionar a la jurisdicción de este tipo de pedidos, que se introducen y luego no se impulsan eficazmente.
No podemos dejar de advertir lo irrazonable que es que una medida de prueba (no compleja, insisto) insuma mas tiempo que el plazo de prescripción común que contiene nuestra ley de fondo.
Esto último es una pauta indicativa de que, frente a estas situaciones, la reacción jurisdiccional es acertada.
Con lo cual, no veo que se haya infringido el carácter restrictivo del instituto de la caducidad de instancia sino que, por el contrario, se la decretó ante la operatividad del plazo consignado por el art. 310 del C.P.C.C.
3. En virtud de lo expuesto, y lo normado por los artículos 310, 311 y 315 del C.P.C.C., considero que se deberá confirmar el decisorio recurrido en todo cuanto fue materia de agravios, con costas a la parte actora (art. 68 del C.P.C.C.).
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor CUNTO por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Doctor GALLO .
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE CONFIRMA la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravios.
Costas del Alzada, al apelante (art. 68 del C.P.C.C.).
SE DIFIERE la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad
REGISTRESE. NOTIFIQUESE en los términos del Acuerdo 4013 de la S.C.J.B.A., mediante resolución autonotificable, remitiendo copia de la presente a los siguientes domicilios electrónicos:
DEVUELVASE SIN MAS TRAMITE AL JUZGADO DE ORIGEN
Firmas
Funcionario Firmante: 01/06/2023 12:26:47 - CUNTO Andres Lucio - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/06/2023 13:06:32 - GALLO Jose Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/06/2023 13:08:28 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 01/06/2023 13:08:29 hs. bajo el número RS-190-2023 por QUADRI GABRIEL HERNAN.
Fin de la sentencia