Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 129707
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca el proveído apelado de fecha 12/05/2021 -punto IV- en lo que fuera materia de recurso y agravios, ordenando la medida preliminar solicitada, esto es, que el Oficial de Justicia deberá identificar a los eventuales ocupantes del inmueble requiriéndoles en qué carácter lo hacen y que expresen a qué título lo tienen, lo que deberá instrumentarse en la instancia de origen (arts. 323 y 327 del CPCC). Sin costas por tratarse de agravios generados de oficio (arts. 68, 69 del CPCC).
L. de Sentencias INTERLOCUTORIAS N° LXXVII
Causa N° 129707; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº23 - LA PLATA
PIAMONTI ELENA MARIA C/ HERNANDEZ BLANCA ALICIA Y OTRO/A S/ DILIGENCIAS PRELIMINARES (DIGITAL)
REG. INT.: Sala II - FOLIO:
La Plata, 10 de junio de 2021.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Vienen las presentes actuaciones a efectos del tratamiento del recurso de apelación interpuesto en forma subsidiaria al de reposición con fecha 19/05/2021 por la parte requirente, concedido el 26/05/2021, contra la providencia del día 12/05/2021 -punto IV-, en cuanto ésta ordenó librar mandamiento de constatación y estado de ocupación respecto del inmueble individualizado, oportunidad en la cual el Oficial de Justicia de intervención, deberá identificar a los -eventuales- ocupantes aunque sin requerirles el carácter en que lo hacen (ver constancias obrantes en el sistema Augusta).
El recurso fue fundado conjuntamente con su interposición (ver trámite del 19/05/2021), habiéndose notificado la señora Asesora de Incapaces mediante dictamen electrónico del 31/05/2021 (sist. Augusta).
2. En prieta síntesis, se agravia pues entiende que la providencia atacada resulta contraria al art. 323 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial -en adelante, CPCC-.
Manifiesta que la diligencia de constatación que solicita lo es a los fines de conocer en qué calidad los ocupantes se encuentran en el inmueble; que es el medio idóneo y necesario para iniciar posteriormente el proceso de conocimiento principal (reivindicatorio o de desalojo según el caso).
Alega que la providencia impugnada se justifica en el derecho de defensa en juicio, pero ello viola su derecho de acceso a la justicia.
Expone la necesidad de obtener las herramientas necesarias para poder accionar adecuadamente, no sólo contra las personas que correspondan, sino mediante una vía procesal idónea, que evite una posible pérdida de su derecho ante la eventualidad de que se le deniegue la acción por ser erróneamente interpuesta.
Cita doctrina y jurisprudencia en apoyo de su postura. Expresa que las medidas como la requerida, a diferencia de las de prueba anticipada, tienen por objeto determinar y establecer las características del proceso. Refiere que la diligencia en los términos ordenados no cumple acabadamente con el propósito para el que fue solicitada (ver escrito del 19/05/2021; sist. Augusta).
3. A. Conforme el estado de las actuaciones y atento el alcance del recurso, repárase que el señor juez de la instancia anterior dispuso que al realizar la diligencia de constatación el Oficial de Justicia deberá identificar a los eventuales ocupantes aunque sin requerirles el carácter en que lo hacen; para así decidir, consideró que podía configurarse constitución de prueba a su respecto y podría verse afectado así el derecho a la defensa en juicio frente al modo en que se decide llevar a cabo la medida, es decir, sin anoticiar a la contraria -dado que no se conoce- y sin intervención de la Defensoría Oficial en los términos del art. 327 del Código ritual (ver providencia atacada de fecha 12/05/2021, punto IV; sist. Augusta).
B. Abordándose pues la tarea revisora, sabido es que las diligencias preliminares, que comprenden las medidas preparatorias de juicio, en general tienden a la obtención de informaciones que son indispensables para la ulterior constitución regular y válida de la relación procesal, cuando su conocimiento no puede ser adquirido por otros medios (conf. Morello y otros, "Códigos procesales", 1ª ed., T. IV, p. 196).
Por otro lado, cabe señalar que las diligencias preliminares apuntan a que la demanda pueda ser promovida en forma correcta, y éstas no deben ser confundidas con la producción anticipada de pruebas que regula el artículo 326 del Código Procesal Civil y Comercial, donde la actividad probatoria prematura se justifica por la necesidad de impedir que, la parte que propone las medidas, pueda perderlas.
Así, pues, las diligencias preliminares posibilitan a su vez esclarecer, en un principio, la legitimación con miras a trabar adecuadamente la relación procesal y escoger el tipo procesal adecuado. Han sido concebidas propiciando la eficacia de la labor jurisdiccional, la que evidentemente se ve favorecida por un correcto planteamiento de las pretensiones. Aseguran a las partes el planteamiento de sus alegaciones en la forma más precisa y eficaz. Tienden a la determinación de la posición que asumen quienes han de intervenir en el proceso, o a la comprobación de ciertas circunstancias cuyo conocimiento es imprescindible o manifiestamente ventajoso o útil, desde el punto de vista de la economía procesal. En otros términos, apuntan a que la demanda pueda ser promovida en forma correcta (SCBA, Ac. 99.329, sent. del 09/06/2010, voto del doctor de Lazzari; esta Sala, causa 127308, RSI 74/20, sent. int. del 07/04/2020).
C. Ahora bien, deteniéndonos en lo expresamente expuesto por la requirente en su escrito liminar, lo cierto es que allí queda de manifiesto con total claridad que el objeto de las diligencias preliminares solicitadas ha de ser determinar los sujetos pasivos de la acción a incoarse, Blanca Alicia Hernandez y/o toda persona que habite y/o alegue algún derecho sobre el inmueble, en qué carácter lo ocupan y a qué título lo tienen (ver escrito electrónico de fecha 05/05/2021, puntos I y IV; sist. Augusta).
Si a ello se agrega que la peticionante de las medidas acompaña copias digitales del título de propiedad y de informe de dominio a su nombre (sin perder de vista que de este último surge en el asiento A.6 inscripción con fecha 27/09/2011 de acta en los términos del art. 6 inc. “e” de la ley 24.374 -de regularización dominial- a favor de Blanca Alicia Hernandez; ver archivo “pdf” adjunto al escrito electrónico del 05/05/2021), se colige que la postura de la requirente devino razonable y ajustada a los presupuestos normativos propios.
D. Consecuentemente, y con base en las manifestaciones y elementos aportados por la requirente de la diligencia, ha de concluirse que la solicitud de conocer el carácter en cuya virtud los eventuales demandados ocupan la cosa objeto del juicio a promover y que expresen a qué título la tienen, se encuadra dentro del marco otorgado por los artículos 323 y 327 del rito, no tratándose del supuesto de pruebas anticipadas y no advirtiéndose de ello ni la posibilidad de preconstitución de prueba ni la violación a los principios del debido proceso y el derecho de defensa en juicio de la futura contraparte, aspectos estos últimos que habrán de deber ser, desde ya, respetados en el curso del oportuno proceso contradictorio (arts. 18 Constitución Nacional; 15 Constitución de la Provincia de Buenos Aires).
En razón de lo expuesto, pues, y en el marco de las constancias de autos, la parcela de resolución atacada no se halla ajustada a derecho, por lo que corresponde revocar el proveído apelado de fecha 12/05/2021 -punto IV-, ordenando la medida preliminar solicitada, esto es, que el Oficial de Justicia deberá identificar a los eventuales ocupantes del inmueble requiriéndoles en qué carácter lo hacen y que expresen a qué título lo tienen, lo que deberá instrumentarse en la instancia de origen (arts. 323 y 327 del CPCC).
POR ELLO, se revoca el proveído apelado de fecha 12/05/2021 -punto IV- en lo que fuera materia de recurso y agravios, ordenando la medida preliminar solicitada, esto es, que el Oficial de Justicia deberá identificar a los eventuales ocupantes del inmueble requiriéndoles en qué carácter lo hacen y que expresen a qué título lo tienen, lo que deberá instrumentarse en la instancia de origen (arts. 323 y 327 del CPCC). Sin costas por tratarse de agravios generados de oficio (arts. 68, 69 del CPCC). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 1 del Ac. 3991 del 21/10/2020 SCBA. DEVUÉLVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia