Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 137688
JS
BIN LUIS MARIANO S/ DILIGENCIAS PRELIMINARES
Causa: 137688
La Plata, 30 de Julio de 2024.-
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
1.a. Mediante resolución dictada el día 11 de junio de 2024, el Sr. Juez de la instancia decidió no hacer lugar al desglose requerido por el accionante, en virtud de tratarse de material probatorio, producido en el "el marco de la medida de prueba anticipada requerida en el escrito de inicio" y por aplicación del "principio de adquisición procesal".
1.b. Contra dicha forma de resolver se alzó el Sr. Bin, a través del recurso de reposición con apelación en subsidio que dedujera el día 12 del mismo mes y año; donde comenzó por referir que su parte no solicitó el desglose definitivo para hacer propia la prueba, sino a efectos de poder visualizar y adecuar el reclamo según las resultas del mismo material probatorio, ya sea en el marco del reclamo administrativo en curso o en la eventual demanda a iniciar, donde podrá armar con certeza el relato de los hechos.
Finalmente, aclaró que de la única forma en que la Municipalidad podía entregar la filmación era con orden judicial, por lo que se vio obligado a iniciar estas diligencias preliminares a tal efecto; de modo tal que la denegatoria del acceso a su resultado afecta gravemente el debido proceso y sus garantías.
2.) Habida cuenta los términos del recurso, consideramos apropiado poner de resalto dos circunstancias procesales que han guiado nuestro razonamiento y justifican la revocación que habremos de disponer respecto de la resolución impugnada.
2.b. En efecto, en la primera resolución que se dictara en autos, el Sr. Juez de la instancia afirmó que la solicitud inicial importaba "la realización de una diligencia preliminar en el marco de lo normado por el art. 323 CPCC", la cual no mereció objeción alguna del solicitante, tramitando entonces bajo dicha figura (art. cit.).
Mas luego de ello, al tiempo de proveer la presentación del día 27 de mayo de 2024, el Sr. Juez de la instancia previa, omitiendo su temperamento inicial, comenzó por referir que se había "solicitado el desglose de material probatorio en el marco de la medida de prueba anticipada requerida en el escrito de inicio"; generando entonces, con esta última referencia, una cambio sustancial en la calificación jurídica oportunamente realizada.
En efecto, en la resolución impugnada, el juzgador trató como prueba anticipada lo que desde el principio -esto es, la providencia inicial- fue procesado, de manera expresa y con cita del art. 323 del CPCC, como una medida preparatoria; desconociendo entonces actos propios, deliberados y jurídicamente relevantes, en infracción al principio de congruencia.
Vale aclarar que esa particularidad no se trata, simplemente, de una disquisición academicista o un exceso de rigor técnico, sino que la modificación dispuesta, en el eventual caso de aceptarse, podría llegar a generar planteos de una potencial parte contraria (por ejemplo, por ausencia de desarrollo de las razones que justifican adelantar su producción o la falta de sustanciación previa; art. 326 y 327 último párrafo del CPCC) o la necesidad de generar trámites futuros vinculados a su respecto (por ejemplo, el traslado del material obtenido en este momento procesal); resultando entonces imprescindible dejar aclarada esta temática.
2.c. En segundo lugar, es necesario poner de resalto la imprecisa cita del principio de adquisición procesal que se realiza en el pronunciamiento, cuya noción y efectos, entendemos, no guardan relación alguna con el caso particular.
Es que dicha directriz importa, en palabras de la doctrina y jurisprudencia más relevante, que los efectos de los actos procesales son susceptibles de beneficiar o de perjudicar a cualquiera de las partes y, por lo tanto, incluso a aquella que solicitó su cumplimiento (cfr. Palacio, Lino E., Derecho Procesal Civil, Abeledo Perrot, 2011, T°1, pág. 208/209). Esto significa que los actos son para el proceso y afectan a las partes de manera indistinta, pues cualquiera que sea la procedencia de las probanzas que obren en el expediente, su valoración por los jueces es siempre conducente (cfr. SCBA LP L 123922 S 07/03/2022; SCBA LP A 74565 RSD-125-19 S 10/07/2019; SCBA LP C 121267 S 07/11/2018; SCBA LP A 72676 RSD-82-18 S 09/05/2018; e.o.).
Con mayor detalle, se explicó que este principio cumple dos funciones: por un lado, la denominada "objetivadora", consistente en incorporar al proceso las resultas de ciertas actividades procedimentales, poniendo entre paréntesis quién o quiénes han sido sus sujetos-agentes; y por el otro, la llamada "expropiadora", que radica en conceder al proceso la potencialidad de apropiarse de esas actividades y, como consecuencia de ello, quienes las han desplegado pierden, en principio, su gobierno (cfr. Peyrano, Jorge W., "El principio de adquisición...", en RDP 2016-2, pág. 152/13) .
Bajo tales premisas, nos permitimos afirmar que aquella directiva no refiere, en modo alguno, a la supuesta imposibilidad de entregar una copia de la actividad desarrollada a las partes -como se ha requerido y denegado en el caso-; sino que su alcance alude, en materia probatoria, a los efectos que produce, para el proceso, la incorporación de los resultados de determinada actividad, tanto en la capacidad de disposición de los mismos como en ciertos aspectos de su valoración, independientemente de como se hubieran distribuido las cargas de la afirmación y de la prueba y/o de quien las haya producido y/o su eventual conveniencia para las partes.
2.d. Ahora bien, habiendo aclarado que la medida producida en autos es de aquellas previstas en el art. 323 del CPCC -de índole preparatoria-, que el principio de adquisición no importa obstáculo alguno al pedido del Sr. Bin, atento la expresa y concreta finalidad extrajudicial que alegara éste último al tiempo de deducir su petición del 27 de mayo de 2024 ("a efectos de poder dar viabilidad al reclamo administrativo previo") y advirtiendo que no existe prima facie argumento que impida, a esos únicos fines, acceder al pedido reseñado, corresponde entonces revocar la resolución dictada el día 11 de junio de 2024; y en su mérito, disponer que en la instancia de origen se arbitren las medidas necesarias para otorgar al referido una copia del material que remitiera la Municipalidad de La Plata el día 22 de mayo de 2024, conservando el órgano jurisdiccional dicho instrumento (arts. cits.).
POR ELLO, y fundamentos expuestos, corresponde revocar la resolución dictada el día 11 de junio de 2024; y en su mérito, disponer que, en la instancia de origen y a los fines señalados el 27 de mayo de 2024, se arbitren las medidas necesarias para otorgar al Sr. Bin una copia del material que remitiera la Municipalidad de La Plata el día 22 de mayo de 2024, conservando el órgano jurisdiccional dicho instrumento. Las costas de Alzada se imponen por su orden, atento tratarse de un agravio generado de oficio (art. 68, 69 del CPCC). REGISTRESE. NOTIFÍQUESE. DEVUÉLVASE.
Fin de la sentencia